Papeleras en Argentina - Brasil - Uruguay
CELCO hace lo mismo en: Golfo de Arauco - Constitución - Río Mataquito - Misiones (Argentina) - Río Itata

www.atinachile.cl/ 14 de septiembre 2007

Lo primero que llama la atención es que el CASEB dicte una charla sobre ética y moral luego de los episodios en los que este centro se ha visto envuelto como ejecutor a contrata de los estudios sobre el cisne de cuello negro en el humedal del río Cruces (es cosa de googlear CASEB+CELCO y podrán encontrar una larga lista de noticias; el centro EULA de la Universidad de Concepción es otro ejemplo) y autor de las críticas a la investigación realizada por la UACh.

Durante la ronda de preguntas el interlocutor fue consultado respecto de la opinión que le merecía el hecho de que empresas propagandeadas como “sustentables”, entre éstas Arauco y BARRICK (esta útlima conocida por su abucheado proyecto Pascua Lama, cuyos costos ambientales han sido expuestos incluso en la prensa internacional) fueran, junto al CASEB, auspiciadoras de un encuentro de ecología (hasta el Encuentro Empresarial del Sur (EESUR) en su versión “Inversión Sustentable”, que se desarrollará justamente en la ciudad de Valdivia durante el mes de Octubre, sería patrocinado por Arauco), frente a lo cual respondió “no me merece ninguna opinión”,“si ellos quieren poner su plata bienvenidos sean” o “desconozco de lo que usted me está hablando”. De igual modo aprovechó la oportunidad para calificar a su contraparte de “extremista”.

Los antecedentes muestran que organismos como la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), RAMSAR, WWF, y OLCA entre otros, han dejado de manifiesto las numerosas irregularidades y violaciones a las normas ambietales cometidas por estas compañías, lo que refleja el hecho de que en realidad no somos tan “bien vistos en el exterior” como creemos, y que la única razón que explicaría que estas empresas operen en nuestro país (y en otros países subdesarrollados considerados como “vulnerables”, principalmente del cono sur) es el “alto respeto por la inversión” que tiene Chile, en definitiva una “retribución por la inversión”.

Otro punto a destacar es el argumento esgrimido del supuesto “bienestar humano” que proporcionarían estas industrias; si consideramos la dignidad como un derecho básico en la calidad de vida de los individuos, entonces qué bienestar concreto recibe la gente que habita las áreas en donde se establecen las actividades extractivas/productivas? Las estadísticas (SERNATUR-INE) muestran que estas más bien representan una fuente generadora de pobreza y no de bienestar, afectando durante su acelerado crecimiento el desarrollo de otras actividades económicas/de subsistencia, razón por la cual podemos olvidarnos de raíz del concepto de sustentabilidad (el modelo de desarrollo aplicado por las corporaciones es de todo menos sostenible) tantas veces mal utilizado y muy poco comprendido. Es bien sabido (y por cierto documentado) el hecho de que una parte importante de estas empresas no respeta los derechos de sus trabajadores y con ello muchas de las leyes laborales vigentes.

En lo que guarda relación con el tema de la valoración de los servicios ecosistémicos (ver Costanza, 1997, The Nature Valuation and Financing Network y FORECOS), concepto tan en boga estos días dentro del mundo científico, esta corresponde a una definición que esta más que “solo en pañales” a nivel mundial (aunque la aseveración emitida por el expositor sí podría aplicar al caso de Chile) y efectivamente sí existen publicaciones que hablan sobre el punto en discusión (estimaciones, aproximaciones y cálculos), y países como Colombia, Nicaragua y especialmente Costa Rica ya implementan aquellos mecanismos de evaluación y administración. De este modo cabe preguntarnos, qué empresas son sostenibles en Chile? (en la sala no tuvieron “respuesta para eso”) Cuántas de estas son de capitales extranjeros? Fuentes generadores de riqueza, por supuesto, pero para quién(es)? Los beneficios son mayores que las “externalidades negativas”? Los balances son positivos? Y la “conotación social”, qué papel juega en todo esto? Cuál es el valor de un “sistema creado por el hombre” respecto de aquel proporcionado por los servicios ambientales? Señores, esto no es “ecologismo”, es simplemente lógica... o solo porque no estamos dispuestos a "entender" somos ahora "ignorantes"?

“datos duros” ?

Durante la charla se señaló como ejemplo la salmonicultura, momento en el cual se cuestionó el informe “Salmonicultura en los lagos del sur de Chile” (uno de varios) desarrollado por la WWF (imaginamos que se refería a esta organización al indicar W. W. Foundation durante la presentación), citando como contraejemplo una memoria corporativa de ENDESA, y refiriéndose a esta como “información que está ahí para todos” y un “ejemplo de buena voluntad”, en relación a la buena fe que tendrían las industrias al buscar obtener la certificación ISO (que es voluntaria), apelando así a la transparencia en el actuar de estas compañías y el “esfuerzo” que ellas realizaban al hacer una “importante inversión” (cercana al 3%) en temas relacionados con el medio ambiente, lo cual aparentemente sería suficiente.

Otro ejemplo fue el trabajo que ha venido haciendo CONAMA (?!); estamos hablando de calidad de información? perdón, en primer lugar, de qué información? No por nada esta comisión ha recibido en repetidas oportunidades una gran cantidad de observaciones a sus proyectos, las cuales una y otra vez han sido despachadas por las universidades y, no en menor medida, por ciudadadanos interesados y preocupados por los temas que en definitiva nos atañen a todos.

La minería, otro “buen” ejemplo... sin comentarios.

Pagar multas por transgredir la normativa ambiental es algo que al parecer ya se encuentra integrado al modelo de negocios y sí, el costo puede ser elevado, pero “cae dentro del presupuesto”. Algunas empresas mantienen un fragmento de bosque nativo (estrategia de mercado?) y son “reconocidas” por ello, otras reciben premios por sus reportes de sustentabilidad; aquí todo vale, el EIA ya está aprobado.

Dentro de las observaciones que se hicieron al informe de la organización del panda, la principal hizo hincapié en “el gran número de publicaciones citadas, pero de las cuales un bajo porcentaje corresponde a publicaciones ISI”, lo que quizás es efectivo, pero no por eso deja de existir la extensa lista de referencias que tratan sobre la problemática, por lo que no se podría argumentar desde ningún punto de vista una “escasez de información científica disponible”, siendo factible extrapolar los antecedentes recogidos en la mayoría de estos estudios a lugares específicos de cualquier lugar del mundo, pues en términos generales los efectos son prácticamente los mismos. De igual modo, dicha organización a través del SAD ha levantado un esfuerzo a nivel mundial en el que participan investigadores, industrias, organizaciones y hasta vendedores (trabajo transdisciplinario), los que se reunen para discutir (en base a la ciencia) los impactos de la industria acuícola y la manera de poder reducirlos, abordándose los diversos aspectos que involucra esta actividad, estableciéndose a su vez una agenda prioritaria que tiene como eje principal el uso racional de los recursos. Paralelamente, se han iniciado campañas internacionales (e.g., Pure Salmon Campaign, de la National Environmental Trust) para elevar los estándares en la crianza de salmones, siendo éstos proyectos globales que cuentan con aliados en todo el mundo (ver prensa internacional).

Todos estos progresos serían de otra manera imposibles de lograr, especialmente cuando no existe voluntad de parte del sector, ni menos aún la “voluntad política” requerida. En este sentido no es de sorprenderse que la mayoría de los permisos para iniciar las operaciones de cultivo en el sur de nuestro territorio (algunas ilegalmente) hayan sido otorgados antes de que se pusiera en vigor la ley de medio ambiente y, peor aún, que el Ejecutivo haya repuesto un proyecto de ley que permitiría reducir los trámites que son obligatorios para reasignar las concesiones acuícolas caducadas, rechazando de plano la propuesta de aplicación de un impuesto específico (como ocurre en el caso de la minería) para la industria.

Para finalizar, esperemos que eso de la “cultura de responsabilidad socio-ambiental” de las empresas deje de ser una utopía y se vuelva una realidad concreta que permita un crecimiento y desarrollo armoniosos, acorde con las verdaderas necesidades de la gente.

Britt Reid

Columnista

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