Conflictos ambientales en Ecuador

Fuente: www.cedhu.org 23 de febrero de 2006

Ecuador:
Crítica situación en provincia amazónica de Napo

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos -CEDHU- informa lo siguiente sobre el paro de la provincia de Napo, en el oriente ecuatoriano, y solicita difundir la información.

El día lunes 20 de febrero la provincia del Napo inició un paro pidiendo obras de vialidad, salud y educación al gobierno nacional. El martes 21 de febrero varios pobladores en la zona de Baeza se tomaron la estación de bombeo "Sardinas", suspendiendo el bombeo de crudo y la exportación del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).

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  • Desde el lunes cuando inició la protesta, la policía y los militares reprimieron las acciones de los manifestantes con bombas lacrimógenas, sin embargo, en la tarde del martes 21 de febrero, militares armados de rifles dispararon contra los manifestantes resultando heridos tres civiles. Dos de ellos se encuentran en el hospital de Baeza, mientras que David Guzmán, herido de bala en el pie, se encuentra en un hospital de Quito.

    La madrugada del 22 de febrero el gobierno ecuatoriano decretó el estado de emergencia y zona de seguridad en la provincia del Napo. Dicho estado de emergencia contempla las siguientes restricciones de derechos: la prohibición de consumir bebidas alcohólicas, de portar armas de fuego, municiones y explosivos; así como suspender el derecho a la libertad de opinión y de expresión; se suspende también la inviolabilidad de domicilio, y el libre tránsito por la provincia. Oswaldo Ortega Hernández, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta No. 4, dio a conocer que, como parte de la declaratoria del estado de emergencia, regirá el toque de queda en toda la zona desde las 20:00 hasta las 05:00.

    Esta madrugada así mismo fueron detenidas 11 personas, entre ellos la prefecta de Napo, Gina San Miguel, el alcalde de Tena, Washington Varela, y el alcalde de Santa Clara, Rigoberto Reyes. En el grupo de los detenidos están líderes comunitarios y periodistas. Los detenidos están a órdenes de la Policía en el control integrado de Baeza, y al momento se encuentran incomunicados. Según Radio Quito, miembros de la policía impidieron el paso de las autoridades jurídicas de la provincia de Napo para conseguir el Habeas Corpus de los detenidos en el cantón Quijos.

    A las 13:00 llegaron a la zona de la “Y” en Baeza, alrededor de 800 militares fuertemente armados para desalojar a unas 300 personas que se encontraban haciendo vigilia desde la noche anterior. Lanzaron centenares de bombas lacrimógenas en contra de los manifestantes, entre los cuales se encontraban niños y mujeres, que se replegaron hasta la ciudad de Baeza. Según un vocero del Comité de Paro, como resultado del desalojo fueron heridas aproximadamente 35 personas, 4 heridas de bala y el resto heridas por impacto de bomba, contusiones, golpes y caídas. El número de asfixiados es indeterminado.

    Periodistas de radios locales como Líder, Oriental y Olimpia denunciaron que los militares les condicionaron en los siguientes términos su labor periodística.

    Las radios no están permitidas de emitir noticieros, están obligadas a leer cada hora el decreto de estado de emergencia, deben pedir autorización previa a los militares para realizar cualquier entrevista, deben enviar vía fax hasta las 20:00 de cada día el detalle de la programación para el día siguiente y sobre todo deben abstenerse de transmitir información referente al paro. Han circulado versiones sobre el hecho de que varias radios han sido clausuradas pero no ha sido posible confirmar dicha información.

    En el transcurso de la mañana se realizó una marcha de alrededor de 5 mil personas en Tena para apoyar el paro, mientras que la Asamblea de la provincia de Pastaza, presidida por el prefecto, Jaime Guevara, se reunirá hoy por la tarde para determinar si se pliegan o no a al paro de la provincia de Napo.

    Quedan varias preguntas que el gobierno ecuatoriano debería responder: ¿Por qué el gobierno no privilegia el dialogo frente a las movilizaciones provinciales? ¿Por qué se hace uso del recurso de estado de emergencia frente a cada movilización ciudadana en las provincias amazónicas? ¿Quién dio la orden y por qué dispararon los militares contra los civiles de las movilizaciones? ¿Cuál es el estado de los detenidos?

    Hacemos un llamado a difundir esta información y exigimos al gobierno de Alfredo Palacio respete y garantice los derechos humanos de los habitantes de la provincia del Napo.