Fuente: www.adital.com.br 24.10.05

Indígenas en riesgo

Adital - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conoció sobre el riesgo que corren los habitantes de la comunidad indígena Sarayaku, en Ecuador. Esto debido a las actividades petroleras que la Compañía General de Combustibles (CGC) ha llevado a cabo en el territorio ancestral de este pueblo, con el consentimiento y aquiescencia del gobierno. Los representantes del pueblo Sarayaku, ante la CIDH, son el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro de Derechos, Económicos y Sociales (CDES).   Relacionado:

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  • El 26 de julio de 1996, Ecuador otorgó una concesión a favor de la CGC, el denominado bloque petrolero 23, que comprende una extensión de 200.000 hectáreas en la amazonia ecuatoriana, de las cuales un 65% afectan al territorio Sarayaku. Este pueblo está compuesto por seis comunidades y cerca de mil habitantes. Su territorio ancestral comprende aproximadamente 135.000 hectáreas. La comunidad no fue informada, ni consultada sobre esta concesión.

    Por su parte, el Ministerio de Energía ecuatoriano informó que hay un total de 1.473 kilogramos de pentolita, un peligroso explosivo, dispersos en el territorio ancestral del pueblo Sarayaku, el cual fue colocado por la empresa CGC. Esto pone en riesgo la vida de toda la población, incluyendo a los niños y niñas.

    Desde el año en que fue otorgado el permiso a la empresa petrolera, el pueblo indígena mostró su disconformidad, e incluso en el año 2000 ratificó su posición de manera terminante, a través de su Asamblea General. Durante todo este tiempo el pueblo Sarayaku ha sufrido la ocupación arbitraria de su territorio, la deforestación de bosque tropical, el ingreso inconsulto y violento de trabajadores petroleros, guardias de seguridad privados y personal del ejército ecuatoriano. Ante esta situación, los miembros del pueblo Sarayaku se movilizaron para defender su territorio.

    El 15 de enero de 2005, cuatro jóvenes de Sarayaku fueron detenidos, secuestrados y sometidos a tratos crueles e inhumanos por miembros del ejército y empleados de la CGC. Los peticionarios denunciaron ante la CIDH que "la actividad petrolera en el territorio Sarayaku viola el derecho a la propiedad, el derecho a la vida, e integridad, de los derechos, económicos, sociales y culturales".