Fuente: lanacion.cl, 29 de noviembre 2005

Intereses económicos sobre los derechos ciudadanos
Ambientalistas acusan irregularidades en construcción de Vespucio Sur
Agencias

La organización ambientalista Defendamos la Ciudad, denunció hoy que la autopista Vespucio Sur, que esta mañana será inaugurada por el Presidente Ricardo Lagos, se ejecutó violando parte de Ley Nº 19.300, que establece que las obras viales deben ser evaluadas por la Corema porque sus obras causan impactos ambientales.

El dirigente de la entidad, Patricio Herman, recalcó que la obra concesionada del consorcio Sacyr, que se extiende por la circunvalación desde avenida Grecia en Macul hasta la ruta 78, y que fue autorizada por la Comisión Evaluadora de la Coordinadora de Concesiones del MOP, no contempló medidas para mitigar su impacto y compensar las alteraciones en la vida de los habitantes de aquellas comunas que atravesará.

"Estamos ante un nuevo auto engaño por parte del Estado de Chile, ya que para facilitar la operación y ganancia del privado concesionario que ejecutó esa vialidad de alta velocidad, las autoridades competentes le permitieron que no se sometiera al SEIA, con lo cual se le liberó de todas las medidas de mitigación y compensaciones que tenía que llevar a cabo", señaló Herman.

Agregó que para posibilitarse lo anterior el Gobierno "utilizó caprichosamente" el Decreto Supremo Nº 83 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial del 29/07/85, en donde se define el concepto de "autopista" y el Manual de Vialidad Urbana que contiene las recomendaciones para el diseño del espacio vial urbano (Redevu) del año 1983, fechas en que no existían ni remotamente las autopistas urbanas.

Por su parte, Marcela González, directora de la Organización Decisión Pro Homine manifestó que "esta obra vial fue denunciada por nuestro colectivo ciudadano ante la Comisión de DDHH de la O.N.U por el peligroso y dramático impacto que tiene y tendrá en la vida de miles de personas que viven junto a ella".

Recordó que el accionar ministerial en esta materia ya ha sido sometido a un severo cuestionamiento por parte de la Comisión de Medio Ambiente del Senado por su manifiesta violación a la ley Nº 19.300.

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