17 de noviembre 2005

Los intereses económicos primaron, por sobre los derechos ciudadanos
Vergonzosa Decisión de la COREMA de Santiago
El día Miércoles 16 de Noviembre en reunión de Corema extraordinaria se aprobó la presentación efectuada por el MOP que incorpora medidas adicionales para mitigar los impactos ambientales no previstos en la construcción y explotación del Proyecto concesionado Acceso Sur a Santiago.

Dentro de la resolución se valida como una medida adicional y voluntaria el ofrecimiento de un bono de $ 7.200.000 por cada vivienda afectada.

Un grupo de los pobladores afectados de calle La Serena de las comunas de La Granja y La Pintana, junto con OLCA , denunciaron hasta el último minuto esta maniobra impulsada por el Ministerio de Obras Públicas con el aval de la Corema.

Definitivamente se introduce un inédito mecanismo que pretende mitigar impactos ambiéntales y a la salud de un conjunto numeroso de pobladores con dinero. Esto es una verdadera consagración de la “coima” o “chantaje” ambiental.

Las autoridades ambiéntales de la Corema, tratando de justificar su aprobación recalcaron que esta medida sólo tenia el carácter de voluntaria y adicional, por lo tanto no era propiamente una respuesta a los impactos ambientales no previstos, los que eran abordados con una serie de otras dispociones. Con esta afirmación, los pobladores señalan que la señora intendenta Ximena Rincón y el resto de los integrantes de la Corema Metropolitana no se hacen responsable de las consecuencias sociales de su decisión.

El abuso, prepotencia y arbitrariedad con que funcionarios de Concesiones del MOP han intervenido durante meses en el sector a tenido como resultado el quiebre de la convivencia social y la ruptura de las redes solidarias existentes al interior de esta modesta comunidad.

Si bien es cierto que una mayoría de las 290 familias directamente afectadas aparece firmando el contrato “voluntario” con el MOP y recibirán un bono de $400.000 durante 18 meses, la rabia frustración y sensación de desamparo a quedado instalada.

No deja de ser menor el hecho que los contratos tengan cláusulas abusivas y/o ambiguas a tal punto que un grupo importante de pobladores residentes (no propietarios) afectados por la contaminación de las obras no recibirá ni siquiera el prometido bono económico.

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