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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y ERRADICACIONES

Pablo San Martín
Geógrafo
Diciembre 2000

Introducción

El notable incremento de las inversiones en infraestructura vial interurbana e intraurbana que ha habido en Chile durante los últimos años ha producido una multiplicidad de conflictos a causa de fuertes impactos en lo que refiere a la modificación de la situación preexistente en muchos lugares.

En este documento se tratarán algunos criterios que tienen relación específicamente con los impactos socioeconómicos y en particular con las erradicaciones de población en los territorios a ser intervenidos.

La experiencia en la relación entre los afectados por las erradicaciones y el Ministerio de Obras Públicas (MOP), en especial con la Coordinación General de Concesiones –impulsora de los grandes proyectos- ha sido difícil ya que inicialmente la acción compensatoria y mitigadora del MOP atendió específicamente a propietarios, desconociendo la calidad de afectados que tenían otros pobladores (allegados y arrendatarios).

A continuación se expondrán algunos antecedentes que permiten clarificar esta faceta de los conflictos para luego plantear algunos criterios para la reflexión y la acción.

ANTECEDENTES

  1. Proyecto Sistema Oriente – Poniente (Costanera Norte)

    2. Para la ejecución de esta vía se planteó inicialmente la expropiación de numerosos predios a lo largo del trazado, pero esto no afectaba sólo a los propietarios ya que cierta proporción de ellos estaba habitado por arrendatarios y allegados. A pesar de esto, el Estudio de Impacto Ambiental no los identificó y, por lo tanto, no sugirió medidas de compensación a las erradicaciones. A medida que otros procesos fueron desarrollándose, se comenzaron a homogeneizar medidas compensatorias, lo que en este caso ha ocurrido en período reciente.

    El desconocimiento de estos afectados responde a la actitud inicial de Concesiones de sobreponer la Ley de Expropiaciones por sobre la Ley Ambiental. Este recurso legal sancionado favorablemente por la Contraloría General de la República, permite al MOP en este caso, concentrar las negociaciones expropiatorias exclusivamente en su aspecto comercial: pagar el valor de mercado de la propiedad requerida para la ejecución del proyecto.

  2. Acceso Sur

    3. En su análisis acerca de la legislación aplicable al proyecto, se da a entender que, de no ser por las erradicaciones y las alteraciones a los sistemas de vida, el proyecto habría sido ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental bajo la forma de una Declaración y no de un Estudio de Impacto Ambiental.

    Es un proyecto innovador en lo referente a que admite como afectados a los arrendatarios y a los allegados afectados por el proceso expropiatorio. Las compensaciones correspondientes se materializan a través de un pago destinado fundamentalmente a servir de base para la postulación al subsidio para vivienda.

    En materia de identificación de impactos, se observan ciertas condiciones de accesibilidad a servicios que deben ser garantizadas a la población que deberá reasentarse. Sin embargo y al igual que en el caso anterior, no existen estudios indagatorios que permitan establecer línea base de las redes de apoyo en las comunidades afectadas.

  3. Sistema Norte – Sur

    4. Al igual que en Acceso Sur, en el análisis legal se expone que el único argumento que obliga a la presentación del proyecto bajo la forma de EIA es que produce relocalización de personas. Sin embargo, las compensaciones que se presentan sólo son aquellas destinadas a pagar a los propietarios sus predios expropiados (criterio Costanera Norte).

    Más tarde, avanzado el proceso de evaluación de impacto ambiental, se homologan las compensaciones a las planteadas en Acceso Sur, incorporando pagos a arrendatarios y allegados para facilitar la obtención de vivienda propia a través del subsidio habitacional.

    Pero, al igual que en los casos anteriores, no se indaga acerca de la estructura comunitaria que será potencialmente afectada. En general, en los estudios aludidos, la mayor proximidad a este tema es la contabilidad de organizaciones comunitarias, territoriales, vecinales, etc. disponible en las municipalidades de las comunas afectadas. También, al igual que en los casos expuestos, no existe plan de relocalización.

  4. Construcción de Segunda Pista Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

De manera similar a otros proyectos, su ingreso al SEIA a través de un EIA se debe a la alteración de los sistemas de vida. Debido a que es el proyecto más reciente, ya se integran, desde el inicio, compensaciones económicas a propietarios y allegados.

También se reincide en la ausencia de un estudio indagatorio de las características socioculturales de las comunidades propiamente afectadas, lo que se hace notorio en este caso por tratarse de un área típicamente rural, a pesar de inscribirse en una comuna perteneciente al Área Metropolitana de Santiago. Estas carencias entorpecen el tratamiento de una solución relativamente satisfactoria.

Dado los antecedentes que han sido presentados, a continuación se plantean algunos criterios a ser considerados en las reflexiones que se hagan en torno a los temas tratados.

1. El concepto de capital social no ha madurado aun lo suficiente en Chile.

Cuando la Ley de Bases pretende proteger los sistemas de vida y mitigar los impactos de las erradicaciones, no se está postulando la inmovilidad de las personas ya que, en esencia, estamos en un contexto social y económico de alta movilidad.

Lo que se busca es que ante el aumento de inversiones que han transformado las relaciones que mantienen los habitantes entre sí y con sus territorios, las personas no queden indefensas al enfrentar los cambios que conllevan los desplazamientos forzados.

Ante esto, lo importante es desarrollar metodologías de investigación y trabajo para proteger aquellas relaciones de cooperación no necesariamente formales ni explícitas que existen entre las personas, pero que son la base a partir de la cual se puede aspirar a enfrentar situaciones socioeconómicas altamente restrictivas.

En la medida que culturalmente se puedan mostrar y demostrar aquellas relaciones de cooperación que son importantes para las personas afectadas, los procedimientos expropiatorios tenderán a incorporar mecanismos de protección de ese capital.

2. Prevalece una visión sesgada de los símbolos de desarrollo en el país.

Esto no es exclusivo de Chile. Las obras de infraestructura permiten aminorar las restricciones que el medio impone para el desarrollo económico, sin embargo los beneficios son difícilmente observables a nivel local, cosa que ocurre de manera inversa en lo referido a sus perjuicios: la localidad asume los costos para la generación de beneficios generales que repercuten en centralidades.

La percepción que este tipo de obras es incuestionable dado su alto rango de inversión y sus impactos económicos necesita ser revertida. De alguna manera se podría hablar de "flexibilizar el hormigón", para que acoja no sólo los requerimientos de grandes flujos de materias y personas, sino también permitan la expresión y capitalización en territorios más específicos.

3. No hay gestión territorial.

La gestión territorial es una condición imprescindible para cambiar las formas y el fondo del asunto. El territorio es lo que une a personas y actividades muy disímiles. Las relaciones que se dan sobre él, en particular la variable distancia, produce encuentros o desencuentros. Las obras de infraestructura irrumpen en territorios donde no solo existe una cierta cantidad de personas o recursos ambientales o una cierta topografía. Allí también se dan estas relaciones invisibles pero que forman parte del carácter, de la identidad de un lugar respecto de otro.

En este sentido, gestión territorial es establecer los criterios de adaptación al cambio, ya sea el proyecto, los componentes territoriales o ambos a la vez.

EXPLORANDO HACIA DONDE VAMOS

Existen ciertos elementos de contexto que ya marcan ciertas partes del camino, por muy alejados que aun nos encontremos de él.

  1. Intervenciones en áreas estratégicas.

Por la función propia que le compete, el MOP explora escenarios futuros en materia de requerimientos de infraestructura. Existen materias que ya se advierte serán de alta trascendencia, aquí se mencionan algunas:

  1. Apertura e innovación en la gestión territorial

Aunque su práctica sea materializada de manera lenta y no siempre acertada, es un hecho que la multiplicidad de conflictos, el nuevo protagonismo de los ciudadanos, y el debilitamiento del poder estatal exijan una modificación en la manera de plantear las necesidades de nuevos proyectos y de ejecutarlos posteriormente.

Para este escenario, la sociedad civil debe prepararse, pasando de la reacción a la proacción, lo que puede servir incluso para acelerar los cambios que se necesitan.