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Conflictos ambientales en Venezuela
Fuente:
www.ipsnoticias.net
16/02/06
El Estado acampa en la minería
Por Humberto Márquez
CARACAS, feb (Tierramérica) - El anuncio de que el
Estado venezolano expandirá su presencia en el
aprovechamiento de la riqueza minera del país no
incomodó a firmas extranjeras que confían en que
sus contratos serán honrados, pero ecologistas
advirtieron sobre el impacto ambiental de la medida.
El gobierno "tiene que recuperar las minas y
no va a permitir que permanezcan ociosas", dijo
en enero el ministro de Industrias Básicas y
Minería, Víctor Álvarez, quien también anunció
que "no se darán más concesiones a consorcios
nacionales o extranjeros" y que tanto las
reservas como la producción estatal se confiarán
a una Empresa Nacional de Minería (ENM).
Según la Cámara Minera, Venezuela produce
anualmente 24 toneladas de oro --cantidades no
registradas son contrabandeadas desde la minería
ilegal--, 370.000 kilates (unos 74 kilos) de
diamantes, 20 millones de toneladas de hierro y
5,9 millones de toneladas de bauxita, todas en la sudoriental Guayana.
La región guayanesa es una importante
productora de oro y diamantes desde el siglo XIX.
Sólo la mina Las Cristinas, por la que pugnaron
las firmas canadienses Crystallex, Placer Dome y
Vannessa, tiene reservas de 13 a 16 millones de
onzas en unos 460 millones de toneladas de arenas.
El país también produce piedra caliza,
arenas, gravas y otros minerales no metálicos y,
fuera de Guayana, ocho millones de toneladas de carbón y 20.000 de níquel.
Álvarez anunció que la ENM absorberá a la
estatal Minerven, que produce ocho toneladas de
oro al año y tiene proyectos por 300 millones de
dólares, que se darán a conocer después que se
discutan con el presidente Hugo Chávez, dijo una
fuente del despacho de Álvarez.
Consultados por Tierramérica, representantes
de firmas mineras canadienses, las más activas en
el sector, dijeron confiar en que los recientes
anuncios no afectarán sus contratos.
"No creo que eso (la nacionalización) sea
bueno para el negocio minero", dijo el canadiense
Stanley Sandner, quien vivió 25 años en Venezuela
y preside la compañía Cadre Resources.
Sandner considera que la ocupación de minas
ociosas "no tendrá mucho efecto sobre proyectos
ya existentes o los que están iniciándose".
Cadre Resources invirtió tres millones de
dólares en un proyecto para remover 160 millones
de toneladas de roca y tierra en el bajo río
Caroní, en parte con fines de recuperación
ecológica y para extraer oro y titanio de arenas residuales.
El Caroní, que desemboca en el Orinoco y
tiene una cuenca de 95.000 kilómetros cuadrados,
es un portento hidroeléctrico, con un potencial
de generar 25.000 megavatios, la mitad de los
cuales ya aprovechan tres represas en su tramo bajo.
"En ninguna parte se dijo que Venezuela no
honrará contratos con compañías internacionales
de reputación y experiencia", señaló Todd Bruce,
director ejecutivo de Crystallex en Canadá. "La
compañía confía en que su contrato para
desarrollar el proyecto Las Cristinas no será
impactado por los recientes anuncios del presidente Chávez".
Fuentes de la también canadiense Mena
Resources y su socia rusa Minería MS sostuvieron
que confían tanto en el respeto de sus títulos
como en las bondades de que el Estado venezolano
se sumerja con ímpetu productivo en el negocio minero.
"Este país está cansado de que las señales de
tranquilidad haya que enviárselas siempre al
mercado", dijo Álvarez. "La minería apenas aporta
0,72 por ciento del producto bruto. Ahora
queremos enviarle señales de tranquilidad a nuestro pueblo".
Pero en el frente ambiental hay aprensión,
según María Eugenia Bustamante, de la
organización no gubernamental Asociación de
Amigos de la Gran Sabana (Amigransa), donde está
el gigantesco parque nacional Canaima, que abarca
gran parte de la cuenca del río Caroní y que
contiene flora y fauna únicas y algunas de las
formaciones orográficas más antiguas del planeta.
"Vimos con gran preocupación el incremento de
la actividad minera en el sudeste, tanto de
mineros artesanales que deforestan y contaminan
como de compañías de mayor envergadura", dijo Bustamante a Tierramérica.
En la zona del Alto Caroní está prohibida la
minería, y la viceministra de Ambiente, Nora
Delgado, una de las directoras de la naciente
ENM, dijo que un objetivo de su despacho es
despejar progresivamente toda la cuenca de
minería, pues allí actúan unos 70.000 mineros artesanales.
Amigransa demanda que se revoque medio
centenar de concesiones en la cuenca del Caroní y
que se concreten las ofertas de reconversión de
los mineros hacia otras actividades productivas.
El gobierno lanzó un programa destinado a
organizar a quienes dejen la minería en
cooperativas agrícolas, turísticas y de
construcción, entre otras, integradas como
"empresas de producción social", concepto todavía
difuso de integración entre empresa y comunidad.
Los que resten en la actividad minera
"sostendrán con la ENM una relación que velará
para que el minero tenga condiciones adecuadas de
trabajo, use técnicas avanzadas, destinadas a
aprovechar los recursos sin impactar
negativamente el ambiente y sin arruinar la salud
de los trabajadores", postuló Álvarez.
Pero aún si se despejase la cuenca del río
Caroní, como propone Amigransa, al noreste de
ésta, en Guayana, se encuentra la Sierra de
Imataca, un territorio de 38.000 kilómetros
cuadrados con 80 por ciento de bosques húmedos
pero con un cinturón de rocas verdes que puede
tener más de 8.000 toneladas de oro.
Desde 2003 el gobierno ha previsto autorizar
la explotación minera en hasta 11 por ciento de
ese territorio, y la colocación de las reservas
bajo el mando de la ENM presagia una nueva
confrontación con los ambientalistas, que ven
amenazas sobre Imataca desde la actividad minera
y la forestal, pues tiene una docena de especies madereras de gran demanda.
Varias veces en el último año indígenas del
extremo noroeste del país protestaron contra
concesiones para explotar carbón, entregadas a
firmas europeas, estadounidenses y a la brasileña Compañía Vale do Rio Doce.
Durante el Foro Social Mundial realizado en
enero en Caracas, dirigentes ambientalistas de
varios países pidieron al gobierno de Chávez
"reexaminar los megaplanes" para minas e
hidrocarburos en "solidaridad con una Venezuela más sustentable".
* El autor es Corresponsal de IPS. Con aporte de
Stephen Leahy, Canadá. Este artículo fue
publicado originalmente el 11 de febrero por la
red latinoamericana de Tierramérica.
(FIN/2006)
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