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ALIANZA POR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA /Red de Acción en Plaguicidas de Chile

ALIMENTOS TRANSGENICOS: LA NUEVA AMENAZA

ORGANIZACIONES SOCIALES, ECOLOGICAS, DE TRABAJADORAS/ES, CAMPESINAS Y DE PRODUCTORAS/ES FRENTE A LOS ALIMENTOS TRANSGENICOS O PRODUCTOS MANIPULADOS GENETICAMENTE

En el mes de febrero de 1999 se reunieron, en Cartagena, Colombia, los países firmantes del CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLOGICA de Naciones Unidas, para tratar aspectos relacionados con la seguridad de los productos manipulados genéticamente, que se incluirán finalmente en un acuerdo internacional jurídicamente vinculante llamado PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.

Los organismos vivos manipulados (OVM) son producto de la ingeniería genética, un lucrativo negocio manejado por la poderosa industria transnacional de la alimentación, de la cual Estados Unidos es el líder mundial.

La razón de la preocupación que existe en el mundo por regular el tráfico transfronterizo de OVM se debe a que son organismos que mediante manipulación, se les transfiere material genético (información hereditaria) de una especie a otras especies no relacionadas con las que no se habrían hibridado nunca. Se transfiere, por ejemplo, genes de un insecto a una planta, de un cerdo a un pez o de un ser humano a una bacteria, etc. Esta transferencia implica riesgos, ya que puede producir características del todo imprevisibles e inestables y una vez liberados al ambiente no pueden ser efectivamente controlados.

Esta es una tecnología en experimentación, altamente cuestionada en la Comunidad Europea por sus graves e impredecibles efectos en la salud humana y el ambiente. No se ha demostrado que los alimentos transgénicos sean seguros para cultivar y para comer. Sin embargo, la delegación oficial chilena, sin transparencia, sin el necesario debate previo, sin consulta a la sociedad civil y al parlamento, más grave aún, sin regulaciones sobre la materia y sin información a la población, asumió abiertamente una posición férrea en contra de un protocolo que pueda limitar el comercio internacional de los productos transgénicos, y a favor de no considerar los efectos negativos en salud humana. En este sentido es altamente preocupante que los informes técnicos del comité chileno que estuvo a cargo de fijar la postura de nuestro país en la reunión de Cartagena, no contemplan los efectos en la salud humana. La razón que da el gobierno chileno para no considerar estos efectos, es que la salud humana estaría protegida por otros tratados internacionales.

El grupo de MIAMI, como se autodenominó este grupo de países conformado por Chile, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Uruguay y Australia, está liderado por EE.UU., que curiosamente no es parte del tratado pero sí tiene enorme influencia, ya que impidió, como se suponía, llegar a un acuerdo en la reunión de Cartagena del mes de febrero. Opera a través de Chile, Argentina y Uruguay, mediante contactos con personas bien situadas en los gobiernos, políticos, legisladores y fuertes presiones a los respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores.

El grupo de MIAMI, esta siendo duramente criticado por un gran número de países del Tercer Mundo y por organizaciones y ONGs indígenas, campesinas y ambientalistas, debido a que renuncia a pedir compensaciones en caso de que el uso de estos productos provoque daños económicos a los productores nacionales y o al país, además, porque rompe la unidad y el consenso que existe en América Latina sobre esta materia.

Así mismo, la propuesta del grupo de MIAMI, retira el artículo que establece la necesidad de que los países, de tránsito de un embarque, den su consentimiento. Hace responsable de daños al exportador, pero NO MENCIONA LA EXIGENCIA DE INDEMNIZACION.

Por otra parte, es importante destacar que, de los 40 millones de hectáreas plantadas con transgénicos en el mundo, Estados Unidos, posee 30 millones de hectáreas, en donde el sector privado invirtió, 9 mil millones de dólares y el comercio de organismos manipulados genéticamente y sus derivados obtuvo 2 mil millones de dólares en 1998.

Chile y los 5 países del grupo de MIAMI, están defendiendo posiciones que sólo favorecen a Estados Unidos y Canadá.

FRENTE A LA POSICION ADOPTADA POR EL GOBIERNO, LIDERADA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, EN LA QUE HA PRIMADO UN CRITERIO EXCLUSIVAMENTE POLITICO DE CORTO PLAZO Y NO TECNICO, RESPECTO A LA INTRODUCCION DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS Y SU LIBERACION O DISEMINACION EN EL PAIS, SEÑALAMOS LO SIGUIENTE:

1. Llama la atención que decisiones que comprometen y afectan tan seriamente nuestro futuro, se estén adoptando sin una adecuada y mínima información a los trabajadores y población en general, sobre todo, si se tiene en cuenta que estas decisiones pueden dar origen a fenómenos negativos irreversibles y de consecuencias ETERNAS.

2. La delegación oficial chilena, sin debate y análisis amplios, entre otras cuestiones, está defendiendo:

* La no aplicación del "PRINCIPIO PRECAUTORIO", es decir, que no se consideren los posibles riesgos en la salud y en el ambiente. El Principio Precautorio, significa que frente a una duda de riesgo no se debe autorizar o proceder mientras no se demuestre que no existe peligro en la liberación al ambiente y/o en la inocuidad del producto en cuestión.

Agrava esta situación el hecho de que en Chile no existen regulaciones para Organismos Modificados Genéticamente (OMGs).

* Que no se incluyan los riesgos para la salud humana en los mecanismos operativos del protocolo de bioseguridad. Esto es que no se incluyan los riesgos para la salud humana en el mecanismo de "ACUERDO FUNDAMENTADO PREVIO" y en el proceso de "EVALUACION DE RIESGOS", que son los únicos procedimientos donde se pueden advertir las posibles amenazas a la salud y el ambiente.

* Que no se consideren en el protocolo los productos comerciales de consumo directo y los derivados. Esto significa que quedan fuera del acuerdo todos los productos de consumo, por ej., granos para la alimentación, alimentos procesados (harinas), vacunas, agentes de control biológico, microorganismos, etc.

* Que no exista responsabilidad socio-económica, es decir que los productores y exportadores de los alimentos transgénicos, no tengan ninguna responsabilidad frente a posibles daños, intencionales o accidentales. Por ejemplo, si el maíz transgénico produce finalmente malezas más resistentes o si hay daños a la salud. Como lo advierte el científico húngaro, doctor en bioquímica, Arpad Pusztai en la reciente investigación, ratificada por 21 científicos europeos, que señala que papas transgénicas provocan graves daños a la salud en ratas de laboratorios, que van desde detención del crecimiento, depresión del sistema inmunológico y deterioro de órganos. Otros estudios señalan efectos tóxicos alergénicos, resistencia a los antibióticos y riesgo de cáncer.

3. Consideramos, por tanto, que los alimentos transgénicos son solo un lucrativo negocio de transnacionales de alimentos, no vienen a resolver ningún problema, no terminan con la pobreza, no alivian el hambre, no son seguros ni eliminan el uso de plaguicidas.

4. No obstante, nuestros representantes se encuentran hoy defendiendo posiciones que están abiertamente en contra de los derechos de los consumidores y población en general, ya que no toman en cuenta, en estas trascendentales tratativas, importantes aspectos relacionados con la salud humana y el Derecho a Saber del ciudadano, descartando, además, voluntariamente las compensaciones en caso de daños económicos.

Considerando la posibilidad de que existan ciudadanos a los cuales no les importe consumir alimentos manipulados, no es aceptable que no existan regulaciones y la población consuma alimentos transgénicos, sin saber lo que está comiendo.

5. Ante esta grave situación, debemos hacer valer nuestro derecho de conocimiento. Es imprescindible abrir un debate y análisis profundo, previo a la toma de decisiones y buscar los medios para difundir y divulgar entre las/os trabajadoras/es y en nuestro pueblo los riesgos de la producción y liberación al ambiente de alimentos manipulados genéticamente.

Alianza por una Mejor Calidad de Vida/Red de Acción en Plaguicidas de Chile
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Santiago, marzo de 1999

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