MADRID, 17 (EUROPA PRESS) - 17 de febrero de 2005, 12:10

Tres organizaciones sindicales chilenas, así como la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (Rap-Al), la Asociación de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI) y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) han denunciado las condiciones laborales "aberrantes" en las que trabajan los agricultores en el país, sometidos, aseguran, a maltratos, abusos, e incluso intoxicación por plaguicidas.

Según recoge la organización 'Business and Human Rights', entre los trabajadores del campo chilenos es muy frecuente encontrar ausencia de contratos, trabajo infantil y tratos "denigrantes" como "parte de la cotidianidad de cientos de miles de trabajadores agrícolas", según se desprende de una campaña internacional de denuncia que están llevando a cabo.

Según denuncian, en los campos chilenos están empleadas unas 800.000 personas, la mitad de ellas temporales, fundamentalmente entre los meses de octubre a abril. Del total de trabajadores en ese periodo, 250.000 son mujeres adultas, a las que se suman además adolescentes y niños.

Según datos de estas organizaciones, al menos un 60% de estos empleados carece de contrato laboral, lo que facilita "innumerables abusos", entre ellos el incumplimiento de las fechas o de los salarios prometidos verbalmente. El empresariado chileno "se aprovecha de la ignorancia, la falta de información y la escasa capacidad de movilización de la mayoría de los trabajadores agrícolas", apunta la secretaria general de ANAMURI, Alicia Muñoz.

Los sindicatos denuncian también "extenuantes jornadas", de hasta dieciséis horas, trabajo infantil encubierto --"ya que muchas madres y padres van con sus hijos de hasta siete años a los campos de cultivo"--, y la proliferación de 'enganchadores', intermediarios que aportan mano de obra temporal a las empresas agrícolas, generalmente exportadoras.

RESPONSABILIDAD ANTE ACCIDENTES

Estos 'enganchadores' reclutan, trasladan y pagan a los trabajadores sin contrato laboral. "Esto contribuye a diluir las responsabilidades ante posibles accidentes de trabajo, acciones ilegales, irregularidades, abusos o daños contra los trabajadores", según detallaron estas organizaciones en un documento entregado al director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el chileno Juan Somavía.

En esa carta se afirma que "las aberrantes condiciones" laborales en el sector incluyen lugares de trabajo que no cumplen con requisitos básicos de sanidad e higiene establecidos en las normas vigentes, como baños y duchas para los trabajadores, agua potable, comedores o guarderías infantiles.

El escrito cita también cifras del Ministerio de Salud, según las cuales entre enero y noviembre de 2004 se notificaron más de 560 casos de intoxicación aguda por plaguicidas, con un saldo de dos muertos, lo que no ocurría desde 2000. Entre noviembre y diciembre del pasado año, los casos se triplicaron en relación con 2003.

La carta destaca que muchos de esos tóxicos están catalogados como "extremada o altamente peligrosos", según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), "con comprobados efectos a medio y largo plazo en la salud de las personas", incluyendo cáncer, daños neurológicos y alteraciones reproductivas.

"Después de pasearnos por los organismos nacionales correspondientes, sin lograr que cambie el panorama, recurrimos a la OIT para que se conozcan estos hechos internacionalmente y así evitar que volvamos a la esclavitud", recalca Muñoz.

JUSTICIA SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS

Los denunciantes solicitan así a la OIT que "fomente en el Estado de Chile normativas y prácticas en el trabajo agrícola basadas en la justicia social, los Derechos Humanos y laborales que sean internacionalmente reconocidas".

Según Muñoz, Somavia se mostró "sorprendido" por estas denuncias y prometió "conversar" con el Gobierno chileno, aunque no se comprometió a nada específico. Por su parte, el jefe de gabinete de la Dirección del Trabajo chilena, Cristián Alviz, afirmó que las denuncias le llamaban "poderosamente la atención", pues junto con el trasporte y el comercio, el trabajo agrícola es el sector más fiscalizado por su organismo.

"Durante la temporada agrícola 2003-2004 atendimos denuncias que involucraban a 90.000 trabajadores y esperamos ampliar la cobertura a 100.000 este año", agregó el funcionario, quien considera "imposible" fiscalizar cada unidad productiva de forma individual.

"La Dirección de Trabajo tiene muy buenas intenciones, pero no da abasto", reconoció. "Se requieren más recursos para fiscalizar más, porque las leyes que se han hecho hasta ahora para proteger a los trabajadores agrícolas no se cumplen", afirmó.