Comunicaciones OLCA, 27 de septiembre de 2007

Estado de Guerrero, México.
El conflicto del proyecto hidroeléctrico represa La Parota

por Marien Cifuentes Carbonetto
(Especial para el OLCA)

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Con la entrega de un comprobante de depósito por la suma de 100 mil pesos mexicanos (poco más de 9 mil dólares) en una de las ventanillas del Juzgado Octavo de Acapulco, se cumplió el 25 de septiembre el requisito exigido para la suspensión definitiva de las obras de construcción de la mega represa hidroeléctrica La Parota, considerada uno de los proyectos de inversión más importantes del gobierno del ex presidente Vicente Fox y una obra de infraestructura relevante para el avance del Plan Puebla Panamá impulsado por Estados Unidos.

Junto al edificio del Juzgado, una delegación de campesinos y ejidatarios de la zona afectada por el proyecto esperaban el cumplimiento de la caución legal, financiada con esfuerzo por ellos mismos y por algunas organizaciones que los apoyan en su lucha.

Cuatro años de lucha, jalonados por enfrentamientos violentos entre los impulsores del proyecto y las comunidades afectadas, fueron necesarios para llegar a la decisión judicial, sin precedentes hasta ahora, que otorgó la razón a los pobladores del municipio de Cacahuatepec, Guerrero, y ordenó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) detener de inmediato la construcción del embalse. La resolución de la jueza federal Livia Larumbe ordena “que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y las autoridades se abstengan de autorizar la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales del río Papagayo para el proyecto hidroeléctrico La Parota, por los daños irreversibles a los quejosos que viven en Cacahuatepec”.

Génesis de un megaproyecto

El proyecto Represa La Parota, con una inversión superior a los 850 millones de dólares, tiene como finalidad proporcionar energía a las industrias extractivas, maquiladoras, grandes centros turísticos y ciudades de la región oriental de México. Forma parte de un conjunto de megaproyectos hidroeléctricos que planea aportar electricidad a la red energética del sur de los Estados Unidos, unirse a la red eléctrica nacional y a la red centroamericana. Empresas de construcción de varios países han mostrado interés, incluyendo la empresa mexicana de construcción ICA, de propiedad del magnate Carlos Slim.


Fuente: www.aida-americas.org
A principios del 2003 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México concretó los planes de construcción de una importante represa (con una capacidad de generación de 900 megawatts) sobre el río Papagayo, en el estado de Guerrero. El proyecto, ubicado 28 kilómetros al noreste del puerto de Acapulco, inundaría alrededor de 17 mil hectáreas, en perjuicio de unas 25 mil personas. Los cambios generados en el ecosistema, río abajo hasta el delta donde las aguas desembocan en el Océano Pacífico, afectarían a cerca de 75 mil personas más. Además del impacto sobre los cultivos agrícolas de toda la zona, que quedarían sin regadío, la represa dejaría bajo las aguas dos puentes carreteros sobre los ríos Omitlán y Papagayo, más de 16 kilómetros de carreteras pavimentadas, casi 23 kilómetros de caminos no pavimentados, 31 kilómetros de líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica y la propia central hidroeléctrica La Venta.

El proyecto se suma a la gran obra hidroeléctrica de El Cajón en el estado de Nayarit, a la ampliación de la presa Benito Juárez en Oaxaca y a los proyectos hidroeléctricos en el estado de Chiapas, obras que coinciden con la política de privatización de la energía eléctrica y con las adjudicaciones millonarios que están logrando las grandes empresas energéticas españolas, alemanas, japoneses y norteamericanas. El Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC) calcula que para el 2010 se terminaría la construcción de la presa La Parota, año en que la mayoría de las presas del país habrán cumplido su vida útil de 50 años.

Sin esperar las autorizaciones exigidas por la ley, la CFE inició el mismo año 2003 los trabajos preparatorios para la construcción del proyecto hidroeléctrico en terrenos de la comunidad indígena de bienes comunales de Cacahuatepec: ampliación de caminos; rastreo y perforación con maquinaria; movimiento de suelos, con destrucción de un cerro; tala de árboles y desmonte de vegetación autóctona; y construcción de campamentos. Las faenas se llevaron a cabo sin haber informado y consultado previamente a los comuneros de Cacahuatepec y sin haber obtenido los permisos de las asambleas de comuneros. Las obras tampoco contaban con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para hacer el cambio de uso de suelo. Estas acciones ilegales ocasionaron daños a la propiedad comunal, violaciones a los derechos humanos y daños al medio ambiente.

Actualmente en el Estado de Guerrero existen seis centrales generadoras de energía eléctrica (cuatro hidroeléctricas: La Venta, La Villita, Infiernillo y El Caracol; una de turbogas: Las Cruces; y una termoeléctrica: Petacalco). Para el año 2000 aportaban el 9.2% de la producción eléctrica total del país y el porcentaje de electrificación fue de 47.9% ocupando el lugar 25 a nivel nacional. Guerrero junto con los estados de Oaxaca y Chiapas son las entidades del país en la que menos energía eléctrica cuentan los habitantes en sus domicilios. (CIEPAC.ORG, 2004)

De acuerdo a estudios del CIEPAC (2004), muchos Estados del país han sufrido los efectos de las represas. “En agosto de 2002 se decretó la alerta máxima en Zacatecas y San Luis Potosí por el desbordamiento de las presas La Ventanilla y El Capulín. Más de 3 mil damnificados, 13 muertos y 15 desaparecidos fue el saldo en varias comunidades luego que las presas se rompieran por la presión del agua. Un año después, en septiembre de 2003, alrededor de 5 mil personas fueron evacuadas de varias comunidades en el estado de Nayarit ante el peligro de desbordamiento de la presa Aguamilpa. En el estado de Nuevo León más de 10 comunidades fueron afectadas por la apertura de las compuertas de la presa El Cuchillo para evitar su desbordamiento y rompimiento. En Acámbaro, Michoacán, más de 200 viviendas se las llevó el agua al abrir las compuertas de la presa Solís.” (CIEPAC.ORG, 2004)

Hostigamiento y violencia

Las comunidades afectadas por el proyecto se encuentran agrupadas en el Consejo de Propietarios de Tierras Comunales y Comunidades Contra la Construcción de la Represa de La Parota (CECOP); han unificado sus fuerzas en el Movimiento Mexicano de Pueblos Afectados por Represas (MAPDER), organizando numerosas protestas y otras actividades para dejar constancia de su oposición a la represa. El movimiento ha denunciado una infinidad de acciones que propician la ilegalidad, como también un clima de hostigamiento y violencia entre la población que se opone al proyecto. La intervención de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la región ha provocado la ruptura de las relaciones comunitarias y familiares y del tejido social. Tres campesinos que defendían sus tierras fueron asesinados en los enfrentamientos entre partidarios y opositores de la represa (18 de septiembre del 2005, 10 de noviembre del 2005 y 29 enero del 2006).

Con el fin de avanzar en la expropiación de las tierras, la CFE ha utilizado diversos mecanismos para asegurar la realización de la obra. Las comunidades denuncian que la Comisión Federal de Electricidad ha buscado obtener la aprobación del proyecto bajo un proceso consultivo viciado en el cual se ha impedido la asistencia de personas que se oponen a la represa. Para Gustavo Castro, de CIEPAC, el caso de la represa La Parota “tiene constantes que se han repetido a lo largo de la historia de los grandes embalses: se esconde la información; no se llevan a cabo consultas informadas, oportunas y extensivas a los posibles afectados; se operativizan trampas y mañas; se hace uso de la represión y de la intimidación de las fuerzas públicas; se generan presos, se dan casos de tortura y el extremo son los asesinatos; se echa mano del chantaje, los sobornos, la compra de líderes y de autoridades locales; se esconden las alternativas y se provocan más intereses políticos y económicos para sumar apoyo al proyecto; se genera un ambiente ante la opinión pública de rechazo a los que defienden sus derechos y se atizan las divisiones; se hace uso de personalidades que son montados en los grandes aparatos de publicidad; se falsifican firmas y documentos; se generan alianzas con otros sectores de supuesta calidad moral como universidades, obispos, políticos, artistas o deportistas en este caso; se giran órdenes de aprehensión, aparecen amenazas de muerte a los líderes, se fabrican delitos y se usan todos los mecanismos ilegales para lograr el objetivo haciéndolo parecer que todo es legal; se prometen obras de infraestructura, empleos y otros supuestos beneficios para lograr más adhesiones a favor del proyecto. Por si fuera poco, también es constante que los estudios de impacto social y medioambiental están mal hechos.” (28-SEP-2005 - Boletín NUM.478)

En abierta violación al derecho a la vivienda, hasta la fecha, la CFE no ha presentado un plan de reubicación de los pobladores afectados por la construcción de la represa, ni se ha especificado el lugar de reasentamiento, ni el número de personas que se incluirá, ni los montos de indemnización por las tierras que se pretenden expropiar. Tampoco se han definido cuáles serán sus fuentes de abastecimiento de agua y la manera en que se resolverá su derecho a una calidad y cantidad adecuada del vital líquido.

La Parota y los organismos internacionales

La lucha de los campesinos y ejidatarios guerrerenses contra la construcción de la gigantesca represa no sólo recibió el apoyo de numerosas organizaciones nacionales, sino que concitó además la atención de diversos organismos internacionales:

El Tribunal Internacional del Agua realizado en marzo del 2006 en Ciudad de México*, consideró que la manifestación de impacto ambiental (MIA) y su correspondiente autorización no asume daños a la salud pública ni a la calidad de vida de la población por la construcción del embalse. La obra en cuestión expone a la población a posibles epidemias, violando de esta manera, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley general de equilibrio ecológico y protección al ambiente (LGEEPA), la Ley de aguas nacionales, la Ley general de salud.

El proyecto se contradice además con el artículo 27 de la Constitución donde se manifiesta, entre otras cosas, que “se evitará la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.” En este artículo se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra tanto para asentamiento humano como para actividades productivas. Y se especifica que protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas, el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, la protección de su tierra para asentamiento humano y la regulación del aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y acciones de fomento para elevar su calidad de vida. Señala el Tribunal que “La expropiación de tierras comunales y ejidales contraviene los principios de esta disposición constitucional, ya que el beneficio de la obra no recae en los pobladores ni contribuye a su desarrollo. Más bien contribuye a elevar los niveles de pobreza al ser expropiadas sus tierras.”

El Tribunal concluye que el proyecto hidroeléctrico carece de una justificación sólida que demuestre la manera en que va a contribuir al mejoramiento del abasto energético e hídrico del país o al desarrollo económico y social de la región. La inversión pública es muy elevada y los costos sociales y ambientales, muy altos.

La Red IRN (International Rivers Network) ha trabajado con ONG locales para apoyar su campaña para detener la represa. Se ha buscado llamar la atención internacional frente las violaciones de los derechos humanos que están sucediendo y el proceso ilegal de consulta asociado con este proyecto.

Tras una visita de la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, en agosto pasado, a algunas de las comunidades afectadas por la construcción de la represa, la organización dio a conocer un informe en el que se señala que “Amnistía Internacional ve con preocupación que los derechos humanos corren peligro frente a la preparación y ejecución del proyecto de la presa hidroeléctrica La Parota. En especial, preocupan a la organización la falta de información completa, precisa accesible e imparcial; la falta de oportunidades para una participación genuina en los planes de desarrollo de la presa y para mitigar sus repercusiones sociales nocivas; la exclusión de mujeres y otros miembros de la comunidad del proceso de toma de decisiones; y el riesgo de que los inminentes desplazamientos de la población local puedan constituir desalojos forzosos masivos”.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas se pronunció también sobre el proyecto La Parota, en mayo de 2006, en los siguientes términos:
“Preocupa al Comité la información de que no se consulta debidamente a los miembros de las comunidades indígenas y locales que se oponen a la construcción de la represa hidroeléctrica La Parota o de otros proyectos en el marco del Plan Puebla-Panamá, y de que a veces se les impide por la fuerza que participen en las asambleas locales en relación con la ejecución de estos proyectos. Le preocupa asimismo que la construcción de la represa La Parota podría causar la inundación de 17.000 ha de tierras habitadas o cultivadas por comunidades indígenas y locales de agricultores, lo que provocaría un agotamiento de los recursos naturales y, según se informa, el desplazamiento de 25.000 personas. Además, según el Tribunal Latinoamericano del Agua, violaría los derechos a las tierras comunales que tienen las comunidades afectadas, así como sus derechos económicos, sociales y culturales.

El Informe del relator especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, de la Organización de Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen advirtió sobre los “abusos y violaciones” a los derechos de quienes se oponen al proyecto hidroeléctrico La Parota. En forma similar se expresaron también, en carta enviada al gobierno mexicano, los relatores especiales sobre Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, y sobre la Vivienda Adecuada, Miloon Kothari, señalando su preocupación por las constantes irregularidades observadas en las asambleas supuestamente destinadas a analizar el proyecto con las comunidades afectadas.

Bibliografía y enlaces:

* Tribunal Internacional del Agua Veredictos Primera Audiencia Pública Llevada a cabo del 13 al 20 de marzo del 2006, México D.F., México. Caso: Proyecto hidroeléctrico La Parota sobre el río Papagayo en el estado de Guerrero, México

Afectados de La Parota ante Amnistía Internacional, lunes, 30 julio, 2007 REDLAR

www.ecoportal.net/content/view/full/67975

www.radiomundoreal.fm/rmr/?q=es/node/8918

Informe del centro de derechos humanos de la Montaña

www.aida-americas.org

Gana CFE juicio sobre presa La Parota: Elías Ayub

Informe del Espacio DESC

Presa La Parota: La resistencia en guerrero

Presa La Parota: El gobierno cobra su primer muerto

Cronología del Movimiento de Resistencia contra el Proyecto Hidroeléctrico La Parota

La Jornada Ecológica

Petitoria al Tribunal Latinoamericano del Agua

Las ONG expresan una gran preocupación por las violaciones de derechos humanos en el Estado de Guerrero