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Conflictos ambientales en México
Fuente: www.jornada.unam.mx 13 de marzo de 2006 Gobierno y legisladores, listos para ampliar la reforma ''inconstitucional'' de 1992
ISRAEL RODRIGUEZ La Ley para el Aprovechamiento de las Fuentes Renovables de Energía, aprobada sin debate por la Cámara de Diputados el 14 de diciembre de 2005, retoma los argumentos y recomendaciones del Banco Mundial (BM) para privatizar inicialmente la energía eólica y recibir un puñado de dólares en donaciones, préstamos y promesas de inversión. El gobierno y algunos legisladores están dispuestos a refrendar la reforma ''inconstitucional'' de 1992 y ampliar su alcance privatizador, ahora de la electricidad verde, denunció Víctor Rodríguez Padilla, investigador universitario y experto en temas energéticos. En un amplio análisis, elaborado por el también asesor del Congreso y de algunos organismos internacionales, Rodríguez Padilla expone el proyecto del Banco Mundial y muestra su relación con el inusitado interés de la actual administración en el uso del viento por parte del sector privado para generar y vender electricidad a municipios y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mientras el desarrollo de otras fuentes renovables de energía figura como un complemento de menor importancia. El experto aseguró que la estrategia del Banco Mundial para que el sector privado, en su mayoría extranjero, acapare el mejor potencial eólico del país y lo desarrolle como oportunidad de negocio, exportando una parte de la electricidad a Estados Unidos, pretende utilizar como plataforma los esquemas de producción independiente y sociedades de autoabastecimiento para darle vuelta a la Constitución y crear un mercado eléctrico. Entre las compañías citadas por el Banco Mundial como interesadas en operar aerogeneradores en México, destacan Cisa, socia de la española Gamesa; Eneolica, socio del grupo Foster de España; Deproe, financiada por Credit Agricole Indosuez, y la también ibérica Endesa. Además, otras empresas ya están adquiriendo derechos de suelo, como Iberdrola, General Electric Wind, Vestas, Dewin, Fürlander, ABB y Electricidad de Francia. Para abrir el mercado mexicano, el Banco Mundial utiliza a las instituciones gubernamentales mexicanas para allanar el camino al sector privado, estimulando y facilitando sus operaciones y poniéndolo a resguardo de riesgos comerciales y políticos. Además de ayudar a las empresas privadas a financiar los proyectos y hacerlos altamente rentables, en particular apoya a las firmas que ya están adquiriendo derechos de suelo en La Ventosa, Oaxaca. Asimismo, facilita los proyectos cerca de la frontera con Estados Unidos que sean enfocados a la exportación de electricidad verde hacia ese país. Víctor Rodríguez, doctor en economía de la energía con mención honorífica en la Universidad de Grenoble, Francia, expuso que como la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica permite al sector privado generar electricidad, pero lo limita en las demás actividades de la cadena eléctrica, especialmente en la comercialización, la estrategia del Banco Mundial consiste en movilizar a las instituciones federales (como la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Reguladora de Energía, el Centro Nacional de Control de la Energía y el Banco Nacional de Obras Servicios Públicos), así como estatales (como el gobierno del estado de Oaxaca) para que en el campo de su competencia contribuyan a eliminar barreras legales, económicas, sociales y políticas que impidan el accionar de empresas eléctricas internacionales. Para lograr su objetivo, el Banco Mundial puso en marcha el Proyecto para el desarrollo masivo de las fuentes renovables de energía en México (P077717), que tiene una fachada altruista, pero cuya finalidad es la privatización del recurso eólico y de todas las operaciones asociadas con su aprovechamiento, denunció Víctor Rodríguez Padilla. El asesor en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores señaló que, como es su costumbre, el Banco Mundial justifica su intervención argumentando que fue México el solicitante, y que el proyecto tendrá incontables beneficios como la protección del medio ambiente, el aumento y diversificación de la oferta de energía, la creación de empleos, el combate a la pobreza y otros lugares comunes que siempre utiliza para simular una acción benévola. Sin embargo, la verdadera motivación aparece a lo largo del texto elaborado por el Banco Mundial, del cual se extrae una parte del razonamiento siguiente: México tiene recursos eólicos de clase mundial. El potencial supera los 3000 MW pero está prácticamente desaprovechado. Existe entonces una oportunidad de negocio para las compañías eléctricas internacionales. Desde 1992 el sector privado puede generar electricidad mediante figuras consideradas fuera del ámbito público, de ahí la posibilidad de utilizar dichas figuras para desarrollar el potencial eólico. Como garantía adicional de que los proyectos eólicos alcanzarán una elevada rentabilidad, la CFE estará obligada a comprar esa electricidad a un precio subsidiado y en el momento y en la cantidad que quiera el productor privado. De acuerdo con los argumentos del Banco Mundial, las tarifas que industrias, comercios y servicios municipales pagan a la CFE por orden de la Secretaría de Hacienda son muy elevados, por lo que esos establecimiento están dispuestos a pagar precios muy por arriba del costo de la electricidad generada con fuentes renovables, si dichos precios les permiten reducir su factura eléctrica. Algunas municipalidades llegan a pagar más de 19 centavos de dólar por kilovatio hora, cuando el costo estimado de la electricidad eólica en México se sitúa entre 4 y 5 centavos de dólar por kilovatio hora. Esa enorme diferencia de cuatro a uno representa una clara oportunidad de negocio para los generadores privados con aerogeneradores. El proyecto P077717, puesto a consideración a lo largo de 2003, implica un monto potencial de 272 millones de dólares obtenidos de diversas fuentes. Fondos aportados por el gobierno mexicano: 7.5 millones de dólares; 25 millones del Fondo para el Ambiente Global; 65 millones aportados por el sector privado; 25 millones por agencias bilaterales y 150 millones de dólares de bancos comerciales extranjeros. La parte del proyecto administrada por el Banco Mundial, con 70 millones de dólares, se divide en dos etapas. La primera, con una vigencia de tres años y con 25 millones de dólares, está orientada a establecer un marco regulatorio, contractual, comercial y político para que la CFE adquiera electricidad generada por el sector privado con energías renovables. Incluye el diseño y cabildeo de reformas a leyes y reglamentos. La segunda etapa, con vigencia de cinco años y con 45 millones de dólares de presupuesto está dedicada a operar el financiamiento de los proyectos de las empresas privadas. El Banco Mundial señala que el proyecto se encuentra en terreno favorable en la reforma reglamentaria realizada por la administración del presidente Vicente Fox en septiembre de 2001, pero agrega que ha sido insuficiente. Por ello, recomienda abrir cauces para que la CFE acepte toda la electricidad que el sector privado desee entregar a la red y pague precios remuneradores. Remover los riesgos y barreras que quedan después de la reforma de 2001, y que limitan los proyectos privados enfocados a vender electricidad a municipios e industrias, así como desarrollar un mercado de exportación de electricidad verde hacia Estados Unidos. El proyecto del Banco Mundial, del cual una parte sustantiva de los argumentos y propuestas son recogidos en la Ley para el Aprovechamiento de las Fuentes Renovables de Energía, se sobrepone al que venía desarrollando el Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y acaba orientándolo hacia la privatización de la electricidad verde, alertó el consultor. |
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