Ante asesinato de jóven mapuche y criminalización del movimiento
Organizaciones de la sociedad civil apoyan al pueblo mapuche

7 de enero de 2008

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Declaración pública

* Las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda indignación por el asesinato del joven mapuche de 22 años, Matí­as Catrileo, mediante disparos por la espalda proferidos por personal de Carabineros de Chile, y nos hacemos parte del dolor de su familia y de su pueblo.

* Manifestamos también nuestra activa preocupación por el estado de la dirigente mapuche Patricia Troncoso, que se aproxima a los 90 dí­as de huelga de hambre, sin que hasta ahora el Estado chileno haya dado respuesta a sus demandas y tampoco conformado la mesa de diálogo que habí­a comprometido para el pasado 26 de diciembre de 2007.

* Creemos que tanto el crimen de Matí­as -cuyo autor material esperamos sea sancionado ejemplarmente por la Justicia- como el trato injusto dado a los presos mapuche, son fruto de una polí­tica de represión sistemática del Estado chileno en contra de las comunidades mapuche y al servicio de los intereses de empresas forestales y latifundistas, que no se condice con las posturas de nuestro paí­s en los organismos y foros internacionales.

* Consideramos también, como lo hizo ver el relator especial de Naciones Unidas para los derechos indí­genas, Rodolfo Stavenhagen, que ello se trata de una "criminalización" de sus legí­timas demandas por tierras ancestrales.

* Compartimos la preocupación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en respuesta al Quinto Informe de Chile sobre el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Polí­ticos (marzo de 2007), donde señala que "algunas de las reivindicaciones de los pueblos indí­genas, principalmente del pueblo Mapuche, no han sido atendidas; y la lentitud de la demarcación de las tierras indí­genas, lo que ha provocado tensiones sociales. El comité lamenta la información de que las "˜tierras antiguas" continúan en peligro, debido a la expansión forestal y megaproyectos de infraestructura y energí­a" , que atenta contra los artí­culos 1 y 27 de dicho pacto. El Estado chileno tiene un año de plazo, es decir hasta marzo de este año, para dar nuevo informe sobre este punto en especí­fico.

* Por todo lo anteriormente expuesto, demandamos al Gobierno terminar con esta situación de injusticia institucionalizada, asumiendo una polí­tica activa de respeto y defensa de los derechos humanos y ancestrales del pueblo mapuche.

* Esto debe verse urgentemente expresado en (a) la modificación inmediata de las condiciones de enjuiciamiento y encierro de los dirigentes mapuche encarcelados, las que además se ajustan y cumplen con lo establecido por ley para la obtención de beneficios carcelarios; (b) el término de la ocupación policial de las comunidades mapuche y de los interrogatorios ilegales a niños mapuche en sus establecimientos educacionales; (c) celeridad en la titulación de tierras indí­genas a nombre de sus propietarios ancestrales, de acuerdo al proceso establecido por la Ley Indí­gena y que tiene a su cargo la Corporación de Desarrollo Indí­gena (CONADI), a través del fondo de tierras; (d) así­ como el impulso decidido en el parlamento, mediante la aplicación de urgencia para su tramitación, a la ratificación por parte del Estado chileno del Convenio 169 de la OIT y del reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos originarios, ambas aspiraciones de larga data de estos pueblos y comprometidas por el Estado chileno ante la OEA, en el marco del acuerdo de solución amistosa suscrito con las familias mapuche pehuenches que presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la construcción de la central hidroeléctrica Ralco, sin que hasta ahora exista un adecuado cumplimiento a este acuerdo que evitó una condena para Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.