La Concertación y el pueblo mapuche: Una década de garrote
rebelion.org
15 de diciembre del 2007
Pedro Cayuqueo
Punto Final
“Doce son las personas que fueron puestas a disposición del ministro
instructor Antonio Castro por su presunta participación en el atentado
incendiario a tres camiones que prestaban servicios a la Forestal
Arauco, en la comuna de Lumaco, el pasado 1º de diciembre. Encabeza la
lista José Remigio Chureo”. (El Diario Austral, Temuco, 13 de diciembre
de 1997).
Así informaba el satélite regional de la cadena El Mercurio de la
detención de mapuches de las comunidades de Pichiloncoyán y Pilinmapu,
tras el atentado que hace diez años redujo a cenizas tres camiones
forestales. Ese hecho hizo estallar ante la opinión pública una
situación de atropello, marginación y abuso contra el pueblo mapuche
que las autoridades hubieran preferido mantener oculta (ver págs
16-17). Se trató de una acción desesperada, reconocerían años más tarde
algunos de sus protagonistas, pero no por ello menos legítima. Todos
los detenidos fueron formalizados por el ministro Antonio Castro en
virtud de la Ley de Seguridad Interior del Estado. El magistrado tenía
experiencia al respecto. La Corte Suprema lo había designado ministro
en visita para investigar las ocupaciones de tierras que protagonizó el
Consejo de todas las Tierras en la IX Región. Más tarde el juez Castro
dictó condena para 144 de sus integrantes por los delitos de usurpación
de tierras y asociación ilícita, lo que llevó a los mapuches a
presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
una demanda contra el Estado por graves violaciones. Acogida por la
CIDH, se obligó al gobierno a suscribir un acuerdo de reparación a
favor de los comuneros. En el caso Lumaco, Castro no sería el juez
encargado de dictar sentencia. Lo impidió su jubilación. Sin embargo,
su negativa a reconocer legitimidad a las reivindicaciones mapuches
trazó un derrotero de persecución y cárcel para las comunidades, que
persiste hasta nuestros días.
Han transcurrido diez años de los sucesos de Lumaco y alrededor de 300
mapuches, hombres, mujeres, niños y ancianos, han pasado por las
cárceles. Más de diez ministros especiales y nueve fiscalías militares
se han encargado de investigar acciones de protesta social enmarcadas
en un conflicto político que se agudiza año tras año. La cifra de
personas sometidas a proceso en el mismo período se eleva sobre las
500, según cifras de la organización Meli Witrán Mapu. En la
actualidad, alrededor de 150 personas se encuentran sometidas a
procesos en tribunales civiles y fiscalías militares por su
participación en movilizaciones urbanas o rurales. A esto se suman
órdenes de detención contra una veintena de comuneros y los quince
presos políticos recluidos en cárceles de Traiguén, Lebu, Concepción,
Temuco, Lautaro y Angol. Siete de ellos son miembros de la Coordinadora
Arauco-Malleco (CAM), condenados por la ley 18.314 sobre Conductas
Terroristas. “Se trata de una clara política de criminalización de la
demanda social mapuche”, señala a Punto Final el sociólogo Eduardo
Mella, del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas y autor de
un revelador estudio publicado recientemente por la editorial LOM. Para
Mella, el Estado ha reducido el conflicto mapuche a un plano judicial,
cuyas consecuencias más inmediatas y dramáticas han sido “la
estigmatización del mapuche, a quien se le ha sindicado como agresor,
violento y terrorista, y, por otra parte, la legitimación del Estado
para exacerbar su potestad punitiva y restablecer el control social en
el territorio mapuche”.
MAS GARROTE QUE ZANAHORIA
¿Son los tribunales de justicia los responsables de que a 10 años de
las detenciones en Lumaco éstas se sigan multiplicando? “Claramente la
responsabilidad final corresponde al Estado y a los gobiernos de la
Concertación”, señala a Punto Final, José Aylwin Oyarzún, abogado y
co-director del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. Para
este promotor de los derechos indígenas, desde el retorno de la
democracia ha existido una política dual en el tratamiento del
conflicto mapuche-chileno, política que se habría acrecentado durante
la administración de Ricardo Lagos. “Cuando uno analiza el período de
Lagos, se puede afirmar que hubo una política dual: del garrote y la
zanahoria, como se señala comúnmente”, indica. Todo ello con el
objetivo de proteger la verdadera apuesta de los gobiernos de la
Concertación, “relacionada con la inclusión de los territorios
indígenas en la economía global, incluso con la ejecución de proyectos
que buscan insertar a los territorios indígenas en este mercado. Se
entiende a estos territorios como fuente de recursos naturales a ser
explotados, extraídos y vendidos a los mercados internacionales”,
subraya José Aylwin. Esta apuesta central sería -a juicio del abogado-
la responsable de la implementación de medidas represivas que el
relator de Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, denominó como
“políticas de criminalización”. “Esto se grafica en la política de
persecución judicial de la cual el Estado se hace parte, y para la cual
recurre a la legislación sobre estados de excepción -la más grave es la
ley antiterrorista-. Y también a acciones de represión violenta contra
comunidades y dirigentes, violando derechos básicos de las personas,
como la integridad física, la libertad, el derecho a desplazamiento e
incluso, el derecho a la vida, como fue el asesinato del joven mapuche
Alex Lemún”, indica.
Bien conocen de esta “tensión” los dirigentes y miembros de la
Comunidad Juan Paillalef, de Cunco, en su mayoría de la familia
Cadín-Calfunao. Condenados por oponerse a los trabajos de una empresa
privada de electricidad en sus tierras comunitarias, la lonko Juana
Calfunao y gran parte de su grupo familiar han debido soportar un largo
período en la cárcel de Temuco. Su dramática situación, denunciada por
Amnistía Internacional y la Organización Mundial contra la Tortura,
entre otros organismos, llevó a que el 7 de agosto la dirigenta y su
hermana Luisa dieran inicio a una huelga de hambre en el penal de
Temuco. “Los mapuches estamos cansados de tanta persecución,
amedrentamiento y hostigamiento. Si lo que quieren es matarnos,
¡mátennos! Pero háganlo de frente y no amparándose en una institución
del Estado y en sus leyes injustas”, señalaron al momento de iniciar
una huelga que no pareciera inquietar a jueces y autoridades. Tampoco
parecen inquietar al ejecutivo los inumerables informes y
recomendaciones que organismos internacionales hacen a La Moneda para
enmendar su contradictoria política indígena. A los ya tradicionales y
críticos informes de IGWIA, Amnistía Internacional, Human Rights Watch
y la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH), se
han sumado en los últimos años las recomendaciones de diversos comités
de Naciones Unidas.
COMPAÑIAS PRIVADAS EN LA MIRA
Pero los comités de la ONU no sólo alertan sobre casos de persecusión
penal y violación de garantías procesales. En un hecho sin precedentes,
a fines de agosto el Comité de Eliminación de la Discriminación Racial
(CEDR) de Naciones Unidas acogió una denuncia por “racismo y
discriminación socio-ambiental”, a causa de vertederos y plantas
químicas de aguas servidas que operan en territorio mapuche, acción
presentada por comunidades afectadas y otras organizaciones. Al
respecto, el CEDR solicitó al Estado chileno entregar un informe el
próximo 30 de noviembre, además de dar cuenta ante la sesión de
comisionados, en marzo de 2008. La denuncia informa de la vulneración
de derechos que afecta a distintas comunidades mapuches, cuyos miembros
son discriminados por el Estado y las políticas económicas. En efecto,
“proyectos de inversión privados y públicos han facilitado la
construcción de diversas plantas de tratamiento primario químico de
aguas servidas (afectando a numerosas comunidades) y un total de 28
vertederos para procesar los desechos de la región, que no cumplen con
estándares mínimos de calidad y de tecnología para permitir un adecuado
resguardo del medio ambiente y la salud de la personas de su entorno”,
señala a Punto Final Alfredo Seguel, vocero de la agrupación Konapewmán.
Otra denuncia que involucra a una compañía privada -y que ha sido
acogida por un organismo internacional- es la presentada por la
comunidad mapuche-huilliche Pepiukelén ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, por riesgo de desplazamiento y migración forzada
de sus miembros debido a la instalación de una factoría productora de
alimentos para salmones del holding Agrosuper, en Pargua, al sur de
Puerto Montt. Esta es una de las primeras ocasiones en que la CIDH
interviene en un conflicto en que las acciones de compañías privadas
atentan contra los derechos humanos de comunidades indígenas, señala a
PF el abogado Diego Carrasco, del Observatorio de Control
Interamericano de los Derechos de los y las Migrantes (OCIM). La
presentación es la antesala para llegar a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. La carta oficial del secretario ejecutivo de la CIDH,
Santiago Cantón, señala que han solicitado información al Estado de
Chile respecto a “medidas que han tomado las autoridades para proteger
a los miembros de la comunidad Pepiukelén”.
En este escenario, sorpresa e indignación provocan los intentos de la
presidenta Michelle Bachellet por alcanzar uno de los tres sillones
latinoamericanos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el
período 2008-2010. A juicio de Francisco Vera Millaquén, werken de la
comunidad Pepiukelén, “Chile no califica hoy para formar parte del
Consejo, porque los gobiernos de la Concertación no han cumplido estos
derechos en su propio país. No se han respetado los derechos humanos de
los pueblos originarios, y no se han respetado las recomendaciones del
relator especial ni de los distintos comités en cuanto a estos temas”.
Ello acontece mientras se acrecientan los allanamientos policiales en
Temucuicui, comuna de Ercilla, donde a diario niños, ancianos, jóvenes
y mujeres deben vivir en un verdadero escenario de guerra, según
denuncian dirigentes mapuches desde la clandestinidad. Es el garrote de
una política que extendió sus brazos hasta la comunidad Rucañanco la
madrugada del pasado 30 de agosto, cuando hasta la cordillera de
Nahuelbuta arribaron un centenar de efectivos policiales para detener
al lonko Iván Llanquileo Antileo, vocero de la Coordinadora
Arauco-Malleco y sindicado por el Ministerio Público como nuevo líder
de ese referente. Llanquileo fue detenido en un operativo con tintes de
incursión contrainsurgente. Diversos medios de prensa saludaron la
detención del “peligroso terrorista”, omitiendo su cargo de autoridad
tradicional de la comunidad Juana Millahual y su historial como férreo
opositor a proyectos mineros en la zona del lago Lleu Lleu, impulsados
por los empresarios Jaime Troncoso Sáez, Benedicto Melín Paillali (ex
presidente de la ONG Parlamento Mapuche Koyaktu) y el dueño de la
minera Santa Bárbara, Leonardo Farkas Klein.
Formalizado por su presunta responsabilidad en un ataque armado a dos
helicópteros de Forestal Mininco y “tenencia de arma prohibida” (un
fusil M-16 con abundante munición que fue encontrado a más de 2
kilómetros de su hogar), Llanquileo terminó recluido en la cárcel El
Manzano, de Concepción. Allí explicó las razones de su arresto: “Me
detienen por defender los lineamientos de la legítima resistencia y
reconstrucción de la nación mapuche a través, principalmente, del
control territorial que llevamos adelante las comunidades en lucha.
Esta es la razón de fondo por la que he sido perseguido políticamente y
en innumerables ocasiones, con allanamientos e intentos de detención.
Pero quiero dejar en claro que no me amedrentarán en mi condición de
lonko y weichafe”.
Llanquileo se transformó en el séptimo dirigente de la CAM encarcelado
durante la administración Bachelet. De la nueva relación, prometida en
los discursos de campaña de la actual mandataria, no hay nada. Tal como
resume José Aylwin, “no existe -en la actual administración- una
intención de generar transformaciones profundas que pongan en riesgo la
apuesta de la Concertación de seguir en una senda de apertura de
mercado, de incorporar a los indígenas y a sus territorios a un modelo
de desarrollo no demandado por ellos y aun más, en contra de su
voluntad”.
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