Comunicaciones OLCA, 8 de enero de 2008

Organizaciones denuncian política estatal sistemática de represión contra los mapuche
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Una cincuentena de organizaciones ciudadanas, movimientos sociales, centrales sindicales y comunidades, señalaron en carta a la Presidenta Bachelet que “está en sus manos la restauración de la paz social en la Araucanía, por la vía de dar soluciones legales y democráticas a las demandas territoriales, políticas y culturales del Pueblo Mapuche”.

(Se adjunta Carta)

A horas de que se vote en el Parlamento la ratificación por parte del Estado chileno del Convenio 169 de la OIT, que reconoce derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil manifestaron en las afueras de La Moneda su preocupación por la situación que hoy aflige a los mapuche, en especial a Patricia Troncoso, dirigente que se encuentra en huelga de hambre desde hace ya casi 90 días.

En una carta a la Presidenta Bachelet expresaron su indignación y dolor por el asesinato del joven mapuche de 22 años, Matías Catrileo, perpetrado por personal de Carabineros de Chile, el que consideran como”una muerte predecible, y por lo tanto evitable”.

”Patricia representa a todos los presos políticos de origen Mapuche en Chile. Demandamos que se la escuche, así como al resto de los dirigentes mapuches detenidos, y solicitamos se respete el acuerdo de conformar una Mesa de Trabajo para dialogar sobre sus demandas”, señalaron.

Paulina Acevedo, del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, señaló que “es importante que se comiencen a abordar los temas de fondo frente a este mal llamado conflicto mapuche. Los problemas que generan la protesta de este pueblo no son nuevos sino que históricos de larga data, los que se ven intensificados por los proyectos de inversión nacionales y extranjeros que se instalan en sus territorios”.

En la carta reiteraron la necesidad de que se mejoren las condiciones de reclusión de Patricia Troncoso, así como se resguarde su salud y se revisen sus procesos, a fin de cautelar que los mismos se hayan ajustado a condiciones de legalidad, justicia, imparcialidad y proporcionalidad.

“El Estado ha sido indolente en la atención a las demandas de política territorial, traspaso de tierras, autonomía y derechos ancestrales del pueblo mapuche. Creemos, en este sentido, necesaria y urgente la ratificación por parte del Estado chileno del Convenio 169 de la OIT y del reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos originarios, ambas aspiraciones de larga data de estos pueblos”, explicaron.

Miguel Santibáñez, presidente de la Asociación Chilena de ONG ACCIÓN, que reúne a más de 70 organizaciones, señaló el apoyo de las ONGs a las reivindicaciones de los pueblos indígenas y manifestó su apoyo y respaldo a las organizaciones que trabajan por los derechos de los pueblos. El dirigente considera “irresponsable la falta de respuesta por parte del gobierno que aún no ha conformado un espacio de diálogo ni ha escuchado estas demandas”.

Rechazaron también el intento que se urde en el Congreso Nacional, por reducir los derechos que se garantizan en el Convenio 169, señalando que “tampoco aceptaremos declaraciones Interpretativas que minimicen los estándares de reconocimiento de los derechos de estos pueblos”.

A juicio de Eduardo Giesen , representante de CODEFF, esta situación es una criminalización de las legítimas demandas de las comunidades. “Por ello, demandamos al gobierno terminar con esta situación de injusticia institucionalizada, asumiendo una política activa de respeto y defensa de los derechos humanos y ancestrales del pueblo mapuche”.

“Creemos que su Gobierno, aún está en condiciones de efectuar cambios y promover una política activa de reconocimiento y diálogo, y puede hacerlo por la vía de responder a los requerimientos que le han planteado los Organismos Internacionales de los cuales el Estado forma parte”, afirman.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas impone al Estado de Chile el plazo de un año para atender a la demanda de tierras indígenas por la vía de la titulación de "las tierras antiguas", las que según expresa el Comité "continúan en peligro, debido a la expansión forestal y megaproyectos de infraestructura y energía", lo que atenta contra los artículos 1 y 27 del pacto de Derechos Civiles y Políticos.

“Es evidente que está en sus manos la restauración de la paz social en la Araucanía, por la vía de dar soluciones legales y democráticas a las demandas territoriales, políticas y culturales del Pueblo Mapuche”, concluyeron en su carta a la presidenta.

Las organizaciones se dirigieron luego a la sede del Senado en Santiago para entregar una carta dirigida al Presidente de la entidad, senador Eduardo Frei.

Texto de la carta:

Santiago, 8 de enero de 2008

Señora
Michelle Bachelet
Presidenta de Chile
Presente


Estimada Presidenta,

En tanto organizaciones ciudadanas, movimientos sociales y comunidades, junto con manifestarle nuestra preocupación por la situación que hoy aflige al pueblo mapuche, queremos expresarle nuestra indignación y dolor por el asesinato del joven mapuche de 22 años, Matías Catrileo, perpetrado por personal de Carabineros de Chile.

Muchas de nuestras organizaciones han estado permanentemente denunciando el abuso y uso excesivo de la fuerza que soportan las comunidades indígenas por parte de las instituciones policiales. Se trataba de una muerte predecible, y por lo tanto evitable.

Junto a este sentimiento, queremos dirigir su atención -una vez más- hacia el caso de Patricia Troncoso, dirigente mapuche que se encuentra en huelga de hambre desde hace ya casi 90 días. Para nosotros, hombres y mujeres de la sociedad civil, ella representa a todos los presos políticos de origen Mapuche en Chile. Demandamos que se la escuche, así como al resto de los dirigentes mapuches detenidos, y solicitamos se respete el acuerdo de conformar una Mesa de Trabajo para dialogar sobre sus demandas.

Queremos reiterarle la necesidad de que se mejoren sus condiciones de reclusión, se resguarde su salud y se revisen sus procesos, a fin de cautelar que los mismos se hayan ajustado a condiciones de legalidad, justicia, imparcialidad y proporcionalidad. Nos asiste la certeza que sus juicios, al aplicárseles la Ley Antiterrorista y utilizarse tribunales militares, no han cumplido con las reglas del debido proceso.

Creemos que el Estado ha sido indolente en la atención a las demandas de política territorial, traspaso de tierras, autonomía y derechos ancestrales del pueblo mapuche. Creemos, en este sentido, necesaria y urgente la ratificación por parte del Estado chileno del Convenio 169 de la OIT y del reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos originarios, ambas aspiraciones de larga data de estos pueblos. Las organizaciones ciudadanas rechazamos el intento que se urde en el Congreso Nacional, por reducir los derechos que se garantizan en este Convenio, tampoco aceptaremos declaraciones Interpretativas que minimicen los estándares de reconocimiento de los derechos de estos pueblos.

Consideramos que el crimen de Matías Catrileo, la situación de los dirigentes mapuches encarcelados, el acoso territorial a que están sometidas las comunidades por parte de empresas forestales, hidroeléctricas y latifundistas, y la dilación en ratificar el Convenio 169, es expresión de una política estatal de represión sistemática en contra de las comunidades mapuche.

Creemos que su Gobierno, aún está en condiciones de efectuar cambios y promover una política activa de reconocimiento y diálogo, y puede hacerlo por la vía de responder a los requerimientos que le han planteado los Organismos Internacionales de los cuales el Estado forma parte. En particular las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que imponen al Estado de Chile el plazo de un año para atender a la demanda de tierras indígenas por la vía de la titulación de “las tierras antiguas”, las que según expresa el Comité “continúan en peligro, debido a la expansión forestal y megaproyectos de infraestructura y energía”, lo que atenta contra los artículos 1 y 27 del pacto de Derechos Civiles y Políticos.

Nos plegamos a la preocupación expresada por el Comité en el mismo informe, que se pronuncia en el sentido de constatar que la falta de atención a las reivindicaciones de los pueblos indígenas, principalmente del pueblo Mapuche, y la lentitud de la demarcación de las tierras indígenas, ha provocado tensiones sociales.

Dicho esto, es evidente que está en su mano la restauración de la paz social en la Araucanía, por la vía de dar soluciones legales y democráticas a las demandas territoriales, políticas y culturales del Pueblo Mapuche.

Esperando una acogida favorable, le saludan atentamente,

ORGANIZACIONES ADHERENTES

Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas

Asociación Chilena de ONGs ACCIÓN

Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y la Fauna CODEFF , Amigos de la Tierra

Consejo de Todas las Tierras

Central Unitaria de Trabajadores CUT

CODEPU

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA

Acción Ecológica

ATTAC

Comité ecológico Pudahuel - Aguas Claras

Le Monde Diplomatique Chile

Colectivo de Organizaciones Infantiles Populares PLANETA LUCHÍN

Centro Cultural, Ambiental y Social - Ceibo, Maipú

Instituto de Ecología Política IEP

Feministas Autónomas

Red Ecológica de Chile

Red Ciudadana por la Defensa de la Precordillera

La Comunidad para el Desarrollo Humano

Programa Radial “Semillas de Agua"

Centro de las Culturas

Ecología Humanista

Centro Ecocéanos

Red de Acción por la Justicia Ambiental y Social – Santiago

Centro de Formación Ambiental Comunitaria de Pudahuel

Comité Ecológico Dignidad y Derechos de La Granja

Coordinación de Organizaciones Anti-Pascua Lama, Santiago

ChillanActivo

GENERA

AMIGOS DE LA TIERRA, América Latina y el Caribe

REDES, Amigos de la Tierra Uruguay

Federación Amigos de la Tierra Argentina

Coecoceiba, Amigos de la Tierra Costa Rica

CERDET, Amigos de la Tierra Paraguay

La Caleta

Centro de Estudios Sociales CIDPA

Fundación Ideas

Jundep

Sodem

ACHNU

Acción por la Tierra

Corporación Humanas

Caleta Sur

Escuela de Gestores y Animadores Culturales

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo