El Mostrador 21-08-2009

21 de Agosto de 2009

Claudia Lagos  y Laureano Checa*

En octubre de 2002, bajo la presidencia de Ricardo Lagos y con Javier Etcheberry como ministro de Transportes y Telecomunicaciones, el parlamento aprobó una ley que renovó automáticamente hasta el 2010 las concesiones de radiodifusión sonora que vencerían en enero de 2004. Sin embargo, no se beneficiaron de dicha reforma las radios de mínima cobertura.

En 2008, una ley similar fue aprobada por el Congreso, consagrando el derecho preferente de los actuales operadores sobre dicha concesión. Con ello, los derechos de explotación a plazo fijo se transformaron, en la práctica, en concesiones indefinidas. Nuevamente, se trataba de una modificación que no alcanzaba a las radios de mínima cobertura.

Por el contrario, las radios de mínima cobertura (que algunos llaman comunitarias, otros; populares; algunos, radios locales) pueden aspirar a una concesión de máximo tres años, con una potencia que, a veces, no alcanza ni los límites de la comuna donde está instalada. Adicionalmente, tienen prohibida cualquier estrategia de venta de publicidad, dificultando su supervivencia y dejándola al arbitrio de la buena voluntad de quienes las sostienen con esfuerzo y en sus ratos libres.

En ese contexto, y en el marco de mayores demandas en torno al derecho a la comunicación en este siglo XXI de las nuevas tecnologías, es evidente que muchas radiodifusoras de mínima cobertura funcionan al borde de la legalidad. Las vallas impuestas para su funcionamiento muchas veces contribuyen a ello. Pareciera ser que el aparato jurídico y administrativo apunta a desincentivar la organización local y de base en torno a propuestas comunicativas ajenas a los medios tradicionales y de vocación masiva.

Y estas radios no sólo operan al borde de la cornisa: ante las denuncias de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), gremio que agrupa a las radios comerciales, organismos fiscalizadores como la Subtel y el ministerio público, las han perseguido, clausurado y confiscado sus equipos de transmisión.

La misma semana que la Cámara de Diputados aprobaba un proyecto de radiodifusión ciudadana, a principios de Agosto, la policía clausuró las radios UV15 de Cerro Las Cañas y 2000 de Cerro Montedónico, en Valparaíso, y Renacer y Conexiones, ambas de Lota, mientras otras decidieron bajar sus micrófonos temerosas de represalias similares. En el caso de la Radio Sin Tierra, de Villa La Reina, de Santiago, declinó llegar a un acuerdo alternativo con la fiscalía, pese a que se expone a penas mayores, debido a que desea legitimar el derecho a la comunicación que la legislación actual no garantiza según consigna un artículo de la radio comunitaria Juan Gómez Millas del ICEI. Adicionalmente, según han informado diversos medios sobre el tema, la acción policial en Valparaíso se inició debido a una denuncia de un concejal de dicho municipio y presidente regional de la Archi, Eugenio González, quien además es director de la radio Congreso. Esta arremetida contra las radioemisoras ha desatado protestas pacíficas en la ciudad.

ACCION A.G., que reúne a unas 70 organizaciones no gubernamentales en Chile, varias de ellas impulsan actualmente la campaña "Por el derecho a la comunicación", emitió una declaración pública donde indica que, "a pesar que estos operativos se enmarcan en legalidad vigente, configuran una flagrante violación a la libertad de expresión al tratar de impedir la diversidad de voces en las frecuencias de radio, afectando a su vez a las organizaciones sociales y a los derechos de sus comunidades a recibir informaciones y opiniones". La Radio Universidad de Chile, en tanto, se desafilió de la ARCHI en protesta por la política gremial contra las radios de mínima cobertura.

En la introducción a un libro sobre radios comunitarias recientemente lanzado en Katmandú, el Director de la división para el desarrollo de la Comunicación de Unesco, Wijayananda Jayaweera, recalcó que la existencia de este tipo de medios locales está vinculada a la generación y mantenimiento del capital social. "El capital social -argumentaba- crea la posibilidad para el desarrollo comunitario, pero es también un producto clave del desarrollo comunitario".

Se supone que el desarrollo del capital social es lo que está en la base del tercero de los cuatro ejes de la Agenda Pro Participación Ciudadana de la Presidencia: el Fortalecimiento de la Sociedad Civil. Justamente, uno de los fundamentos de esta agenda sostiene que "la política democrática, más que en la suma de intereses privados o de opiniones aisladas, se potencia en la interacción comunicativa de ciudadanas y ciudadanos con igualdad de derechos".

La falta de una política pública de fomento al surgimiento de radios comunitarias ya presentaba una contradicción entre aquella lejana promesa de un gobierno ciudadano, que pretende encarnar la Agenda Pro Participación, y la realidad normativa que restringe el desarrollo de los medios locales al entregarles un muy limitado acceso al uso del espacio radioeléctrico, un bien común que nuestra legislación solo reconoce como un espacio de explotación comercial digno de ser ocupado por aquellos que pueden pagar para hacerse un espacio en el dial.

Sin embargo, la contradicción se despejó totalmente cuando la fuerza pública, bajo mandato de la autoridad, descerrajó puertas y requisó -violentamente- el equipamiento de radios comunitarias en Santiago, Valparaíso y Lota, silenciando con cinta amarilla esas voces que, según la Unesco, ayudan a fortalecer la comunidad.

*Claudia Lagos es Coordinadora del Programa de Libertad de Expresión del ICEI de la Universidad de Chile.

*Laureano Checa es Investigador del ICEI de la Universidad de Chile.