Corporación Observatorio Latinoamericano
de Conflictos Ambientales OLCA
Observamos que uno de los problemas que
afecta a la sociedad chilena es el ambiental. Permanentemente somos
confrontados con episodios en que comunidades y poblaciones claman por el
respeto a sus derechos ambientales vulnerados por empresas, por el estado o por
proyectos de diversa índole.
Las respuestas
a estos clamores se repiten: el país debe crecer, las actividades productivas
dan empleo, no podemos anteponer el ambiente al desarrollo, etc, etc.
No
obstante la mayor carga de los deterioros ambientales recaen sobre comunidades
pobres que no pueden ejercer presión ni anteponer intereses individuales para
hacer respetar sus derechos. Podemos decir que desde el punto de vista de la
calidad ambiental existe una mala distribución de los llamados “costos del
desarrollo”. De este modo el mal llamado desarrollo que en realidad es
crecimiento económico se torna indeseable para las comunidades que deben cargar
con los daños ambientales.
Territorialmente también podemos observar
que la contaminación y la ejecución de actividades peligrosas para el ambiente
y la salud se lleva a cabo en lugares donde habitan comunidades de escasos
ingresos y mal acceso a los servicios y al ejercicio de los derechos. Dentro de
esta territorialidad que “puede soportar” mayor contaminación y deterioro
ambiental se destacan los territorios indígenas, especialmente los Mapuche.
Si
observáramos un mapa del deterioro ambiental de Chile, este coincidiría
mayormente con el mapa de la pobreza. Ello nos lleva a pensar que el país
presenta un cuadro de injusticia ambiental en donde ni la ley ambiental ni la
institucionalidad han logrado influencia gravitante.
Han sido algunas
organizaciones ambientales y principalmente las comunidades mismas las que han
luchado y siguen luchando para recobrar derechos a los que sólo con esfuerzo y
resistencia han podido acceder.
La
institucionalidad ambiental chilena no aporta a la justicia ambiental. Muy por
el contrario. La Conama y las Coremas no actúan preventivamente ni fiscalizan a
aquellos proyectos que dañan el ambiente y perjudican a comunidades pobres.
Una rápida
aprobación de los proyectos de inversión , en lo posible sin oposición
ciudadana forman parte del ideal del modelo de aplicación de las leyes
ambientales y del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA.
Aquellas
comunidades que luchan por sus derechos y se resisten a ser victima de la
injusticia ambiental forman un dolor de cabeza para las autoridades.
En lugar de ser
visto como un legítimo ejercicio de democracia el conflicto ambiental que
inician las comunidades es interpretado y pregonado por la autoridad como una
actitud irracional, fuera del contexto de crecimiento y desarrollo del país.
Por otro lado
los inversionistas descansan en la labor gubernamental y del Estado, que asume
como tarea propia allanar el camino a proyectos aunque los costos ambientales
sean grandes y sean rechazados por las comunidades.
Ejemplos
sobran. En el ámbito minero, forestal, agricultura y uso de agroquímicos,
vertederos, construcción de infraestructura caminera, aeropuertos, puertos,
pesca y cultivos marinos, etc., es larga la lista de comunidades que han tenido
que sacrificar la calidad de su ambiente y arriesgan su salud y su seguridad en
aras de un crecimiento económico que además les da vueltas la espalda.
La
estrategia de integración comercial chilena ofrece como moneda de cambio la
invariabilidad de las condiciones de injusticia social y ambiental existentes
el en país como ventajosa garantía a las inversiones extranjeras.
Ocupar los
espacios de participación que les ofrece el SEIA se ha convertido en una de las
mayores frustraciones de comunidades que han confiado en la legislación y la
justicia chilena. La respuesta de las instituciones es unánime: si eres pobre y
no tienes poder, debes aceptar el peso de los daños ambientales y sus
consecuencias. A la hora de tomar decisiones, pesa más la cantidad de dólares
que serán invertidos que los daños a la población y al ambiente. Incluso en
sectores como el minero, donde las ganancias se basan en el engaño, el abuso y
el fraude al fisco: ganan las empresas transnacionales; pierde todo el país.
El desarrollo
ha de ser visto como una fórmula para satisfacer las necesidades humanas
básicas cultivando la equidad y sin poner en riesgo el planeta y pensando en el
compromiso con las generaciones futuras.
ALGUNAS
EXPRESIONES DE INJUSTICIA AMBIENTAL:
Son las comunidades pobres las que tienen que asumir dichos costos y los
sectores poderosos los beneficiados económicamente de las actividades
contaminantes. La eliminación de los daños ambientales es la primera necesidad
y la no afectación de comunidades pobres una condición de equidad básica.
La igualdad ante la ley y el acceso a oportunidades, el derecho a disentir, la
libre determinación del tipo de desarrollo, la oposición a actividades y
acciones que tengan consecuencias negativas son premisas vedadas para las
comunidades pobres y sin poder.
El modelo económico neoliberal, los acuerdos de libre comercio y la
transformación de los ciudadanos en meros consumidores es un intento de amarre
y consolidación de esta situación evitando transformaciones democráticas y
participativas desde los ciudadanos y sus organizaciones.
Los espacios de participación consagrados en
leyes y decretos son beneficio para algunos y escollos para otros. Cuando la
participación ciudadana pretende hacer valer derechos ambientales se torna
molesta e inadecuada y sus manifestaciones se reprimen con el brazo armado del
Estado.
Hay trabajadoras y trabajadores en el país
que deben soportar situaciones de alto riesgo en su salud por la falta de
medidas ambientales adecuadas. Las trabajadoras agrícolas, los mineros, los
operarios del asbesto son casos conocidos, pero sin duda existen muchos mas que
son escasamente conocidos por la opinión pública.
Los proyectos empresariales, los planes del
Estado, los monitoreos de calidad ambiental, las evidencias de contaminación y
afección a la salud de poblaciones sin derechos son el pan de cada día en la
relación entre comunidades, empresas y Estado. El derecho a saber lo que sucede
con el ambiente propio y la propia salud es prerrogativa de muchos otros, salvo
los mismos afectados.
Los beneficios de un ambiente sano es
derechos de quienes pueden pagar por el. Quienes no poseen los recursos necesarios
deben conformarse con gozar de los beneficios de ambientes de baja calidad,
contaminados e inseguros.
Un ejemplo
claro son las construcciones de villas y poblaciones cercanas a actividades
contaminantes, entre los que se cuentan las aplicaciones de plaguicidas, los
vertederos, industrias peligrosas, etc.
Sustancias peligrosas depositadas en lugares
que en el futuro se necesitaran para satisfacer las necesidades de las
generaciones futuras, el uso de químicos en la agricultura contaminando y
minando el poder reproductor de trabajadoras y trabajadores es una deuda que se
ha ido adquiriendo con las comunidades mas pobres del país. Los gobiernos no ratifican tratado internacionales
o no condicionan la firma de acuerdos comerciales a la ratificación de tratados
y su estricto cumplimiento. La protección ambiental y de las personas y
generaciones futuras en el discurso oficial carece de contenido y consistencia.
Los pueblos
indígenas no solo han sido despojados de sus territorios sino que allí se ha
desarrollado luego actividades insustentables que les afectan en su forma de
vida y conservación de sus costumbres y cultura. Como un estorbo a las
actividades productivas por la incompatibilidad de sus formas de vida
tradicionales con un mal llamado progreso, han visto mermadas sus posibilidades
de subsistencia y conservación. Destinados a desaparecer en aras del progreso,
en tiempos en que se reconoce formalmente su importancia, no gozan de medidas
de protección especiales y son como cualquier ciudadano sometidos a los
destinos ambientales de los “sin derecho” consolidando una situación evidente
de racismo ambiental.
El país ha sido testigo de la necesidad de
convivencia con las comunidades de inmigrantes. Estos, buscando mejores
condiciones de vida deben, muchas veces,, aceptar condiciones de vida y de
trabajo que difícilmente la población nacional aceptaría. Por la falta de
derechos, por ser en algunos casos ilegales se les emplea para actividades con
riesgo de salud. La exposición de ellos a sustancias peligrosas les ubica en
categorías de personas de menor valor. La diferencia es que a aquellos ni
siquiera se les considera ciudadanos. Esta forma de racismo se consolida con
medidas populistas que atentan contra la dignidad de los grupos vulnerables.
Los
atropellos del sistema económico vigente afectan especialmente a las mujeres.
Ellas deben aportar mano de obra barata, con escasa o ninguna protección. El
sistema de seguridad social y de salud permiten que las mujeres sean utilizadas
productivamente pero no cuentan a la hora de requerir beneficios en salud y
previsión, etc., mientras se les obliga a incorporar la flexibilidad laboral,
la dependencia de contratistas, que consolidan la injusticia.
El
deterioro ambiental afecta también especialmente a las mujeres. El trabajo con
agroquímicos, la falta de acceso a servicios básicos de calidad, la inseguridad
ecológica y los problemas de salud que afecta a la familia son aspectos que las
mujeres deben enfrentar para garantizar la calidad de vida de la familia,
especialmente los hijos.
Demostrar
la contaminación o la afección a la salud de actividades contaminantes se ha
convertido en un escollo para muchas comunidades que intentan probar el riesgo
que deben enfrentar. La permisividad del Estado tiene límites cada vez más
laxos.
La aplicación
del principio de precaución, entendido como aquel que impide que se desarrollen
actividades que probadamente demuestren que no afectan el ambiente, la salud y
la seguridad ambiental da paso a la aceptación de una cuota de riesgo que es
asumida por el ambiente y por las comunidades pobres e indefensas. La exigencia
de la aplicación de tal principio es considerada descabellada por el Estado y
los inversionistas. El beneficio de la duda es el perjuicio del ambiente y de
las comunidades si, como muchas veces, las predicciones optimistas dan paso a
la realidad de la naturaleza.
La
sobrevivencia en el planeta está en peligro. La ausencia de una relación
armónica entre la especie humana y el resto de las especies es evidente. La
devastación ambiental no solo pone en riesgo la vida sobre la tierra, incluida
la humana, sino que afecta principalmente a comunidades que habitan ecosistemas
frágiles. La afectación de sus entornos les convierte en migrantes, mas
conocidos como refugiados ambientales. Ello genera conflictos entre comunidades
poniendo en riesgo la paz y la convivencia armónica entre humanos y con otras
especies.
Esta deuda que como concepto es nueva, data
al menos conocidamente de la colonia. El saqueo de los recursos naturales y la
contaminación, la devastación del ambiente, la desaparición de especies
producto de la ilimitada ambición del conquistador, seguido por el imperialismo
más reciente ha construido una deuda principalmente del norte con el sur que
supera con creces la suma de las deudas externas de los países dependientes.
El incremento
de la deuda ecológica con expresiones trágicas actuales forma parte de la
injusticia ambiental de la que son victima los países pobres y dentro de los
países pobres nuevamente los más pobres.
Llamamos a todas
las personas y sus organizaciones, que como actores o testigos se consideran
afectadas por situaciones que pueden definirse como injusticia ambiental o que estiman que esta
injusticia debe ser eliminada, a las siguientes acciones:
1.-
Reconocernos defensores y defensoras de la justicia ambiental como parte de los
derechos humanos.
EL derecho a un
ambiente sano e igualdad de oportunidades respecto del acceso a los recursos
naturales, la seguridad ecológica y las garantías para las futuras generaciones
es una demanda intransable que no puede ser mediatizada por supuestos
beneficios económicos o de otra índole si con ello ponemos en riesgo la
integridad de las personas y del ambiente.
2.- Reconocer a
quienes viven o sienten de manera similar. Identificar las situaciones de
injusticia ambienta en el entorno propio y a los actores que enfrentan esa
situación.
La mayor parte
de los actores sociales que viven experiencias ambientales difíciles, que no
son resultas por el mercado o por los programas asistencialistas del Estado
creen estar solos en sus luchas y demandas, en circunstancias que existen
muchas comunidades que viven aisladamente experiencias similares. Es importante
conocerse entre sí y reconocerse de manera de poder ejercer acciones de
solidaridad y apoyo mutuo.
3.- Establecer
nexos en las acciones y demandas de problemas socio-ambientales comunes
exigiendo para sí y para los y las demás la superación de las situaciones de
injusticia ambiental de que se es objeto.
Son
muchas las personas y organizaciones que realizan acciones y presionan
individualmente por soluciones a sus problemas. El apoyo mutuo es una
herramienta de presión legítima y útil para resolver injusticias aunque estas
se hayan ido consolidando con el tiempo.
4.- Denunciar
públicamente en cada caso a los responsables de la injusticia ambiental y su
consolidación.
Los
responsables de situaciones de injusticia ambiental y quienes los amparan han
gozado de impunidad. Desenmascararlos públicamente, denunciarlos y exponerlos
al rechazo social es una actividad éticamente legitima. La funa ha sido un
instrumento que ha ayudado a hacer justicia cuando esta no se hace cargo de
aquellos casos.
5.-
Coordinarse, intercambiar información, y desarrollar acciones comunes en el
ámbito de la recuperación de la justicia ambiental y el acceso a información, y
participación en la toma de decisiones que nos afecten individual y/o
colectivamente.
Generalmente
existen espacios formales de participación y derechos que no son exigidos o
simplemente no se cumplen. El ejercicio de la democracia implica la utilización
de dichos espacios y exigencia de los correspondientes derechos.
6.- Hacerse
parte de la lucha de quienes demandan justicia ambiental para si mismos y para
todos y todas, exigir la atención a los problemas planteados y aunar esfuerzos
para logra la solución de las situaciones de injusticia ambiental presentadas.
7.- Incorporar
en los espacios sociales donde se interactúa con otros y otras las demandas de
justicia ambiental así como generar y discutir estrategias de acción para
lograr tales objetivos.
Muchas veces
hay más personas que están dispuestas intercambiar sus experiencias y tienen
mucho que contar respecto a sus vivencias en este tema.
8.- Incentivar
el tratamiento de la justicia ambiental en los establecimientos educacionales y
centros de formación desde una perspectiva ética, social, ambiental y practica,
incorporando el concepto y la necesidad de acción y coordinación en asistentes
a dichos establecimientos contribuyendo a crea una cultura de justicia
ambiental y social.
9.- Incorporar
a la acción a todos los sectores que directa o indirectamente se ven afectados
por la injusticia ambiental
Sindicatos,
mujeres, pueblos indígenas, gremios, minorías, etc, deben ser conscientes que
la justicia ambiental es un derecho que les pertenece y que pueden y deben
recuperar.
10 Reconocer el
derecho de los pueblos indígenas a su territorio, sus recursos naturales, el
suelo y subsuelo, recuperación y ejercicio de su cultura y organización y
autodeterminación.
11.- Promover
la reflexión, investigación,
sistematización, estudio y difusión de situaciones de injusticia ambiental en
las localidades y en toda la región de manera de contribuir a la elaboración de
informes regionales y nacional sobre injusticia ambiental en el paÍs
12.- Demandar
de las autoridades municipales, gobiernos regionales, representantes de
instituciones diversas, políticas de respeto a los derechos ambientales de la
población e intervención en los episodios y hechos que atenten contra la
justicia ambiental.
13.- Llamamos a
todos y todas, desde sus actividades cotidianas, desde sus gremios y fuentes de
trabajo, desde sus participaciones en organizaciones sociales, indígenas,
estudiantiles, laborales, ecologistas, religiosas, a convocar a la conformación
y participación en redes locales, regionales, nacionales y sumarse a las
iniciativas internacionales en el camino hacia la recuperación de la justicia
ambiental para todos y todas, su consolidación como parte de los derechos
humanos asegurando así un ambiente sano y con futuro para el planeta.