 LO QUE LA COMUNIDAD DE CABO AROCA
 SIEMPRE SO... , 
 Y LA PESADILLA DE GASCO:
 
 El cierre de planta de Cuatro Esquinas
 
 Historia
 
 Amaneca el 19 de junio de 1997 en el sureo sector de Cautro Esquinas, Hualpencillo, 
 Comuna de Talcahuano, VIII regin del Bo Bo. Fro, nuboso, amenazante, presagio tal
 vez del desenlace de los hechos que llevaran a dar solucin a un problema ambiental
 largamente denunciado por los vecinos del sector.
 
 O, tal vez las nubes eran solo la continuidad del frente de mal tiempo que afectaba a
 gran parte del pas, amenazando dejar aisladas comunidades lejanas, cortando caminos,
 puentes, vas frreas, pasos fronterizos.
 
 La historia se remonta a 1981 cuando la Compaa de Gas de Concepcin suscribi un
 contrato de compraventa y construccin  de una planta de gas con las sociedades Creusot
 Loire Enterprises y LeGaz-Integral.
 
 La Construccin de la planta de gas fue finalmente terminada por Gasco Concepcin
 S.A. quien compr las instalaciones de la quebrada Compaa de Gas.
 
 A partir de 1984, fecha en que se inicia  la produccin de gas a partir de carbn, los
 vecinos comienzan a sentir diferentes sntomas nunca antes detectados: dolores de
 cabeza, mareos, irritacin en los ojos, somnolencia, afecciones respiratorias variadas, etc.
 Junto a ello un fuerte olor a gas inundaba por las noches los alrededores de la planta y
 emanaba los desages de los baos y las cocinas. A la hora de descanso de los vecinos
 de Cabo Aroca el olor se hacia insoportable transformando la noche en el momento
 menos esperado por la comunidad, que presa de inquietud y desagrado, buscaba los
 orgenes del problema.
 Claramente la planta de Gas era la culpable de las molestias, pero como el gas se
 introduca en las viviendas, continuaba siendo el mayor enigma de este grave problema
 ambiental.
 
 Los reclamos de los vecinos no tuvieron los resultados esperados y la planta de gas pudo
 funcionar durante mas de 10 aos sin tener mayores problemas con las autoridades
 encargadas de velar por la salud del ambiente y de la poblacin. El alcalde de la poca.,
 de instalacin de la planta, Eugenio Cantuarias, hoy senador por el circunscripcin, haba
 autorizado el funcionamiento de las instalaciones sin que estas hubieran cumplido
 plenamente los requisitos que los tramites administrativos demandan, entre otros una
 clasificacin de la actividad realizada por Gasco en el lugar.
 
 
 
 
 As fueron pasando los aos y las molestias solo se vieron incrementadas. Finalmente, la
 comunidad organizada en el comit de Emergencia de Cabo Aroca present en octubre
 de 1991 un recurso de proteccin ante la Corte de Apelaciones de Concepcin
 demandando el cese de la actividad contaminante. 
 
 Esta iniciativa tuvo un triste desenlace. El abogado patrocinante, haciendo uso de los
 poderes entregados por los pobladores negoci a espaldas de la comunidad un supuesto
 acuerdo con Gasco y la empresa continu su trayectoria de contaminacin sin limites.
 
 A pesar de ello, se haca  demasiado burda la posicin de la empresa al no escuchar los
 reclamos de los vecinos y escudarse constantemente tras la falta de pruebas
 condenatorias, efectos directos y emanaciones txicas de otras fuentes. Segn Gasco, el
 sector de Cuatro Esquinas estara siendo contaminado por mas de una actividad
 industrial y  ellos tendran la menor participacin y responsabilidad en los hechos.
 
 Entre el ao 1991 y 1994, la comunidad realiz una serie de denuncias y exigencias a
 las autoridades con el objeto de lograr la erradicacin de la fuente mas importante de
 contaminacin que les afectaba:  la planta de gas de Cuatro Esquinas, sin que ellas
 tuvieran los resultados esperados.
 
 Producto de las constantes denuncias hechas a las autoridades de salud, algunos
 profesionales del rea tomaron en serio las demandas de la gente, que peda la
 realizacin de estudios para determinar la responsabilidad de Gasco en el deterioro de la
 salud de la gente de los alrededores de la planta.
 
 Al menos seis estudios fueron realizados por profesionales de la salud y demostraron,
 unos mas que otros, el efecto que la contaminacin principalmente proveniente de
 Gasco, produca en la gente.
 
 Un anlisis econmico realizado por una profesional de la salud, a pesar de tener un
 carcter preliminar,  indica que el Estado a travs del Consultorio de Hualpencillo haba
 estado subsidiando la contaminacin de Gasco en al menos $ 133.304.208 para el
 perodo 1984 - 1994.
 
 Sin embargo el estudio mas importante para los afectados se refera a los daos que los
 contaminantes de la planta de gas produca en los genes de los habitantes del sector.
 Principalmente los hidrocarburos aromticos policclicos eran los responsables de las
 alteraciones genticas detectadas en las cinco muestras analizadas por la Universidad de
 Concepcin.
 
 La preocupacin que los resultados del estudio gener en la comunidad alent a los
 pobladores a interponer un recurso de proteccin contra la empresa responsable de los
 contaminantes genotxicos, recurso que qued fuera de consideracin por haberse
 conseguido por otros medios lo que el recurso demandaba, esto es cerrar el proceso
 productivo.
 
 
 En efecto, la planta de Cuatro Esquinas haba iniciado sus actividades bajo condiciones
 de autorizacin, fiscalizacin y control de la municipalidad, condiciones que bajo el
 rgimen militar no se cumplieron a cabalidad.
 
 Sin la clasificacin la empresa inici sus actividades en un sector S5, que permita una
 serie de actividades entre las que se contaba industria molesta y/o peligrosa.
 
 Sin embargo una de las anomalas mayores de la planta de gas de Cuatro Esquinas y que
 produca mas problemas, era su conexin al sistema de evacuacin de aguas lluvias. Si
 esta conexin hubiese estado en regla, y a travs de un ducto hubiera evacuado sus
 residuos lquidos  lejos del sector habitacional, tal vez el problema de contaminacin
 inicial hubiera pasado desapercibido.
 
 Explica esta conexin, la escasa de fiscalizacin al instalar la planta, situacin que alent
 a  Gasco a conectar su efluente de evacuacin de RILES (Residuos Industriales
 Lquidos) al colector de aguas lluvias,
  Esta es una posible y tal vez nica explicacin de la existencia de gas en las cocinas y
 baos de las viviendas del sector:
 El colector de aguas lluvia se juntaba con el alcantarillado del sector en algn punto
 bajo la tierra en su ruta hacia el Bo Bo.
 Durante el da el flujo de agua que emanaba de las viviendas era suficiente para generar
 un tiraje en direccin del ro. Sin embargo, por las noches el flujo de agua disminua y
 con el tiraje descendiente. Esta "calma" en el desage permita que los gases, sustancias
 voltiles contenidas en los RILES de Gasco, evacuadas al colector de aguas lluvias,
 subieran por el alcantarillado de las casas buscando una va de escape hacia la
 superficie.
 Varias mediciones realizadas por la municipalidad detectaron la presencia de gas en los
 sumideros de las calles y en las viviendas del sector. Se revelaba as el misterio de la 
 presencia de gas en calles y viviendas del sector.
 
 Gasco fue obligado a dar tratamiento a sus RILES, no sin antes lidiar con ESSBIO,
 quien es propietario de la red de aguas servidas y alcantarillado y debe autorizar
 debidamente las descargas domiciliarias e industriales.
 El conflicto entre Gasco y ESSBIO se debi a que este servicio haba dado un plazo a
 GASCO  para que regularizara su situacin de descarga de RILES. Gasco, una vez ms,
 haba hecho caso omiso a las exigencias de las autoridades y no haba respetado el plazo
 de ESSBIO. 
 Producto de ello, el servicio sanitario, con fecha 30 de octubre de 1991, clausur la
 descarga de residuos lquidos de la planta lo que implicaba que sta deba suspender sus
 operaciones.
 
 
 
 
 
 
 Inexplicablemente. La clausura fue levantada por el intendente, quedando de manifiesto
 el poder de una empresa privada por sobre los servicios del Estado.  Gasco haba jugado
 nuevamente a los hechos consumados, no acatando plazos y presionando luego a las
 autoridades para la solucin de su problema.
 Esto demostraba a la comunidad el poder de la empresa y presagiaba sobre  las reales
 posibilidades de  presin de los vecinos para solucionar el problema de la contaminacin
 de la planta.
 
 A pesar de las vinculaciones de Gasco, los vecinos insistieron en denunciar los episodios
 constantes de contaminacin de que eran vctimas, sobre todo en las noches y cuando el
 viento soplaba de norte a sur, arrastrando los humos de la planta hacia las viviendas de
 Cabo Aroca.
 La insistencia de los vecinos movilizaron en varias oportunidades a las autoridades,
 multaron a Gasco y en una oportunidad clausuraron sus actividades. No obstante, las
 multas eran apeladas en los juzgados y la clausura era levantada tras algunas horas de
 negociacin.
 
 Otra preocupacin de los vecinos deca relacin con los accidentes e incendios que
 sucedan dentro de las instalaciones de la empresa y que pona en peligro la seguridad de
 los habitantes del sector.
 En mas de una oportunidad fue denegado el acceso de bomberos en momentos en que
 las llamas se haban adueado de algunas de las instalaciones.
 
 En 1994, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales fue contactado por
 el autor del estudio genotxico, que solicit apoyo para la comunidad, ya que ninguna de
 las acciones y denuncias haban surtido efecto.
 
 El trabajo del Observatorio estuvo dirigido a identificar las posibilidades de presionar a
 las autoridades para que buscasen una solucin definitiva al problema.
 
 Entre los antecedentes recopilados por el observatorio se encontraba la no clasificacin
 de la empresa, que en esos momentos funcionaba en un sector que no era apropiado para
 la actividad contaminante y peligrosa.
 
 Gestiones realizadas a varios niveles, desembocaron en la evidencia de que sin
 clasificacin, Gasco no poda funcionar. Por otro lado, la planta ya estaba funcionando,
 de modo que lo que caba era solicitar a la Municipalidad de Talcahuano que a su vez
 oficiara al Servicio de Salud para que este ultimo realizara la clasificacin
 correspondiente. 
 
 As fue que con fecha 19 de abril de 1995 el Servicio de Salud oficia a la municipalidad
 la clasificacin de la planta de Gasco ubicada en Cuatro Esquinas. EL informe indica
 ineludiblemente que se trata de una actividad contaminante y peligrosa.
 
 
 Con este informe en la mano, el Consejo Municipal acuerda otorgar el plazo mnimo
 para que Gasco traslade sus instalaciones. El plazo estipulado era de un ao, que venca
 el 16 de junio de 1996.
 
 La respuesta de Gasco no se deja esperar: en julio de 1995 recurri de proteccin contra
 el informe del Servicio de Salud y contra la resolucin de la Municipalidad de
 Talcahuano.
 
 El 19 de junio de 1996, la Corte de Apelaciones de Concepcin rechaza el recurso de
 proteccin interpuesto por Gasco, confirmando de esta forma lo resuelto por la
 Municipalidad de Talcahuano que dictamina el traslado de la planta de Cuatro Esquinas
 por contaminante y peligrosa.
 
 Gasco apela a la Corte Suprema, que en diciembre del mismo ao agrega en su sentencia
 un ao mas al ya otorgado por la municipalidad y que se cumpla el 19 de junio de
 1997.
 
 Gasco reacciono satisfecho por el logro obtenido , sin embargo el decreto de traslado de
 la planta estaba aun vigente, con la salvedad que se extenda por un periodo que doblaba
 al inicial.
 
 As las cosas, Gasco interpreto el fallo de la Corte como una prolongacin del plazo, en
 un ao mas a partir del fallo de la Suprema.
 
 Esta interpretacin provoc el rechazo y la indignacin de la comunidad e irritacin en
 la municipalidad. El asesor jurdico del municipio no dud en enfatizar que el plazo
 definitivo de cierre de la planta de gas seria el 19 de junio de 1997, sumado el ao
 otorgado por la Corte Suprema.
 
 Como un intento de desenfocar el conflicto, Gasco present su proyecto de remplazo de
 la planta antigua de gas por una planta de produccin de propano diluido, que al mismo
 tiempo seria una solucin intermedia entre la contaminacin de gas de carbn y el
 esperado gas natural argentino.
 
 Fue as como comenz la carrera de la empresa por aprobar el estudio de impacto
 ambiental que le permitira construir su nueva planta. El periodo de construccin durara
 unos ocho meses y la aprobacin del estudio de impacto ambiental se esperaba para
 mediados del 97. De este modo era imposible plantear, como lo hacia Gasco, esta planta
 como solucin a su antigua y contaminante usina.
 
 Por otro lado, la comunidad se opuso a la construccin de la nueva planta ya que
 consideraba que se trataba de una instalacin peligrosa, por estar ubicada a 50 metros de
 las primeras casas de la poblacin Cabo Aroca.
 
 As mismo, las observaciones al estudio de impacto ambiental realizadas por
 profesionales del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, sealaban
 entre otras cosas que haba demasiados vacos en el estudio para ser aprobado y que la
 peligrosidad de las instalaciones efectivamente la hacia incompatible con su ubicacin.
 
 Indudablemente Gasco pretenda usufructuar del prestigio de EULA, el centro cientfico
 asociado a la Universidad de Concepcin, para logra un mnimo de reparos posibles a su
 proyecto.
 La relacin entre Gasco y EULA databa al menos de 1995 cuando la empresa comparti
 un stand en la Eco-Feria de Santiago presentando algunas actividades que realizaban, por
 separado por supuesto.
 Quedaba as de manifiesto que Gasco financiaba a EULA en algunas actividades, como
 la presentacin del Centro en esa feria alternativa. La "vuelta de mano" por los servicios
 de Gasco a EULA quedaron mas tarde de manifiesto cuando EULA comprometi
 realizar un monitores de la planta y finalmente realizando su estudio de impacto
 ambiental de la planta de propano.
 
 Una de los argumentos utilizados constantemente por Gasco frente a un posible cierre de
 la planta era el problema del suministro.
 Segn la empresa, haba un compromiso de abastecer gas a trece mil?? usuarios y si
 Gasco se vea obligado a suspender su produccin de gas, se enfrentara una grave crisis
 de desabastecimiento.
 Las investigaciones realizadas por el Observatorio indicaban que por Gasco tener una
 concesin, deba suministrar gas, as lo tuviera que comprar de otras fuentes. En todo
 caso, Gasco hacia lo posible por eludir esta responsabilidad.
 
 Dos meses antes del cumplimiento del cierre de la planta, la comunidad envo cartas a
 los diferentes servicios del estado, entre los que se contaba el Intendente, la
 Gobernadora, La superintendencia de Electricidad y Combustibles, la Municipalidad,
 etc., pidiendo se adelantaran las gestiones para que el cierre de la planta no estuviera
 condicionada por el abastecimiento.
 
 Las respuestas de las autoridades indicaban que el suministro era de exclusiva
 responsabilidad de Gasco y que por tanto deba garantizarlo a como diera lugar.
 
 La preocupacin de la gente se mantuvo ya que esa respuesta no satisfaca las
 inquietudes de que Gasco pudiera seguir funcionando a pesar del decreto municipal, tan
 solo, para asegurar el abastecimiento.
 
 Otras investigaciones dieron como resultado que Gasco compraba gas a Huachipato
 durante algunos meses del ao, lo que hacia suponer que esta empresa poda hacerse
 cargo del suministro si la planta de gas cerraba sus puertas. Las esperanzas de la
 comunidad se centraron en esta solucin a un posible desabastecimiento, a pesar que el
 presidente de la CAP, propietaria de Huachipato, haba sealado en mas de una
 oportunidad que ellos no estaban en condiciones de vender gas ya que no contaran con
 excedentes.
 
 
 El 19 de junio, fue un da agitado. El superintendente nacional de electricidad y
 combustible haba viajado desde Santiago a reunirse con la Municipalidad, la
 Intendencia, Gasco y Huachipato para, segn se supona, llegar a un acuerdo entre las
 autoridades y las empresas para evitar el desabastecimiento, situacin de la que haba
 alertado la comunidad dos meses antes.
 
 La comunidad se mantena alerta y desde hacia al menos 48 horas se encontraba
 organizando a los ciudadanos para hacer efectivo el cierre de la planta, en caso que las
 autoridades no cumplieran su funcin.
 
 Una vigilia en la noche del 18 demostr que, a pesar de las condiciones climticas, la
 comunidad estaba dispuesta a hacer cumplir el decreto vigente del consejo municipal,
 ratificado en su legalidad por el dictamen inapelable de la Corte Suprema.
 
 El mismo 19 en la noche, la comunidad espero al alcalde de Talcahuano, quien se haba
 excusado de asistir esa noche a cerrar las instalaciones de Gasco.
 
 A partir de las 0 horas de ese da, Gasco haba comenzado a funcionar ilegalmente ya
 que a esa fecha deba haber ya trasladado sus instalaciones.
 La comunidad puso un candado en las puerta de la empresa de modo de hacer efectivo
 el cierre y se convoc a la gente para la maana del da siguiente.
 
 El da 20 en la maana, se hizo nuevamente un bloqueo de la entrada de la planta a
 pesar que la empresa haba sacado los portones para evitar una nueva puesta de cadenas.
 Esta vez fue la comunidad que materialmente se pos frente a la entrada impidiendo as
 la circulacin de vehculos cargados de cilindros de gas u otro material. La comunidad
 manifest tranquilamente su voluntad de impedir el paso de vehculos a pesar de las
 provocaciones de trabajadores de la empresa.
 
 Finalmente, la municipalidad se hizo presente pasadas las 17 horas poniendo sellos en
 los cargadores de carbn, impidiendo as que continuara la produccin de gas a partir de
 carbn.
 Se inform mas tarde que Huachipato vendera mediante un contrato de siete meses, gas
 a Gasco para asegurar el abastecimiento.
 
 As de simple fue la solucin a pesar que el intendente haba manifestado en reiteradas
 oportunidades que nada se poda hacer respecto al problema de la contaminacin de
 Gasco por el riesgo del desabastecimiento. Qued de manifiesto entonces que,
 definitivamente no hubo voluntad de las autoridades regionales de intervenir en uno de
 los problemas mas evidentes de la regin.
 Cabe preguntarse ahora quien se har responsable de los daos a la salud que ha
 provocado Gasco durante los ltimos aos? y de los efectos que por la misma causa se
 manifiesten en los prximos aos y afecten a las generaciones venideras, y que sufran de
 malformaciones congnitas?
 
 
 Pero el conflicto no qued all, luego del cierre de la planta de Gasco.
 Inexplicablemente, la municipalidad de Concepcin interpuso un recurso de proteccin
 contra el edil de Talcahuano por los supuestos daos que podan sufrir los usuarios de
 gas de ciudad en un evento de desabastecimiento del combustible.
 Una de las razones de mayor peso esgrimidas por el asesor jurdico fue que el Hospital
 Regional de Concepcin se vera gravemente afectado por un eventual desabastecimiento
 de gas, sin embargo el director del establecimiento entrevistado por los medios de
 comunicacin asegur que el hospital no se vera afectado por tal hecho ya que solo sus
 cocinas funcionaban con gas de ciudad y ya haban previsto en tal caso, abastecerse de
 alimentos provisto por una empresa particular.
 
 As se hace aun mas inexplicable la posicin de la Municipalidad de Concepcin al
 realizar tal accin legal. Das mas tarde, el Consejo Municipal desconoci la medida del
 edil y se pronunci en contra de ella, lo que motiv el retiro del recurso.
 
 Los episodios descritos son parte de un conflicto ambiental que ofrece muchas lecciones.
 Algunas de ellas dicen relacin con la institucionalidad ambiental del pas. Otras, con la
 voluntad de las autoridades para intervenir en casos de comprobada contaminacin y
 daos en la salud. Por otra parte tambin algo se puede concluir respecto al rol de las
 instancias acadmicas frente a demandas de comunidades por un lado y empresas por
 otro.
 De las lecciones mas importantes, la frrea decisin de la comunidad de defender sus
 derechos se sita en el centro de la atencin del conflicto Gasco. As tambin, se
 encuentra el acceso a informacin tcnica respecto a los efectos de la contaminacin en
 la salud de las personas y el rol de las autoridades esto es deberes y obligaciones en la
 solucin de los problemas de salud y proteccin ambiental.
 
 Mencionaremos aqu las lecciones mas importantes del conflicto Gasco disculpndonos
 por aquellas que queden, por problemas de extensin de este trabajo, fuera de
 consideracin.
 
 
 Funcionamiento de actividades heredadas del pasado.
 La preocupacin por el ambiente se ha incrementado en los ltimos aos. A medida que
 crece el conocimiento del efecto de la contaminacin en el ambiente y en la salud de las
 personas, se estrechan los permisos para operar libremente de empresas contaminantes.
 Existe una suerte de ajuste ambiental con importantes consecuencias para la actividad
 productiva. Los costos de las adecuaciones ambientales quieren ser traspasadas a la
 sociedad toda, no as las ganancias producidas por el las mismas medidas.
 Descontaminar significa a mediano y largo plazo obtener mayores beneficios. Esta lgica
 utilizada en otros pases no se aplica en el nuestro y solo se habla de sacrificios para el
 sector empresarial.
 Muchos conflictos ambientales se generan hoy a partir del hecho que actividades antes
 permitidas hoy se ven seriamente restringidas.
 
 
 
 
 
  Si a esto sumamos la reticencia de los empresarios a ajustarse a las nuevas normas nos
 encontramos rpidamente situados en situaciones de conflicto, muchas veces de larga y
 difcil resolucin. La demora de la solucin del problema ambiental es un costo
 traspasado al ambiente y a la gente, lo que hace muchas veces intolerable la posicin de
 descuido de empresarios que operan con la complicidad de las autoridades.
 
 Voluntad de las autoridades de intervenir.
 Frente a la presencia de conflictos ambientales, lo esperado es que las autoridades tomen
 cartas en el asunto realizando un rol semejante al de mediador, identificando los
 intereses compartidos y las mas importantes diferencias de modo de proponer soluciones
 que satisfagan a la mayora. 
 Cuando las comunidades acuden a las autoridades, se encuentran con discursos
 desarrollistas, dudas respecto a episodios y efectos denunciados, simplificacin de los
 problemas y finalmente ausencia de voluntad de solucionar el problema en cuestin.
 En la actualidad las autoridades, salvo excepciones, se encuentran mas del lado de los
 empresarios que de la gente dejando de lado obligaciones inherentes a sus cargos: velar
 por el bien comn.
 
  Influencia de los poderes econmicos.
 En muchas oportunidades, inexplicablemente suceden cosas que nadie entiende.
 Autorizaciones dadas sin fundamento, actos ilegales no sancionados, carta blanca para
 realizar actividades no clasificadas debidamente por las autoridades correspondientes,
 permisos provisorios, informacin no disponible, negada, falta de transparencia en los
 servicios. Esto no es nuevo, es una practica que se repite a travs de los aos y los
 conflictos ambientales.
 Forma parte de las esferas de influencia de las empresas, que encuentran los medios de
 convencer de lo inconvencible o presionar lo intolerable. Vctima de ello son las
 comunidades que ven atropellados sus derechos. Actores cmplices: muchos servicios del
 Estado y autoridades que incomprensiblemente actan contra los principios de sus
 cargos: el bien publico.
 
  Persistencia de la accin de la comunidad.
 Las comunidades que se enfrentan a problemas ambientales son muchas veces tambin
 presa del desaliento y la decepcin. Naturalmente al no encontrar eco en lo que ellas
 consideran inicialmente sus aliados naturales, (las autoridades) el sentimiento es de
 desamparo. Esto resulta en muchos casos en la desistencia de los afectados de realizar
 las acciones correspondientes para evitar o reparar el dao ambiental. Sin embargo, las
 comunidades que persisten en la denuncia de su problema y exigen el legitimo derecho a
 vivir en un ambiente libre de contaminacin, generalmente obtienen resultados
 razonables, no sin antes recorrer un largo y difcil camino de lucha y conflicto.
 
 
 
 
 - Las comunidades pobres cobran poco por su ambiente.
 Existe la percepcin generalizada que la pobreza es generadora de deterioro ambiental.
 No hay falacia mayor que esta. Los pobres consumen menos bienes desechabais, menos
 energa, menos agua, tienen menos automviles, se desplazan menos y generalmente
 realizan una eficiente evaluacin de los recursos econmicos a destinar, naturalmente por
 la escasez de los mismos.
 Sin embargo, en las negociaciones ambientales, los pobres tienden a valorar menos su
 entorno que los que disponen de mayores recursos. Por otro lado los pobres
 generalmente no eligen su lugar habitacional sino que se ubican solo all donde pueden y
 que generalmente son terrenos baratos.
 All tambin se ubican las actividades contaminantes. Por los barato de los terrenos y
 por la "garanta" de ausencia de conflictos ambientales.
 Esta situacin ha ido cambiando. Hoy en da hay cada vez mas pobres que defienden su
 entorno. Tal vez por que el crecimiento econmico se esta haciendo mas y mas a costa
 de su medio ambiente. Lo cierto es que la premisa de que los pobres no valoran su
 entorno esta cambiando radicalmente y hoy los conflictos se sitan all donde los pobres
 no toleran la agresin ambiental que por otro lado en nada los beneficia.
 Gasco es un claro ejemplo de ello, y no el nico.
 
 
 La justicia no todo lo resuelve.
 El primer recurso de proteccin fue negociado en contra de la comunidad en los
 tribunales. El recurso de proteccin de Gasco contra la municipalidad y el Servicio de
 Salud benefici a estos ltimos y con ellos a la comunidad, sin embargo existieron
 esfuerzos de parte de los magistrados de llegar a acuerdos inaceptables.
 La Corte Suprema dobl el plazo de traslado de la empresa y de ese modo conden a un
 ao mas de contaminacin a la poblacin afectada.
 A pesar de ello el aporte de la justicia al conflicto fue importante. Sin embargo, sin la
 movilizacin y presin constante de la comunidad, seguramente, la solucin del conflicto
 hubiese sido diferente.
 
 Intervencin de ecologistas
 Existe en empresarios y autoridades un generalizado desprecio por las comunidades
 afectadas por problemas ambientales. Una suerte de costo de crecimiento debe ser
 pagado por quienes desde ya poseen menos derechos.
 El rol de los ecologistas es poner en su debido nivel el derecho de las comunidades a
 defender su ambiente. Dotarles de la informacin tcnica necesaria y reforzarles en la
 estrategia de proteccin ambiental permite establecer alianzas entre ecologistas y
 comunidades.
 
 
 
 
 
 
 Estas alianzas fortalecen la posicin de ambos actores. Los ecologistas reciben as el
 respaldo social que los transforma en actores sociales del conflicto y de la discusin
 nacional sobre el tema ambiental. Las comunidades por otro lado se proveen de la
 informacin necesaria para argumentar la defensa de su entorno.
 Es tal vez lo que mas preocupa hoy a empresarios y autoridades, ya que el trabajo
 conjunto entre ecologistas y  comunidades ha logrado grandes triunfos en las
 reivindicaciones ambientales.
 
  Soluciones a la mano.
 El caso Gasco es extremadamente claro respecto al hecho que la solucin al problema
 estaba a la mano.
 A pesar de la negacin de las autoridades regionales, sobre todo del Intendente, el
 problema fue resuelto de acuerdo a las sugerencias hechas por la comunidad. En efecto,
 el Consejo Ecolgico haba comprobado que exista una fuente generadora de gas que
 abasteca a Gasco durante la mantencin anual de la planta y que la compra de gas
 sumaba casi el 50% de la distribucin total. La ausencia de voluntad de la empresa al
 explcito amparo de autoridades regionales impidi resolver  con anterioridad el
 problema.
   