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Fuente: www.cedhu.org 28 de septiembre de 2006

ANTE EL CONFLICTO OCASIONADO POR EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Y LA EMPRESA CANANDIENSE ASCENDANT COOPER CORPORATION, EN LA ZONA DE INTAG
LA COORDINADORA ZONAL DE DEFENSA DE LA VIDA DE INTAG* INFORMA A LA OPINIÓN PÚBLICA

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*La coordinadora zonal está conformada por presidentes de Juntas Parroquiales, dirigentes comunitarios y representantes de organizaciones e instituciones de Intag

Antecedentes

La zona de Intag, ubicada al occidente del cantón Cotacachi es una de las áreas más biodiversas y generadoras de fuentes de agua de la provincia de Imbabura, pues como parte del Gran Chocó, aún posee ambientes naturales con importantes superficies de bosques. El Chocó es una de las 10 mayores bioregiones del planeta por su alta variedad de flora y fauna. En la zona de Intag habitan alrededor de 14.000 habitantes que viven de la agricultura, el ecoturismo y la elaboración de artesanías.

El proyecto minero en Junín pone en riesgo no sólo a los ríos y bosques nublados del sector, sino a la población que allí habita. Las comunidades inteñas de las 7 parroquias de la zona: Cuellaje, Apuela, Peñaherrera, García Moreno, Plaza Gutiérrez, Vacas Galindo y Selva Alegre, han desarrollado proyectos productivos alternativos, a partir de la declaratoria de Cotacachi como Cantón Ecológico en 1997. Proyectos como la producción y procesamiento del café orgánico, el turismo comunitario, las artesanías de cabuya, jabones y cremas con hierbas naturales, la ecotienda solidaria Toisán, procesamiento de alimentos y otras iniciativas que conjugan el bienestar económico con el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales.

A pesar de la decisión de la mayoría de pobladores/as de oponerse a la actividad minera, el Ministerio de Energía y Minas insiste en las concesiones mineras y, a fines de marzo de 2004, nuevamente otorga 3 áreas mineras (Goleen 1, Goleen 2 y Magdalena) a Bernardo Bustamante, quien las transfiere a la empresa canadiense Ascendant Copper Corporation S.A.

Una de estas concesiones (Golden 1) pone en riesgo a la comunidad de Junín y al bosque nativo que constituye la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas. En este sitio las y los comuneros poseen una reserva comunitaria en la que desarrollan el ecoturismo.

Al otorgar estas concesiones, el Ministerio de Energía y Minas habría violentando varios preceptos constitucionales. Primero, el derecho de las comunidades a decidir en los asuntos que les involucra, pues las concesiones, pasaron por alto la consulta previa a las comunidades, estipulada en el art. 88 de la Constitución. Y, segundo pone en riesgo el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y ecológicamente equilibrado, pues los impactos previstos en varios estudios son: deforestación masiva, contaminación de ríos y quebradas con metales pesados (plomo, arsénico, cadmio, cobre y cromo), impactos a la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas. Uno de los efectos más nocivos sería la reubicación inicial de cuatro comunidades para acomodar la mina.

El Ministerio de Energía y Minas también pasó por alto el hecho de que Cotacachi, cantón al cual pertenece políticamente la zona de Intag, fue declarado “cantón ecológico” en septiembre de 1997. Por el contrario, las concesiones otorgadas interfieren los planes y proyectos de desarrollo del cantón, elaborados de forma participativa. El Ministerio tampoco tomó en cuenta las facultades que tienen los Municipios y las Juntas Parroquiales para velar por la integridad ecológica dentro de su jurisdicción y la salud de las poblaciones locales.

Además, en la Asamblea Zonal realizada el 20 de mayo de 2006 (con más de 800 personas), la población y los representantes de las 7 juntas parroquiales de Intag, tomaron la decisión de impedir la actividad minera en la zona.

Agresiones de la compañía Ascendant en contra de la población

Una vez obtenidas las concesiones, funcionarios y trabajadores de la empresa canadiense Ascendant, ingresaron a Intag, cometiendo una serie de agresiones en contra de la población. Maltratos físicos, amenazas de muerte, persecuciones, calumnias, presentación de acciones judiciales con causas falsas en contra de dirigentes, intimidaciones con armas de fuego, ingresos arbitrarios en fincas y áreas comunitarias; división poblacional, persecución y agresiones a voluntarios y cooperantes vinculados a la asistencia técnica de las diversas experiencias productivas de las comunidades. Todo ello, frente al silencio absoluto de las autoridades de Energía y Minas, Ministerio de Gobierno y Gobernación de Imbabura.

Además, la minera Ascendant está adquiriendo miles de hectáreas de áreas agrícolas y forestales en la zona, mediante la oferta de precios atractivos y utilizando intermediarios y traficantes de tierra. Esta arbitrariedad de la empresa minera más la falta de acción del INDA está dando lugar a invasiones de tierras forestales y comunitarias en la cordillera de Toisán.

En este contexto de indefensión de la población inteña y de ninguna protección por parte del Estado, las comunidades deciden defender sus derechos y hacer respetar las resoluciones tomadas por la Asamblea Zonal del 20 de mayo de 2006.

Los últimos acontecimientos

· El día martes 12 de septiembre de 2006, varias personas vinculadas con la empresa minera: Patricio Valenzuela (empeñado en hacerse adjudicar 630 hectáreas del bosque de Junín); José Washington Chan (quien se presentó como policía y portaba armas de fuego); Alfonso Flores, Jaime Sánchez, William Obando y Hernán Guasumba Bautista (empleados de la Ascendant), ingresaron a la reserva comunitaria de Junín, sin informar ni pedir permiso a la comunidad. Las comuneras y comuneros del lugar, aprehendieron a 2 de los mineros, hasta conocer el motivo de tal arbitrariedad.

· El día miércoles 13 de septiembre de 2006, alrededor de las 5 a.m., 2 policías: el sargento Madesco del Destacamento de Policía de García Moreno y el policía Mendoza del Destacamento de Policía de Peñaherrera, apostados en el sector de Aguagrum (localizado entre las parroquias Peñaherrera y Vacas Galindo), detuvieron a dos campesinos que transitaban por el lugar en una moto.

La detención de estos campesinos, Alirio Ramírez (de la comunidad Chalguayaco Alto) y Robinson Guachamira (de la comunidad de Barcelona) fue realizada sin orden de detención judicial y sin evidencias de haber cometido delito alguno. Fueron trasladados en una camioneta de propiedad de la empresa Ascendant Cooper Corporation hacia el CDP de la ciudad de Ibarra.

· Hacia las 2 p.m. igualmente del día miércoles 13, personas contratadas y otras allegadas a la empresa, en presencia de la Policía, intentaron tomarse la comunidad de Junín. Con colchones y carpas y bajo la voz de mando de un funcionario de la empresa minera ingresaron a la comunidad. Ante este hecho, la comunidad de Junín solicitó a la Policía que intervenga para que evite tal invasión, pero el pedido no fue escuchado; por el contrario, se produjo un enfrentamiento entre las personas allegadas a la empresa y comuneros/as de Junín que impidieron la toma de su pueblo.

· Ese mismo día miércoles 13, en Chalguayaco Alto, Ramiro Ayala, funcionario del Ministerio del Ambiente (guardabosques del Distrito de Cuellaje) y su acompañante Guido Cevallos fueron, en presencia de la Policía, agredidos por empleados de la empresa minera Ascendant. Luego de ello, este funcionario y su acompañante, fueron detenidos por la Policía y trasladados al CDP de la ciudad de Ibarra, donde permanecieron detenidos ilegalmente hasta el día viernes 15 de septiembre de 2006.

· El día jueves 14 de septiembre, el abogado defensor de los dos campesinos, también detenidos ilegalmente, presentó un recurso de hábeas corpus ante el Alcalde de Ibarra Pablo Jurado. Este funcionario, utilizó el máximo del tiempo legal establecido para pronunciarse, lo cual permitió una orden de prisión judicial en contra de los dos campesinos. Robinson Guachamira y Alirio Ramírez permanecieron ilegalmente detenidos desde el día 13 hasta el 21 de septiembre de este año. El juicio contra ellos continúa.

· Por otra parte, el mismo jueves 14 de septiembre, varios presidentes de las Juntas Parroquiales de la zona, pudieron constatar que patrulleros de la Policía escoltaban a las camionetas de la empresa minera cuando éstas se movilizaban hacia la cabecera parroquial de García Moreno. Lo cual les hizo temer por su seguridad.

· El día sábado 16 de septiembre, la comunidad de Junín entregó a la Policía a las dos personas de la empresa retenidas. Esta entrega se la hizo en presencia de la vice-Alcaldesa de Cotacachi, del Síndico del Municipio de Cotacachi, de un observador de la Comisión de Derechos Humanos de Imbabura, del Presidente de la Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi, de Presidentes de 4 Juntas Parroquiales de la Zona de Intag y dos profesionales médicos, quienes constataron el buen estado de salud de los allegados a la empresa minera.

· A pesar de que para el día 21 de septiembre de 2006 estuvo confirmada una audiencia con el Ministro de energía y Minas, esta no se dio. La delegación de Intag, encabezada por el Alcalde de Cotacachi y el Presidente de la Asociación de Juntas Parroquiales del cantón, no aceptó reunirse con otros funcionarios del Ministerio, pero dejó su posición de hacer efectivas las garantías constitucionales, respetar la decisión comunitaria de no permitir la minería en la zona de Intag y responsabilizar a las autoridades gubernamentales y a la empresa canandiense Ascendant Cooper Corporation, por la violación de los derechos humanos de la población inteña.

Cotacachi, 22 de septiembre de 2006

Atentamente,

José Garzón
Presidente de la Asociación de
Juntas Parroquiales del cantón Cotacachi

Gustavo León
Presidente de la Junta Parroquial de Peñaherrera