Radio Universidad de Chile, 3 de junio 2011

Organizaciones entregan negro diagnóstico de situación medioambiental

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Loreto Soto

Un negativo diagnóstico realizaron las organizaciones sobre la situación medioambiental en el país. Y aunque el tema se ha posicionado con fuerza como una de las principales demandas ciudadanas, todavía existe una gran asimetría entre lo que están exigiendo las personas y lo que finalmente se realiza a nivel gubernamental.

En este escenario, la peor evaluación se la lleva la recién estrenada institucionalidad ambiental que con episodios como el de Barrancones y ahora Hidroaysén demostró que aún existen cabos sueltos, que incluso podrían implicar un retroceso en lo que se refiere a la evaluación y fiscalización de proyectos que podrían definir el destino de nuestro país.

Y esto no sólo se ha dado por la lenta tramitación que han tenido en el Parlamento la Superintendencia y los Tribunales Medio Ambientales – lo que impide que esta normativa funcione a cabalidad – sino porque sobre la marcha ha demostrado que pesan más las decisiones políticas por sobres las técnico-ambientales.

“Hay una excesiva discrecionalidad de la autoridad política sobre la evaluación ambiental y eso tiene que ver con una gran carencia que tiene nuestro país respecto de la democratización”, dijo el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca, quien agregó que el “el uso y abuso” del poder político en estos asuntos “demuestra que, en realidad, estamos en una situación igual o peor de lo que teníamos en la legislación anterior”.

Cuanca denunció además que los acuerdos que se tomaron para articular la normativa medioambiental no se están cumpliendo. “Ha pasado más de un año y se han tomando medidas arbitrarias y en algunos casos ilegales como lo que sucedió con Hidroaysén y con la termoeléctrica Castilla y no se ha podido ejercer en plenitud la función fiscalizadora establecida para la Superitendencia. Estamos de rehenes de una negociación de una serie de cosas que no se han materializado en los trámites en el Congreso”.

En esa misma línea, la coordinadora del Programa de Medio Ambiente de la Fundación Terram, Paola Vasconi, aseguró que la intervención directa del Presidente Sebastián Piñera para detener la construcción de una termoeléctrica en Barrancones terminó de “matar” la naciente institucionalidad ambiental que, según ella, ya presentaba profundas deficiencias, en especial, en materia de participación ciudadana.

Tanto es así que incluso los llamados a consultas como el que está realizando en la actualidad el Servicio de Evaluación Ambiental para mejorar su sistema no son vinculantes, así como tampoco lo fueron las miles de observaciones que hicieron distintas organizaciones al proyecto Hidroaysén. De ellas, no se consideró ninguna.

Por lo mismo, Vasconi aseguró que las multitudinarias manifestaciones implican el verdadero cambio que ha vivido nuestro país en esta materia.

“Hay que entender que el tema ambiental no es anexo al desarrollo del país sino que es central. Lo que la ciudadanía está pidiendo es un poco más de democracia en el sentido de poder participar en las tomas de decisiones. Habrá que discutir cuáles van a ser esos mecanismos, sobre todo, en un país donde todas las disposiciones del área ambiental están manejadas por las empresas privadas”, sostuvo la experta.

En ese sentido, el representante de OLCA manifestó que el Gobierno “tardíamente está buscando explicaciones a lo que sucede, pero la ciudadanía tiene claro que hay un agotamiento de un sistema político, que sistemáticamente ha pasado por sobre los anhelos que la gente tiene en materia ambiental y de protección. Cualquier sistema democrático requiere que este nuevo estado de consciencia que tiene la ciudadanía respecto del medio ambiente se exprese de manera activa”.

Según Lucio Cuenca una de las salidas para subsanar esta situación podría pasar por que “las políticas se trasladaran a organismos elegidos o fueran generados a partir de la soberanía popular en las regiones. Es decir, que hubiese descentralización política a nivel de las regiones de tal manera que se ejerciera estas decisiones de impacto ambiental como un ejercicio democrático”.

Los ambientalistas indicaron que es necesario generar un cambio, ya que fracasos como el del Plan de Descontaminación de Santiago – que a 2011 ya debiera presentar resultados – comprueban que no se están tomando las medidas necesarias para enfrentar los conflictos ambientales.
Además lamentaron que el Gobierno intente “bajarle el perfil” a estos problemas, pues aseguraron que ya está teniendo impactos políticos negativos como los que reveló la última encuesta Adimark.




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