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Comunicaciones OLCA,
23 de noviembre de 2008
Agrupadas en ALIANZA POR LA JUSTICIA CLIMATICA:
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL SE UNEN PARA ENFRENTAR EL CALENTAMIENTO GLOBAL DESDE LA PERSPECTIVA SOCIAL Y AMBIENTAL
La Alianza por la Justicia Climática emerge como un potente actor político social y ambiental conformado por un amplio conjunto de organizaciones de la sociedad civil, preocupadas por los muy diversos aspectos del cambio climático o representantes de grupos afectados por el mismo.
En Chile, país altamente vulnerable al cambio climático, éste se ha manifestado hace décadas y, en conjunto con otros fenómenos climáticos y otros impactos de la actividad humana, ha afectado en gran magnitud a la naturaleza y a las comunidades, sobre lo cual existe hoy abundante evidencia científica y empírica. Esta vulnerabilidad se debe principalmente a que tiene zonas costeras bajas y extensas; zonas áridas y semiáridas; áreas susceptibles a la deforestación o erosión, a los desastres naturales, a la sequía y la desertificación; áreas urbanas altamente contaminadas, y ecosistemas frágiles y fragmentados.
De no frenarse drásticamente el uso de combustibles fósiles (petróleo, gas, gasolina, leña y carbón) que producen las emisiones de carbono, las consecuencias serían para nuestro país análogamente desastrosas a las que se proyectan a nivel mundial, como lo muestran el “Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático”, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 2007, y el “Estudio de la variabilidad climática en Chile para el siglo XXI”, realizado por la Universidad de Chile para CONAMA, 2006.
Los principales efectos serían los aumentos generalizados en la temperatura superficial de la atmósfera y los cambios en los patrones de precipitación. Con ello se prevé un desplazamiento generalizado de las zonas climáticas; intensificación de eventos climáticos extremos (fuertes lluvias, inundaciones, olas de calor y sequías). Asimismo, habría una intensificación del derretimiento de glaciares y coberturas de nieve, desertificación y deforestación, erosión de bordes costeros, aparición explosiva de epidemias, daños en cultivos y en la biodiversidad, déficit de recursos hídricos y energéticos. Se pronostican también graves consecuencias en nuestras ciudades y otras zonas, por la escasez de agua y elevación del nivel del mar.
Dichos efectos, que ya se sienten hace varias décadas en nuestro país, generan crecientes y progresivos impactos sobre los asentamientos humanos y actividades económicas, y son más intensos y negativos sobre las poblaciones más pobres y los pequeños productores.
En el plano internacional, el fenómeno se expresa también bajo un signo de injusticia socio-ambiental y sobre la base de la “deuda climática”, donde los países industrializados y ricos son a su vez los principales e históricos responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, cuyas consecuencias sufren y sufrirán con especial intensidad los países más pobres del planeta.
El impacto del cambio climático es generalizado, y la respuesta a él debe ser igualmente de gran magnitud. Lamentablemente, en Chile la respuesta estatal ha sido lenta y débil, y el Gobierno no ha dado pasos importantes para cumplir con los grandes objetivos fijados en la agenda internacional, en los ámbitos de la adaptación al cambio climático, la mitigación de emisiones y la construcción de capacidades nacionales; se ha mantenido una completa descoordinación e incoherencia gubernamental en el tratamiento de esta amplia y estratégica materia y otras fuertemente vinculadas a ella, como la conservación de la biodiversidad y la desertificación, en todas de las cuales el Estado Chileno ha contraído compromisos internacionales de carácter vinculante; y el énfasis ha estado en la promoción de los mecanismos de mercado creados en el marco del Protocolo de Kyoto, que sólo han generado beneficios a los inversionistas e intermediarios.
En este escenario, se hace imprescindible en Chile la acción de la ciudadanía, para reducir la vulnerabilidad de las comunidades rurales o urbanas, potenciando sus capacidades de organización, información, expresión y acción política; para jugar un rol decisivo y dinamizador de las políticas públicas en materia de cambio climático, específicamente en la tarea de la adaptación al cambio climático. En particular, es fundamental la participación ciudadana de los habitantes de las zonas más vulnerables y de alto riesgo ante el impacto climático, así como del rol de la mujer, de los trabajadores y de los pueblos indígenas en estos procesos socio-ambientales.
Pero la ciudadanía también es fundamental, en este escenario de crisis y lucha global, en la demanda por justicia climática, exigiendo mayor responsabilidad por parte de los países industrializados y las grandes empresas emisoras, grandes culpables de la crisis climática y beneficiados del modelo económico que la generó. Creemos que estos países, además de cumplir con las exigencias de reducción de sus emisiones domésticas de gases de efecto invernadero, deben asumir el pago de la deuda climática mediante transferencias financieras y tecnológicas dirigidas a la adaptación y transición hacia sociedades sustentables en los países del sur. Estas transferencias deben excluir el comercio de carbono, que rechazamos.
La Alianza por la Justicia Climática se constituye para observar las acciones del Estado y el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de lucha contra el cambio climático, para sensibilizar y movilizar a la ciudadanía chilena en este enorme desafío, que está intrínsecamente vinculado a la necesidad de cambiar el rumbo político y económico de nuestro país, hacia un modelo social y ambientalmente sustentable, hacia una sociedad realmente participativa, con comunidades soberanas que deciden sobre el destino de sus territorios.
Para esto desarrollaremos una estrategia de trabajo en los ámbitos más relevantes de políticas públicas y acciones ciudadanas asociados al combate al cambio climático: Mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero; Impactos, afectados y adaptación; Acuerdos y mecanismos internacionales. Estableceremos relaciones de discusión y trabajo con actores relevantes, como autoridades y especialistas del sector públicos, investigadores, dirigentes sociales y gremiales; actividades de extensión, capacitación y planificación participativa; y actividades de comunicación y manifestación pública sobre la problemática y nuestras posturas para enfrentarlo.
Preliminarmente, demandamos al Estado de Chile, avanzar de manera sustantiva en las siguientes medidas:
- Crear una comisión, con participación ciudadana, de seguimiento y aplicación de los acuerdo de la CMNUCC.
- Integrar, en un sólo organismo público de alto nivel, las políticas públicas asociadas al cumplimiento por parte del Estado chileno, de las Convenciones de las Naciones Unidas de Cambio Climático, Conservación de la Biodiversidad y de Lucha contra la Desertificación.
- Dar publicidad a la brevedad posible al PLAN NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, comprometido bajo la CMNUCC y largamente postergado.
- Asumir seriamente los impactos del cambio climático sobre comunidades rurales, desarrollando contundentes planes de adaptación, así como previniendo y enfrentando la crisis alimentaria que se está generando. Para esto, estamos convencidos que es necesario hacer un cambio en las políticas de desarrollo agrario, desde el actual modelo extensionista e intensivo hacia uno local y sustentable, en que la agricultura campesina juegue un rol fundamental en la alimentación y la economía de los chilenos. Además, es crucial que las comunidades rurales se capaciten para adoptar nuevas prácticas e introducir tipos de cultivos que se adapten o mitiguen el impacto del cambio climático
- Incorporar de manera específica el componente de género en las políticas de enfrentamiento a los fenómenos climáticos, por estar la mujer demostradamente más expuesta a sus impactos y poseer mayores capacidades para el impulso de iniciativas ciudadanas.
- Incorporar las demandas de los pueblos indígenas de Chile frente al cambio climático, incluyendo sus formas ancestrales de preservación de la naturaleza.
- Generar políticas inclusivas hacia las Pymes, que constituyen uno de los sectores productivos vulnerables ante el cambio climático.
- Crear sistemas de información y comunicación ciudadana, con acceso a los grandes medios de comunicación y creación de medios ciudadanos propios, que permitan sensibilizar, generar redes proactivas y la amplia participación social en este tema.
- Incorporar el cambio climático como una materia fundamental en los planes curriculares de educación, extendiéndolo en un lenguaje apropiado al nivel de las preocupaciones ciudadanas, más allá del plano científico en el que hoy se desenvuelve.
- Renacionalizar los recursos hídricos bajo la consideración de que son recursos finitos y los más vulnerables a los efectos del cambio climático, compartiendo y profundizando los conceptos vertidos en la Carta Pastoral por el Agua del obispo de Aysén.
- Legislar en favor de la preservación de los glaciares, fundamental fuente de agua para Chile, sus comunidades y su biodiversidad.
- Generar políticas e incentivos para fomentar la descentralización con claros enfoques de planificación territorial sustentable
- Iniciar políticas serias de mitigación y adaptación en las ciudades chilenas, que exhiben patrones de desarrollo claramente insustentables, especialmente en materia de transporte y usos de suelo, incrementando la vulneradad al cambio climático. En esta última línea proponemos la urgencia de diseñar mapas de diagnósticos de vulnerabilidad y mayores riesgos de las ciudades chilenas.
- Proponer a los gobiernos locales, municipalidades y servicios públicos del área social formas de inclusión de la mitigación, adaptación y generación de capacidades frente al cambio climático en los planes, programas y estrategias, dirigidos a sus territorios y comunidades.
- Robustecer las políticas de incentivo a las energías renovables no convencionales, para limitar y reemplazar la generación a partir de combustibles fósiles y otras formas insustentables, como las grandes represas hidroeléctricas.
- Considerar los impactos de actividades como la gran minería, la explotación forestal y el monocultivo, que agudizan los efectos del cambio climático sobre comunidades humanas y fuentes de agua dulce.
- Promover la incorporación de los trabajadores a los esfuerzos de información, capacitación y generación de capacidades en sus respectivos centros laborales.
- En el plano internacional, quitar el impulso a los mecanismos de mercado, que permite a los países industrializados eludir parcialmente sus responsabilidades de reducción de emisiones, y asumir una postura de exigir a éstos el cabal cumplimiento de sus responsabilidades de reducción de sus emisiones domésticas y la transferencia de recursos financieros y tecnológicos para la mitigación y adaptación en los países del sur, bajo el criterio de la Justicia Climática.
- Reducir y regular los impactos asociados al comercio internacional de nuestro país, generados por la compulsiva firma de tratados de libre comercio.
Alianza por la Justicia Climática
Integrantes: Acción Ecológica, ANAMURI, Chile Sustentable, CODEFF - Amigos de la Tierra Chile,Defensores del Bosque Chileno, Acción por la Tierra - EarthAction Santiago, EcoUchile (estudiantes U. de Chile), Fiscalía del Medio Ambiente- FIMA, Instituto de Ecología Política IEP, Observatorio Ciudadano, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA, Red de Jóvenes Investigadores ante el Cambio Climático, Recicla UC (estudiantes UC) y la Red de Defensa de la Precordillera de Santiago.
Santiago, noviembre de 2008
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