OLCA, Mayo de 2008

Emergencia por Sequía…
causa y efecto de la Desertificación.

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Ya van 209, de las 341 comunas de Chile, declaradas en estado de emergencia agrícola producto de la sequía que afecta al país. Según las autoridades, hace 100 años que no se producía un evento como el actual.

Sin embargo, mas allá de que esta situación se enmarque en un proceso cíclico natural, vale analizar que la gravedad de esta sequía en particular, está muy vinculada a otros procesos de origen antrópico, como el cambio climático, la deforestación y los graves impactos de actividades extractivas de recursos naturales, como la industria forestal y la minería, que han contribuido a disminuir considerablemente la capacidad de resiliencia del medio ambiente. 1

La sequía, la pérdida de fuentes de aguas, la degradación de suelos y consiguiente pérdida de biodiversidad, efectos conocidos conjuntamente como desertificación, se van haciendo cada vez mas graves, no solo por que el cambio climático hace más extremos los eventos atmosféricos que los provocan, sino porque no existe un compromiso real de las autoridades de hacer frente a esta problemática que, de acuerdo a las Naciones Unidas, constituye el problema ambiental y de desarrollo mas grave que afecta a la humanidad, ya que sus consecuencias sociales y económicas son devastadoras.

El cambio climático y la desertificación interactúan en diversos niveles y son dos manifestaciones de un mismo problema que amenaza la posibilidad real de alcanzar los objetivos de desarrollo planteados por las Naciones Unidas y adoptados en la estrategia del gobierno chileno, para poner fin a la pobreza. De hecho, una secuela del calentamiento global es el incremento de las tasas de desertificación, lo que según la ONU aumentará los índices de pobreza, la migración forzada y la vulnerabilidad ante los conflictos en las zonas afectadas.

La desertificación constituye una amenaza real para las personas que viven en tierras que originalmente eran áridas, y que pronto notarán que el cambio de las condiciones meteorológicas exacerba la desertificación, la sequía y la inseguridad alimentaria. Chile presenta este problema ambiental en un 64,3% de su superficie, coincidentemente con los lugares que hoy están declarados en emergencia agrícola por sequía. Sin embargo no existe una real conciencia sobre este problema y por lo tanto no existe una voluntad política para atenuarlo. Si bien el estado chileno viene luchando contra la degradación de los suelos desde hace mas de 20 años con técnicas básicas como el fomento a la forestación y al riego, recién en 1997 firmó la Convención mundial de lucha contra la desertificación, una de las tres convenciones ambientales que nacen en la Cumbre de Rio de Janeiro de 1992, como acuerdos multilaterales frente a los graves impactos ambientales que comenzaron a evidenciarse producto de las actividades humanas.

Sin embargo la firma de esta convención no fue un gran avance en la lucha contra la desertificación, ya que se continuó con las mismas medidas, sólo que ahora agrupadas en un Plan Nacional de Acción, como lo solicitaba la convención. Este plan, que no tiene ninguna influencia en la formulación y puesta en práctica de políticas que realmente incidan en la prevención de la degradación de suelos, la pérdida de fuentes de agua o la pérdida de biodiversidad, sólo es una prueba de cumplimiento ante las Naciones Unidas, pero no constituye un plan efectivo de lucha contra la desertificación en el país. Es más, este plan aún mide su éxito de acuerdo a la cantidad de hectáreas que se plantan con monocultivos de pinos y eucaliptos (DL 701 de fomento forestal), como si las autoridades todavía no se dieran cuenta de que los cultivos extensivos de estas especies no combaten sino que agravan y aceleran la degradación de los suelos y la erosión en las zonas donde se emplazan, ya sea por pérdida de suelo, por contaminación química y empobrecimiento de la calidad del suelo, o por la pérdida de las fuentes de agua cercanas y de las napas freáticas.

Casi no hay documento oficial sobre el tema en que el gobierno no saque cuentas alegres de los resultados del DL 701, cuando es precisamente la explotación a gran escala de los recursos naturales lo que ha incrementado las consecuencias de la sequía que actualmente vivimos. La ceguera del gobierno --o la determinación de beneficiar a determinados sectores productivos a costa del medio ambiente y de la calidad de vida de la población en su conjunto—ha llegado al extremo de que una de las medidas anunciadas para hacer frente a la sequía es aumentar el fomento a las plantaciones forestales, reprogramando los créditos hasta en 4 años para pequeños productores, los que estimulados por estos beneficios han venido sustituyendo durante décadas los cultivos agrícolas y el bosque nativo por plantaciones de pino y eucalipto, que venden después a los grandes conglomerados forestales y productores de celulosa. En los asertivos informes oficiales, estas hectáreas se suman como superficies de suelos recuperados del proceso de desertificación.

Las mega plantas productoras de celulosa que han proliferado en el país hacen también una importante contribución al deterioro ambiental, ya en plena crisis hídrica, desvían, utilizan y contaminan enormes cantidades de agua, restándolas al uso doméstico y al regadío agrícola.

Otro sector de la economía –también beneficiado por exenciones fiscales y otros incentivos- que tiene impactos ambientales que acentúan la desertificación es la minería a gran escala: erosión, pérdida y contaminación de suelos; explotación insostenible, contaminación y agotamiento de los recursos hídricos (aguas superficiales y acuíferos).

De los impactos de la minería sabemos mucho en Chile. En el norte de nuestro país esta actividad llevó al agotamiento casi total de las cuencas de las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta y parte de la Región de Atacama, como lo declara la Dirección General de Aguas (DGA), que se ha negado a entregar nuevos derechos de aprovechamiento de aguas en los acuíferos y cuencas hidrográficas de la zona. Los grandes proyectos mineros están negociando ahora la importación de agua desde Argentina, no porque allí haya efectivamente más agua, ya que los ecosistemas al otro lado de la cordillera son igualmente áridos, sino porque en esa zona hay menos población que la utilice y la defienda. Sin embargo, los derechos concedidos con anterioridad continúan plenamente vigentes, y la extracción de cientos de miles de litros por segundo de los acuíferos está llevando a la desaparición de los poblados nortinos, que han quedad privados del agua necesaria para el consumo de sus hogares y sus cultivos. Como lo afirma la Red Puna Sustentable, la escasez de agua en la zona del desierto de Atacama no es sólo cuestión de sequía, es también un asunto de ceguera: aquella que impide que ver la dimensión democrática del uso del agua en este desierto.

La grave sequía que afecta a una parte importante del país podría ser la circunstancia decisiva para enfrentar la situación de manera más profunda y estructural: atacando las causas reales de la erosión y degradación de los suelos y de la destrucción de los ecosistemas vitales para las fuentes de agua. Ello pasa por reformular el PAN de lucha contra la desertificación e integrarlo efectivamente a los planes y estrategias de Cambio Climático y Biodiversidad.

Esta reformulación implica iniciar un programa sostenido de lucha contra la desertificación, que fomente la recuperación de áreas degradadas, combata la pérdida de suelos, promueva el restablecimiento de la vegetación e implemente una regulación efectiva de la competencia por los recursos hídricos, para que el agua deje de ser una mercadería y vuelva a ser un recurso prioritario para el bienestar de la población. Si se quiere evitar que continúe la concentración de la propiedad de este recurso, su escasez, la pérdida de fuentes de agua en zonas áridas, la contaminación, los conflictos de intereses entre sectores económicos, la degradación de ecosistemas y muchas veces la falta de agua para consumo humano, los derechos de agua tienen que ser reemplazados por un justo derecho al agua.

(1) Resiliencia, capacidad de los ecosistemas de absorber perturbaciones, sin alterar significativamente sus características de estructura y funcionalidad.

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales
Asociado a DRYNET

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