Lucio Cuenca Berger
Coordinador Nacional Observatorio
Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA
Desde un comienzo, el Plan de Transporte Urbano
de Santiago (PTUS) conocido después como
Transantiago, ha pregonado su interés por la participación ciudadana. Por sus
objetivos, este plan resolvería los grandes problemas de nuestra urbe
terminando con la congestión vehicular
y la molesta contaminación. Pero lo más importante, es que nos entregaría un
servicio seguro y de calidad. Sin embargo, hoy cuando este plan nuevamente
tambalea por los conflictos de interés que lo cruzan, es bueno hacer algunos
comentarios
En el diseño de este Plan, se ha impuesto que
el ferrocarril metropolitano Metro sea el eje estructurante. Ello, con un alto
costo para todos los chilenos por las grandes inversiones que esto requiere (U$
2000 millones ). Este servicio de transporte público representa hoy el 4,5 por
ciento de los viajes y con las nuevas líneas llegará a cubrir el 9 por ciento
del total de viajes.
Los aspectos técnicos, económicos y de diseño
de este plan ya están definidos y formulados en las bases de licitación. Es
decir, la relación de precio y calidad del servicio en gran medida ya está
definida por los parámetros establecidos así como por las medidas técnicas y
las instancias políticas que lo conforman.
Los aspectos ambientales quedaron incorporados
en los estándares básicos definidos de forma general, pero en la licitación
solo es un factor definitorio en caso de empate de algunas propuestas. El factor ambiental no se premia y no
significa puntaje o incentivo para definir dicha licitación. En las semanas
recientes se formuló un llamado a expresar intenciones para el desarrollo de
una Evaluación Ambiental Estratégica que incorporaría la participación ciudadana. Sin duda, esto podría convertirse en
un hecho importante para los 11
programas que restan del PTUS pero en el Plan Transantiago lo estratégico, ya
está definido.
No obstante, todo lo resuelto hasta hoy, se ha
hecho sin la participación de los/as “beneficiados/as”.Solo tienen cabida los
intereses económicos y políticos. Queda claro que quienes están detrás de este
moderno Plan de transporte son personas que no hacen uso de los medios que a
diario utilizan cientos de santiaguinos para desplazarse desde y hacia sus
lugares de trabajo. Se trata de gente que desconoce las necesidades reales de
los usuarios de los medios de transporte tradicionales y que solo busca
construir una ciudad a su antojo, omitiendo las demandas de los verdaderos
beneficiados.
Primero fue el ex ministro Germán Correa y
luego Aldo Signorelli, los que habían adquirido un compromiso de incorporar la
vapuleada Participación Ciudadana. Este
último, en agosto del año 2003 y ante representantes de muchas organizaciones
ciudadanas ( Juntas de Vecinos, Organizaciones de mujeres, ambientales,
consumidores, discapacitados, ONG y otras), se comprometió a crear un Consejo
Consultivo Ciudadano, olvidando más tarde la convocatoria y consulta pública,
Seguramente los conflictos de interés que ha
enfrentado este Plan de transporte urbano,
tanto en su diseño como en su implementación serían resueltos en forma
diferente si representantes de la ciudadanía estuvieran presentes en el proceso
de toma de decisiones. Sería pertinente que en la cuenta que entregue el
Directorio del Transporte de Santiago y la Coordinación General, se incorpore
este importante aspecto desde el punto de vista de las decisiones y también de
los recursos definidos para ello ($ 400 millones).