Declaración Pública
Santiago, 07 de agosto de 2003
Por Obras de ampliación del Aeropuerto Pudahuel:
OLCA cuestiona actitud del MOPPara el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) en este proyecto se visualiza lo que se ha constituido en una práctica habitual del MOP al tratar de eludir permanentemente la legislación ambiental. Exigimos que dicho plan cumpla todas las normativas ambientales vigentes y no porque se trate del principal aeropuerto del país, éste quede exento de incorporar en su desarrollo todos los impactos que genera. Se trata de un aeropuerto concesionado que se administra como negocio privado, por lo tanto no podemos permitir que se externalicen costos ambientales y sociales a las comunidades vecinas.
Incertidumbre y temor ha generado en la comunidad rural de Pudahuel, el proyecto del Ministerio de Obras Públicas que contempla la construcción y operación de la segunda pista de aterrizaje del aeropuerto Arturo Merino Benítez y que actualmente se encuentra en proceso de evaluación por parte de la CONAMA metropolitana.
En un nuevo intento por obtener el permiso ambiental para la construcción de esta segunda pista de aterrizaje, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) entregó a la CONAMA un tercer estudio de Impacto Ambiental. Cabe consignar que el MOP desistió de los anteriores estudios ante las reiteradas inconsistencias técnicas constatados por los diversos servicios públicos que evaluaron el proyecto.
Los impactos más significativos del proyecto, tienen relación con las expropiaciones de predios colindantes al aeropuerto; la erradicación de 25 familias de allegados; el aislamiento territorial por la desaparición de caminos; la reubicación de la escuela rural G-321; graves problemas de ruidos en localidades que quedarían ubicadas a menos de 300 metros de las nuevas instalaciones; y el problema de emisiones a la atmósfera por el crecimiento de la cantidad de tráfico de aviones y de vehículos de acercamiento al aeropuerto, entre otros.
En lo referido a la expropiación de la escuela municipal G-321, donde actualmente asisten 200 niños y niñas de las localidades rurales, el MOP no ha presentado una propuesta concreta de localización y condiciones en las que se reubicaría dicho establecimiento educacional.
Asimismo, la solución de caminos que propone este organismo estatal, no resuelve la necesidad de conectividad y comunicación hacia Pudahuel y el aeropuerto, empeorando de esta forma la situación de aislamiento del sector con las zonas urbanas.
Del mismo modo, el MOP no evalúa correctamente el impacto en las costumbres y sistemas de vida de comunidades con cultura campesina y no se hace cargo de medidas de mitigación y compensación por las expropiaciones y erradicación de familias allegadas. Solo se considera la entrega de un bono de 250 UF para los allegados, lo cual no garantiza a estas familias una solución habitacional y que incorpore además la mitigación de los impactos socioculturales.
Respecto del impacto ruido, las comunidades de Campo Alegre y Peralito son las más afectadas por este componente, tanto en la etapa de construcción como de operación de la nueva pista. El MOP en su estudio reconoce que lo anterior generará “un impacto negativo alto” por la proximidad de 300 metros. Sin embargo no admite el deterioro que causaría a la salud y calidad de vida en este sector, haciendo difícil para la población permanecer en la zona. El MOP no aplica el Decreto Supremo 146 de 1997 que regula emisión de ruidos molestos generados por fuentes fijas. Por tratarse de operaciones similares a una actividad industrial o comercial, el no aplicar la norma vigente constituye una “grave infracción”.
El proyecto de ampliación del aeropuerto se presenta con una vida útil de 20 años y su crecimiento aumentará la contaminación del aire en Santiago por las emisiones atmosféricas que generan sus actividades. Por tratarse de una de las zonas más contaminadas de la capital, el tema es muy sensible. Las proyecciones de tráfico son 10.468.162 pasajeros para el año 2005, llegando a 39.579.125 para el año 2020, sumando a esto los vehículos de apoyo terrestre y los de aproximación al aeropuerto. Frente a esto “es lógico prever que se generarán nuevas emisiones a la atmósfera”. Santiago está declarada zona saturada y latente por 5 contaminantes y existe un Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de la Región Metropolitana que hace obligatoria la compensación de emisiones en un 150 por ciento a las actividades nuevas o a las ampliaciones. Sin embargo, “el MOP en sus tres presentaciones se niega a reconocer que tiene que cumplir con esta normativa”.
Comunicaciones OLCA