Declaración Pública

Santiago, 28 de octubre de 2003

Ante masiva intoxicación de niños en escuela de Melipilla:

Organizaciones ambientales exigen la prohibición de fumigaciones

El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas (RAP-AL) reiteran su rechazo a la actual legislación que rige la fumigación en predios agrícolas establecida por el Servicio de Salud del Ambiente (Sesma) y que ayer martes provocó la intoxicación de 53 niños y 7 adultos en la comuna de María Pinto. Ambas organizaciones ambientales, cuestionan la franja de seguridad de 200 metros establecida para este tipo de prácticas, que fue promulgada recientemente en julio pasado por el Sesma. Consideran que la medida es asbsolutamente insuficiente para resguardar la salud de la población y el medio ambiente.

Asimismo, critican la validez del plan de prevención impulsado por el Sesma en esta materia, recordando la campaña de difusión iniciada por este organismo en Melipilla para alertar a la comunidad de las intoxicaciones, tanto individuales como masivas, que se registran en esta zona. Frente a esto, exigimos la inmediata prohibición de fumigaciones aéreas en lugares cercanos a escuelas y asentamientos humanos.

Del mismo modo y pese a que el Sesma ha informado que en este caso se ha dado cumplimiento a todo lo establecido en la reglamentación, estamos nuevamente a una intoxicación masiva. Es por ello que solicitamos al Ministerio de Salud que se revise el rol jugado por este Servicio como ente regulador en este tipo de actividades.

Respecto del accionar de la empresa infractora Alas Agrícola S.A, cabe recordar que ésta ha sido causante de cuatro intoxicaciones masivas en los últimos tres años. La primera de ellas, afectó a 30 alumnos de la escuela Agro- Ecológica de Pirque el año 2001. Posteriormente, la empresa acusada provocó la intoxicación de 80 niños en una escuela de María Pinto en diciembre del año 2002, sin olvidar la intoxicación de más de 40 personas en la comuna de Renca en febrero del presente año, ante lo cual enfrenta una querella criminal que está siendo investigada por el 18 Juzgado del Crimen de Santiago.

Por lo anteriormente expuesto y ante la reiterada acción criminal de esta empresa, exigimos en forma inmediata la cancelación del permiso de la empresa infractora.

Cabe consignar que el 25 por ciento de las notificaciones de intoxicaciones agudas por uso de plaguicidas, se concentran en el área jurisdiccional que contempla la provincia de Melipilla y Talagante.