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Santiago, 20 de agosto de 2004
El MOP y su avasalladora estrategia:
Ecologistas denuncian incumplimiento de acuerdos ambientales

Una vez más la máquina del Ministerio de Obras Públicas se impone con fuerza en la construcción de un nuevo proyecto de infraestructura pública. El re-inicio de las obras de ejecución del Camino Costero Sur en la Décima Región, está siendo el blanco de duras críticas y amenaza con destruir un ecosistema único en el mundo. La estrategia del MOP no debiera sorprender a nadie. En reiteradas ocasiones, hemos sido testigos como agentes defensores del medio ambiente, de cómo este organismo de Estado entrega a licitación proyectos de gran envergadura sin el menor miramiento de las comunidades afectadas y los ecosistemas involucrados.

Resulta incomprensible y hasta aberrante la actitud asumida por este Ministerio, el cual desconoce los protocolos de acuerdo firmados para la protección de los Bosques Costeros y penetra en la costa valdiviana sin disponer de los debidos estudios de impacto ambiental que avalen un trazado de estas características.

El protocolo de acuerdo es reciente, muy bien debe recordar el ministro del ramo, Javier Etcheberry, cuando en enero del año 2003 se comprometió a suspender las obras hasta noviembre a la espera de un estudio apropiado. Más aún, la autoridad aceptó estudiar la propuesta de la Coalición para la conservación de la Cordillera de la Costa, –instancia que desde un comienzo se ha empeñado en defender los Bosques Costeros- para evitar la destrucción de un área casi inexplorada. Sin embargo, hoy nuevamente somos testigos de la negligencia de nuestras autoridades y el escaso interés de éstos por defender un patrimonio, reconocido tanto por organismos gubernamentales como la CONAMA y la CONAF, así como de organismos internacionales como "The Nature Conservancy" y "Wordl Wildlife" (WWF).

No podemos dejar de mencionar las absurdas declaraciones formuladas en la prensa por el subsecretario de Obras Públicas, Clemente Pérez, quien asegura estar "sumamente tranquilo", señalando que el MOP busca "preservar lo mejor posible el medio ambiente". ¿De qué manera?, cabe preguntarse, considerando que las faenas comienzan sin que se haya desarrollado un nuevo proyecto con su respectivo trazado.

En su estilo habitual, la política sistemática del MOP es no someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, no respetando los protocolos de acuerdo hábilmente utilizados para dilatar las demandas de las comunidades y no dar cumplimiento así a las compensaciones ambientales asumidas.

Ejemplos para graficar lo anterior podemos encontrar en los más diversos proyectos de ejecución impulsados por el MOP. Basta recordar lo ocurrido con la construcción de la carretera de la Ruta D-705, en el sector Illapel-Aucó-Los Pozos, en la Cuarta Región y que atraviesa la Reserva Nacional Las Chinchillas. En este caso, el MOP estaba obligado a entregar los recursos para aumentar en 100 hectáreas la superficie de esta Reserva administrada por la CONAF. No obstante, y pese a la entrega del camino en noviembre del 2003, aún no existen señales concretas respecto a esta medida de compensación ambiental.

Otro de los casos que merece atención es la invalidez otorgada por el MOP a la participación ciudadana. ¿Cómo se puede entender que una comunidad se informe a través de la prensa sobre la construcción de un proyecto que atraviese el tranquilo barrio donde decidió residir?. Esta es la interrogante que se plantean los vecinos de Pedro Valdivia Norte en la comuna de Providencia, quienes sin ser informados previamente, enfrentan hoy la construcción de dos túneles, proyecto que arrasará con cerca de 30 hectáreas del Parque Metropolitano e introducirá un flujo vehicular de 35 mil autos particulares diariamente en este consolidado y tranquilo barrio santiaguino.

Sin duda uno de los casos emblemáticos ha sido la construcción del embalse Illapel en la Cuarta Región, el cual desde un principio ha estado plagado de irregularidades en su tramitación y puesta en marcha. En este proyecto, el MOP entregó una clara señal que confirma la estrategia del Gobierno de concesionar embalses a privados, "uno de los peores negocios que puede estar haciendo el Estado chileno".

COMUNICACIONES OLCA