Declaración pública
Perú, Septiembre de 2003
Foro Internacional de Cajamarca:
La otra cara de la minería: Lo que el Gobierno no dice, ni quiere reconocer Un total de 300 delegados participantes del Foro Internacional de Minería, Sociedad, Ambiente y Desarrollo, reunidos en Cajamarca, entre el 11 al 13 de septiembre del 2003, suscribieron un pronunciamiento público en el que demandan lo siguiente:
Considerando:La decisión de imponer la minería como una actividad económica prioritaria desconociendo los derechos de las comunidades a decidir sobre su propio desarrollo
Que las actividades mineras están impactando negativamente sobre el ecosistema, la sociedad y la cultura de las comunidades.
La consolidación de un modelo económico global que asigna a nuestras economías un rol de producción de materias primas y la destrucción de las formas de vida tradicionales
Exigimos:Que la minería respete las estrategias de desarrollo sostenible de nuestros pueblos y de las comunidades locales allí donde existan intereses mineros.
Que no se haga minería allí donde peligre la vida de los pueblos respetando las decisiones que hayan tomado las comunidades para elegir su propia vía de desarrollo:
Que el Estado Peruano asuma la responsabilidad de iniciar una reforma normativa tendiente a acabar con la violación sistemática de derechos humanos y daños ambientales, producto de las actividades mineras.
Que se cambie a las actuales autoridades del Ministerio de Energía y Minas y del Consejo Nacional del Ambiente, por que sus antecedentes pro mineros, no garantizan la protección ciudadana.
Que hayan mecanismos transparentes de gestión ambiental (en los EIAs, PAMAS, y en monitoreo ambiental) con participación efectiva de las comunidades en los programas de monitoreo.
Que se creen mecanismos institucionalizados de diálogo para la resolución de conflictos socio ambientales.
Que cese el financiamiento de las actividades mineras por las transnacionales y la banca mundial, allí donde no existe consenso por parte de las comunidades afectadas para dejar operar a las empresas mineras.
El Perú es uno de los primeros productores de oro, plata, zinc y otros metales a nivel latinoamericano y dirige su política de promoción de la inversión privada a la minería, otorgándole prioridad sobre la agricultura, la industria o la pesquería. La minería cuenta con un marco normativo favorable consistente en acceso a tierras, mano de obra barata, regulación ambiental flexible y beneficios tributarios.
Este marco es el que genera problemas y conflictos socio-ambientales y territoriales de gran dimensión para más de 3000 comunidades indígenas y poblaciones locales quienes sin ser debidamente consultadas son obligadas a convivir con la industria minera y sufrir sus impactos.
La CONACAMI sostiene que la minería en el Perú es insostenible en lo ambiental, social y económico bajo las actuales condiciones en que se desarrolla. La minería pasa por una crisis de rentabilidad económica y también de rentabilidad ambiental y social. El gobierno sostiene que hay mejoras en la economía gracias a la actividad minera, sin embargo, la minería no ha demostrado aún capacidad para mejorar de manera sustantiva la calidad de vida de las comunidades del entorno en que se desarrolla.
La Marcha por la Vida y la frustración del diálogoDel 1 al 10 de julio del 2002 se realizó una Gran Marcha nacional Por la Vida, la Tierra, el Agua y el Agro en Lima en la que participaron aproximadamente tres mil comuneros procedentes de 13 departamentos del país afectados por la minería. El presidente Alejandro Toledo se negó a recibir a la comitiva de la marcha pero suscribió a través de su representante un acta de compromiso para constituir en 45 días una Comisión de Diálogo tripartito de Alto Nivel integrada por representantes del ejecutivo, las empresas y las comunidades.
El acta fue suscrita por el consejero presidencial César Rodríguez Rabanal y tres ministros de Estado pertenecientes a las carteras de Energía y Minas, Agricultura y Salud. Sin embargo, un año después, el gobierno no ha expedido el decreto supremo de creación de dicha Comisión, frustrando las expectativas de diálogo de las comunidades.
Denuncian Estado peruano ante la CIDHA consecuencia de la frustración del diálogo la CONACAMI presentó el 28 de febrero de 2003 en Washington una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) a favor de los miembros de las comunidades afectadas por la actividad minera en el Perú contra el Estado por la violación de derechos fundamentales amparados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Entre las normas pro inversión están la Ley 26505 (1995), que coloca en situación de inseguridad jurídica de la propiedad de las tierras y la Ley 26570, Ley de servidumbre minera que sirve para presionar y desintegrar a las comunidades. Cabe destacar que la mayoría de las comunidades campesinas del Perú son de origen indígena, por lo que están protegidas por el Convenio No. 169 de la OIT. La demanda consta de más de 600 folios y demuestra cómo el Estado del Perú favoreció a las empresas mineras afectando a las comunidades y poblaciones locales.
Los daños ocasionados por la actividad minera continúa sin que el Estado del Perú atienda la problemática y se carece de instancias públicas que velen de manera eficiente por proteger los derechos de las pueblos indígenas y las comunidades campesinas y nativas que sufren sus amargas consecuencias.