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ONGs y parlamentarios chilenos
La solicitud realizada por Oceana, Greenpeace, Centro de Conservación Cetácea, Codeff, OLCA, Rappal y Ecocéanos, afirma que es necesario la “urgente” adopción de una moratoria o suspensión transitoria de las destructivas operaciones de pesca de arrastre de fondo que realizan flotas industriales de aguas distantes sobre los valiosos y poco conocidos ecosistemas de corales de aguas frías de alta mar, en aquellas áreas donde no existen Organizaciones Regionales de Administración Pesquera (ORAPs). La carta enviada al Ministro de Exteriores de Chile, Ignacio Walker, señala a su vez que sobre la base de la revisión que se realizará el 2006, “en aquellas ORAPs que no hayan establecido medidas efectivas de regulación de las pesquerías de arrastre de fondo para proteger los ecosistemas vulnerables de aguas profundas en alta mar”, tal prohibición temporal sea puesta en efecto a partir de Enero de 2007. La acción de ONGs y parlamentarios se enmarca en la campaña a nivel global que desarrolla la Coalición para la Conservación de los Fondos Marinos (DSCC, en siglas inglesas) y a la que se han sumado 1.136 científicos de 69 países . Las organizaciones ciudadanas chilenas afirman que una moratoria en este sentido “es una medida plenamente consistente con la legislación internacional, particularmente en lo referido a los derechos y obligaciones de los Estados costeros. A la vez, genera condiciones en el sentido de asegurar el derecho de todos los países a un acceso equitativo a los recursos existentes en los fondos marinos fuera de aguas jurisdiccionales”. Las organizaciones alertan sobre que “las actividades de pesca en aguas profundas fuera de las aguas jurisdiccionales, son mayoritariamente inconsistentes con el Código de Conducta de la FAO sobre Pesca Responsable, la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB) y otros instrumentos internacionales relevantes, al realizarse sin un marco jurídico regulatorio”. Esto debido a que en un 65% de la superficie oceánica internacional no existen ORAPs con competencia técnica ni autoridad legal para regular la pesca sobre poblaciones de peces de aguas profundas. Por ello, “estas actividades deben ser consideradas como pesca no declaradas y no reglamentadas”. POSICIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Durante la 59ª Asamblea General de las Naciones Unidas, las organizaciones de la DSCC valoraron la posición adoptada por los países de América Latina y de El Caribe, especialmente Chile, Costa Rica y Brasil, a través del Grupo de Río y de CARICOM, las que señalaban su profunda preocupación sobre los impactos adversos que las actividades de pesca destructiva estaban provocando sobre la biodiversidad marina fuera de los límites de las jurisdicciones nacionales, área que es considerada “Patrimonio Común de la Humanidad”. Con anterioridad, 1.136 científicos de 69 países habían dado a conocer en febrero de 2004 una declaración ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde expresaban su profunda preocupación porque “la pesca de arrastre de fondo, está causando un daño sin precedentes a las comunidades de corales y esponjas de aguas profundas en las mesetas y taludes continentales, en las montañas submarinas, chimeneas hidrotermales y arrecifes de las dorsales oceánicas”. Además, ese mismo mes, las Partes de la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB), apelaron a la Asamblea General de la ONU a fin de detener las prácticas destructivas que dañaban los ecosistemas de aguas profundas. El sentido de esta declaración acaba de ser reiterada en Octubre del 2005 por el Comité Internacional para la Exploración de los Océanos (ICES). |