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Fuente: El Mercurio 11 de septiembre de 2005
Espinas de la salmonicultura
POLÉMICA. Condiciones laborales y royalty se suman al tradicional menú
ambientalista con que se ataca al sector:
Tompkins repuso en el tapete los temas sensibles de la industria, como su
sustentabilidad ambiental y su expansión, lo que la obligará a enfatizar el
diálogo social. Porque a la luz del caso Celco, no están los tiempos para
dejar que las críticas alcancen mucho eco.
por Sandra Novoa y Carla Selman
Para cultivar salmón hay que tener tanto cuidado como para comerlo. Porque
las organizaciones ecologistas están permanentemente buscándole espinas a
esta industria, mientras los exigentes consumidores del mundo desarrollado
desmenuzan meticulosamente el producto antes de aceptarlo.
Pero este escrutinio podría intensificarse si los recientes cuestionamientos
de Douglas Tompkins a su sustentabilidad y su respaldo al llamado de grupos
ambientalistas a "congelarla" constituyen, como se presume, una declaración
de guerra.
Aunque el millonario conservacionista siempre ha sido acérrimo detractor de
la salmonicultura -en los últimos cuatro años habría aportado unos US$
250.000 a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para trabajar en este
tema-, hace rato que no arremetía mediáticamente. Actitud que en el sector
atribuyen a que no quería dar más motivos para alimentar el lobby en contra
de que le otorgaran a su parque Pumalín estatus de santuario de la
naturaleza, y una vez sacramentadas sus tierras volvió a la carga.
La tesis es refutada por él: "Por qué meten ambos temas en el mismo saco.
Pumalín es un proyecto de conservación de tierras, la salmonicultura es un
tema medioambiental que afecta al mar. No veo la conexión".
Ésta estaría en impedir que se desvalorice su proyecto: no invirtió millones
para erigir un santuario verde... rodeado de jaulas de peces. Ha declarado
que pretende proteger las costas del parque del desgaste del fondo marino
ocasionado por esta actividad y financia investigaciones científicas para
demostrarlo.
Asegura tener un extenso registro fotográfico aéreo de impactos de la
contaminación de los centros de cultivos en las áreas costeras terrestres y
marinas adyacentes a Pumalín. En 2003 solicitó a la Universidad Austral de
Chile y al National University of Ireland-Galway una investigación en los
fiordos Pillán y Riñihué, que determinó "pérdida de hábitat y
biodiversidad".
Y como nunca escatima a la hora de conseguir lo que quiere, se especula que
orquestará una campaña a nivel local, aprovechando el vuelo que el tema
ambiental tomó en la opinión pública con la muerte de los cisnes en el río
Cruces, que implicó el cierre de la planta de celulosa Valdivia.
Claro que lo más complicado sería lo que pueda hacer a nivel internacional,
para afectar la demanda. ONG verdes insinúan que en conjunto con el magnate
están en "conversaciones" con consumidores de Canadá y Estados Unidos.
El empresario conminó además a Fundación Huinay, de Endesa, a hacer frente
común. Allí aclaran que no están en conflicto con nadie y que sólo hicieron
una presentación a la Corema de la X Región para informarle que pedirán al
Gobierno que les prorrogue el decreto supremo que por cinco años les reservó
espacio en el Fiordo Comau para conservación e investigación (vence el
próximo año) y consignar que la instalación de salmoneras ahí constituiría
violación de un área protegida.
Según Tompkins, a pesar de que Huinay cuenta con un sector protegido de 15
kilómetros, se han seguido otorgando concesiones acuícolas en sus
inmediaciones.
En la Asociación de la Industria del Salmón descartan estar en el ojo de
algún huracán: "Si (Tompkins) tiene aprecio por nuestro país, sería muy
egoísta al tomar una medida de ese tipo, que castigue exportaciones que
generan trabajo", afirma el gerente general, Rodrigo Infante. Explica que
como los mercados son muy sensibles a la información sobre los estándares de
producción, sí tienen aprensiones de que cualquier cosa que se difunda
tergiverse la realidad.
En todo caso, fuentes del sector aseguran que Tompkins fue tema obligado de
los últimos directorios del gremio.
Congelar o no congelar
La propuesta de moratoria surgió de los opositores más profundos a la
salmonicultura. Entre ellos está Océana, que afirma haber sido una de las
primeras en lanzar esta propuesta. Su meta es que el Gobierno deje de
entregar concesiones mientras esta industria no adopte prácticas
sustentables, y está haciendo un catastro de focos de contaminación.
El Observatorio de Conflictos Ambientales (OLCA) está en la misma línea: "No
puede ser infinita su expansión; se está extendiendo a zonas protegidas y
turísticas; debiera salir de los fiordos", dice su director Lucio Cuenca.
Tompkins detalla que la propuesta de suspensión temporal de entrega de
concesiones salmoneras obedece a los insuficientes estándares ambientales y
sanitarios. Como también a la incapacidad, "y en algunos casos, falta de
voluntad política, para regular un sector que pretende duplicar su actual
producción en 2010". Menciona que la Dirección del Trabajo de la X Región
controla el cumplimiento de la normativa sólo en 12 % de esta industria y el
Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) durante 2004 fiscalizó 10 % de los
centros de cultivo.
Terram, liderada por Rodrigo Pizarro, difiere de la moratoria: "Esta
actividad puede coexistir con otras si se mejora el ordenamiento territorial
y se avanza hacia una regulación más activa. A fin de año esperamos entregar
un código ambiental y otro social, más una propuesta de gestión integral del
borde costero".
A nivel del Gobierno, la "sugerencia de Tompkins" no tiene lugar. El
subsecretario de Pesca, Felipe Sandoval, comenta que sería un despropósito
frenar la actividad para redefinirle la cancha: "Las exigencias ambientales
son dinámicas; hace una década eran distintas a las de hoy, y las actuales
quedarán obsoletas en cuatro o cinco años. Con esa lógica nunca se podría
partir".
Enfatiza que aun si no hubiera ningún organismo fiscalizador en Chile, este
sector debe estar sometido a las normas de los países compradores.
Añade que hace poco vino una Comisión de la Comunidad Europea a revisar las
plantas, y si en su informe concluyen que no cumplen con los requisitos no
les permitirán exportar hacia allá. Y para demostrar que en el mercado la
información vuela, cuenta que hace un tiempo una empresa noruega tuvo una
denuncia laboral que le generó problemas en su país.
Según Infante, tras planteamientos como la moratoria hay muchos mitos:
"Podemos crecer sin hipotecas ambientales porque año a año mejoramos los
estándares productivos. Como toda actividad generamos impacto, pero está
regulado por el Reglamento del Medio Ambiente y la Acuicultura (RAMA)".
Claro que el RAMA recién entró en vigencia en 2003, lo mismo que el
Reglamento Sanitario para la Acuicultura (RESA). Entre 2004-2005 el Sernap
ha cursado 114 infracciones en un total de 1.126 cultivos inspeccionados.
Entre las más comunes están la no entrega del informe que permite monitorear
el área de sedimentación de los centros de cultivo, ausencia de planes de
contingencia para escapes de organismos e inapropiada disposición de
desechos.
Infante hace hincapié en que aparte de la certificación que les da
Sernapesca -"basada en estándares mundiales porque los tratados de libre
comercio exigen homologarlos"-, a nivel mundial se ha impuesto la tendencia
de "buenas prácticas voluntarias", más exigentes.
Por eso, hace dos años suscribieron un acuerdo de producción limpia, que
finalizó en septiembre del año pasado. Terminó con un promedio de 75% de
cumplimento en los procesos de las plantas y 93% en centros de cultivo. Doce
empresas obtuvieron la certificación por cumplir 100%.
Rodrigo Pizarro, de Terram, admite que la industria ha avanzado en esta
materia, pero que en gran parte estos cambios han sido jineteados por las
presiones ambientalistas.
El gerente del gremio salmonero afirma que es otro mito decir que el sur
esté copado por los centros de cultivo: "Chile tiene 55.000 km de costa, de
los cuales el 95% está de Puerto Montt al sur".
Los conflictos de interés sobre el uso del borde costero radican en que a
comienzos de los '90, cuando se definieron zonas aptas para la acuicultura
en las regiones X, XI y XII, sólo se pensó en la salmonicultura y se le
otorgaron áreas muy amplias. Desde hace un tiempo, los gobiernos regionales
se abocaron a redefinir el plano regulador, lo que restringirá bastante la
asignación original (las 900.000 hectáreas de la XI Región bajaron a
400.000).
Respecto de los llamados a sacar la salmonicultura de lagos y fiordos, el
subsecretario explica que la autorización para nuevas instalaciones en lagos
y lagunas se congeló en 1991. Los fiordos sí son concesionables porque están
definidos como áreas aptas para acuicultura.
El diálogo social
Hoy los salmonicultores deben someterse a otros tests aparte del ambiental,
que también podrían ahumar el negocio. Como sus prácticas laborales o la
relación con las comunidades aledañas.
Los cuestionamientos hablan de precarias condiciones en que operan las
trabajadoras, especialmente en compañías subcontratistas, y la inseguridad
laboral (en los primeros ocho meses del año habrían muerto 11 empleados,
entre buzos y operarios), prácticas antisindicales y remuneraciones bajas.
Las ONG están permanentemente sacando informes al respecto.
Infante se defiende. Dice que la renta promedio de los operarios, incluidos
los bonos y regalías, es de $280.000. Argumenta que están en regiones donde
la escolaridad y la capacitación son bajas, por lo que han tenido que
invertir en eso, a fin de que manejen las tecnologías.
"Respecto de la seguridad, las mutuales hacen una intensa labor para
instaurar una cultura, porque muchos buzos se resisten a usar chalecos
salvavidas. Y el nivel de sindicalización aquí es mayor que el promedio del
país, con cerca de 30%".
Lo cierto es que al igual que en los otros ámbitos, la fiscalización a este
sector es bastante reciente. La Dirección del Trabajo inició un programa
específico recién a partir de 2002, según el cual las infracciones a las
leyes laborales han ido bajando. Entre enero y julio en la X Región hicieron
195 fiscalizaciones.
Los salmonicultores tampoco pueden descuidar el flanco político. El senador
Camilo Escalona y el diputado Fidel Espinoza, ambos socialistas, plantean
que esta industria debe pagar un impuesto para mitigar su impacto, financiar
investigación y capacitación; y para que la infraestructura pública de estas
regiones vaya a la par.
A juicio del gremio no se justifica un royalty, porque a diferencia de la
minería trabajan con un recurso renovable, que se va a "producir por cientos
de años". Otro ámbito sensible es su relación con la sociedad: hay sectores
que lo acusan de enfrentar con soberbia las críticas.
Y en eso está, desarrollando programas de responsabilidad social y
acercándose a las ONG. Participó en el "Diálogo sobre salmonicultura",
impulsado por la organización ambientalista WWF.
En octubre del año pasado, la Universidad de los Lagos les hizo una encuesta
para conocer la percepción de la industria en la zona. Ésta arrojó que el
81,5% tiene una percepción positiva, 80% piensa que ha generado empleos en
los últimos 5 años, pero sólo 30% considera que paga bien a sus
trabajadores. Lo que les dejó claro dónde tienen que poner el énfasis.
EN CIFRAS
- US$ 1.439,7 millones exportó en 2004 la industria del salmón. Para este año se proyecta
un aumento de cerca del 10%.
- 99% de la producción se exporta.
- 45.000 empleos genera hoy la industria del salmón, concentrados en la X y XI
Región.
- 80% de las exportaciones de salmón chileno se destinan a EE. UU. y Japón.
Qué pasa en Noruega
La salmonicultura recoge críticas en todo el mundo. Ni siquiera Noruega, el
mayor exportador de salmones, se salva. Según grupos ecologistas, los
cultivos ya han dañado hábitas naturales en el país nórdico.
Esta industria, que allí comenzó en los 60, que se expande por los 21.000
kilómetros de costa y que genera más de 14.000 empleos, gestiona unas 850
licencias, otorgadas por la Dirección de Pesca de esa nación. Esta entidad
se asegura de que el funcionamiento de la granja no tenga un impacto
negativo para el medio ambiente.
Sin embargo, Juan Carlos Cárdenas, director de Ecocéano, acusa de doble
estándar a las empresas internacionales que operan en nuestro país. Afirma
que en su nación de origen cumplen con las reglas ambientales, pero no así
en Chile, donde "tenemos los estándares más bajos a nivel ambiental, laboral
y sanitario".
Con esto difieren en la industria. Rodrigo Infante, gerente general de
SalmonChile, es tajante: "No es efectivo que vengan a trabajar acá con
menores normas", sostiene. A esta afirmación se suma Francisco Ariztía,
presidente de Mainstream Salmones, de la noruega Cermaq, quien asegura que
los reglamentos ambientales chilenos son muy similares a los del resto del
mundo. Aunque destaca que los noruegos tienen una gran ventaja, pues para
ellos "los conceptos de licencia (permiso para producir salmones) y
concesión (porción de agua donde aplican la licencia) son independientes.
Eso significa que pueden mover sus licencias entre distintas concesiones, lo
que les da mayor flexibilidad para controlar los impactos, por ejemplo, de
centros con poca corriente o profundidad", y de esta manera se puede
fiscalizar la acumulación de materia orgánica bajo las jaulas.
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