Concesiones solicitadas rodean al proyecto
El blindaje minero de Hidroaysén que lidera la sobrina de Pinochet
Fuente:
www.elmostrador.cl
24 de septiembre de 2008
La ex directora del Sernageomin, María Teresa Cañas Pinochet, junto a otros profesionales, jugaría el rol de ‘’testaferro’’ de la sociedad Endesa-Colbún a la hora de pedir concesiones mineras que curiosamente coinciden milimétricamente con la ubicación del proyecto energético. Esta práctica, ampliamente extendida en la actual zona de construcción de centrales, permite devaluar el precio de los terrenos, ahorrar futuras indemnizaciones y al mismo tiempo ingresar a los predios sin necesidad de permiso.
Claudia Urquieta Chavarría
El 28 de noviembre de 2005 la ex directora del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), María Teresa Cañas Pinochet, obtuvo un contrato indefinido por 6.143,75 UF dentro del acuerdo de compraventa entre Endesa y Centrales Hidroeléctricas de Aysén., firmado en octubre de ese año.
De esta forma, la sobrina del ex dictador Augusto Pinochet comprometía la prestación de servicios en torno a la tramitación de concesiones mineras, iniciando así una fructífera arremetida para obtener los derechos de exploración en miles de hectáreas, que curiosamente coinciden con el proyecto de las cinco megacentrales que la sociedad Hidroaysén pretende materializar en la Undécima Región.
Además, existen otras solicitudes que concuerdan con la línea de transmisión de más de 2 mil kilómetros que Transelec proyecta construir para materializar el proyecto del holding Endesa- Colbún, aunque en ese caso Cañas Pinochet no es la principal solicitante. A varios otros, que actuarían como “testaferros” del proyecto, se suman las peticiones del abogado Gregorio Schepeler, que también estuvo ligado a la Sernageomin, y que registra al menos 18.100 hectáreas pedidas en el Estuario de Reloncaví y Frutillar. Si bien no existe un vínculo tangible con estas empresas, llama la atención la coincidencia con la ruta más probable que seguiría la línea de transmisión.
Aunque es muy difícil precisar cuántas peticiones de exploración minera han sido solicitadas y que concuerdan con los trazados de la iniciativa energética, debido a que se tramitan en los juzgados de letras correspondientes, en el Consejo de la Patagonia detallan que hasta junio de este año existían 513 en Aysén y 184 en Palena. “En un principio fueron pedidas para zona de embalses. Y paulatinamente han ido avanzando en la XI y la X región”, explica el abogado de la organización Chile Ambiente, Felipe Meneses.
Y como botón de muestra, señala que luego de hacer el levantamiento de la información geográfica comprobaron que el Parque Pumalín, de propiedad del ecologista Douglas Tompkins, fue atravesado por concesiones de exploración minera a nombre de la subsecretaria (S) de Minería durante el régimen militar.
Como dato anecdótico, la ingeniero químico figura como una de las principales titulares de concesiones mineras de exploración en el país en 2006, ocupando el octavo lugar con 169.400 hectáreas. Entre los primeros puestos se encuentran Codelco, BHP Chile y Soquimich.
El “blindaje” minero
En este escenario, cabe preguntarse si Hidroaysén encontró una nueva veta comercial ligada a la minería. O en su defecto qué ventajas obtiene al adjudicarse concesiones que rodean su proyecto.
La respuesta está en la legislación del área, regulada por la Constitución Política, la Ley Orgánica Constitucional Minera y el Código de Minería. El código minero otorga las concesiones judicialmente y es muy abierto, lo que permite al beneficiado “catar y cavar” en un sitio incluso sin concesión alguna de respaldo, partiendo de la premisa de que los derechos superficiales del terreno son distintos a los subterráneos.
Por ello, con o sin el visado del dueño “superficial”, los interesados pueden ingresar a los terrenos, hacer estudios, calicatas o perforaciones para sondear la calidad del suelo o explorar.
“Puedes tener un fundo y alguien una concesión minera, entonces hay dos dueños del mismo territorio pero de derechos distintos. Por eso la opción del primero es recurrir a tribunales, donde lo que se buscará es llegar a un acuerdo, donde generalmente se le indemniza por los daños”, explica el jefe del departamento de propiedad minera de Sernageomin, Patricio Leiva.
Y aunque la tramitación para obtener la concesión no es corta y es necesario incurrir en una serie de gastos que incluye entre otros el pago del “amparo” de la concesión (una suerte de patente), no es necesario presentar un proyecto ni tampoco comprobar que se está utilizando con un fin netamente minero. Mientras se pague en los plazos correspondientes se puede contar con el permiso de exploración por un período específico, y con el de explotación indefinidamente.
“En jurisprudencia esto es un abuso del derecho. Porque lo que hacen es ganar una ventaja sobre los terrenos utilizando la legislación minera para un fin que esta no contempla. Así, ellos dicen proteger su inversión, porque no quieren que otras personas vías concesiones mineras les estrangulen el proyecto”, asegura Meneses.
Y de paso, transforma en un movimiento especulativo todo el proceso, ya que a la larga los concesionarios logran devaluar el precio de los terrenos, disminuyendo el pago de futuras indemnizaciones o compras, así como controlar la tierra y su ingreso a esta sin que se pueda impedir a través de la ley.
De hecho, si alguien se entera de que hay peticiones en proceso en su territorio, no puede detenerlas. A lo que se suma que al no haber obligación de informar directamente a los afectados, estos generalmente se enteran por obra del destino. Bien lo saben los 15 ganaderos de Aysén, entre los que se encuentra el empresario Víctor Hugo Puchi, que en 2006 iniciaron acciones legales a través el abogado Álvaro Varela en contra de Endesa, por la solicitud “poco transparente” de 143 concesiones mineras en la zona donde pretende construir las centrales hidroeléctricas.
Según explica Varela, se enteraron del asunto por casualidad, mientras revisaba documentos en el juzgado para saber cuándo Endesa pediría la autorización de ingreso a los predios en cuestión para empezar con los estudios relativos a la instalación de las centrales.
En vista de esto, Varela solicitó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que tomara medidas en razón de que la empresa debía haber informado que se estaba dedicando a nuevas actividades, lo que finalmente fue rechazado.
Una vieja práctica
Pero esta práctica no ha sido sólo jugada por Hidroaysén, empresa que optó por no hacer declaraciones sobre el punto.
 En el caso de Celulosa Arauco y Constitución (Celco), solicitó concesiones mineras en torno a la ruta del proyecto para construir un ducto que evacue los riles de la planta de celulosa de Valdivia, en la bahía de Mehuín, en la Región de los Ríos.
Las peticiones comenzaron a tramitarse en julio de 2005, un mes después que la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) ordenara al grupo Angellini buscar alternativas a la descarga de sus riles en el río Cruces. En este caso, las concesiones mineras también fueron solicitadas por personas naturales que actúan representando a la empresa.
“La desventaja para los afectados -solo desde el punto de vista jurídico- es que por sus terrenos podría pasar un emisario-ducto, sin que tengan la posibilidad de oponerse a ello, ya que la ley minera lo permite”, explica el encargado del programa de ciudadanía e interculturalidad del Observatorio Ciudadano, José Araya.
En este caso, también se enteraron por casualidad de la movida de Celco al revisar boletines mineros, por lo que junto a los afectados pretenden interponer una demanda de nulidad, lo que se concretará dentro de las próximas semanas.
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