Contaminación del Río Cruces:

Fuente: Diario Siete 19/06/05

Planta de Valdivia de Celco
La historia íntima de su aprobación

La corta hisioria de la planta de celulosa de Valdivía no es una suma de "errores involuntaríos", como ha dicho la empresa. Al margen de lo feble de nuestra ínstítucionalídad ambiental una larga lista de vulneraciones a la ley señala que Celco siempre pensó que el costo ecológíco no era un tema para tomarse en serio.

Marcelo Mendoza
Diario Siete

En un seminario del Instituto de Economía de la Universidad Católica, el dimitido gerente general de Celco Arauco, Alejandro Pérez, dijo alegremente que los conflictos ambientales se resolvían "con llamados a La Moneda". Su dimisión, tras la crisis provocada con la planta de celu­losa de Valdivia, es un síntoma de que eso ya no es tan así. En palacio lo aseguran. Y se reconoce que, antes de que ocurriera la muerte de los cisnes, más de algún tele­fonazo tuvo el efecto que Pérez con soltura mencionó.

Hay consenso intramuros en señalar que -como dice un alto personero de gobierno a Diario Siete- "la arro­gancia empresarial esta vez superó todo límite y con ello se marcó un punto de quiebre entre las buenas relacio­nes del Estado con una empresa.

La historia de la planta de San José de la Mariqui­na de la empresa Celco Arauco y Constitución S. A., por cierto que aún no concluida, es una buena muestra de que -como dice el senador Antonio Horvath- "el medio ambiente termina siendo la carta de ajuste del crecimiento económico".

Planteado como proyecto emble­mático para una provincia como Val­divia, con una economía bastante deprimida, la planta de celulosa de Anacleto Angelini se transformó, en su origen, en una gran noticia para la mayoría de los valdivianos. Gabriel Val­dés, senador DC por la zona, fue uno de sus principales defensores. Una inversión por sobre los mil millones de dólares, en un periodo en que se comenzaban a sentir los efectos de la crisis asiá­tica, no era poco. Sus 350 puestos de trabajo directos y poco menos de mil indirectos -producto de la actividad forestal implícita- era un empuje importante a la zona. Pero todo partió mal.

Originalmente, la idea era ubicarla en Corral, en la costa. El senador Valdés -que posee una casa en medio del humedal- veía en ello una magnífica oportunidad de crear así un puerto, donde la industria podía embar­car directamente su celulosa a los mercados internacio­nales. Además, desde allí podrían salir embarques de otros productos forestales. Pero la empresa se negó. Estimó que aquella localización no le era rentable, pues la dejaba demasiado lejos de sus plantaciones de pino radiata y eucalipto, la materia prima, repartidas entre la Octava y Décima regiones. Ahí estuvo quizás el primer error. El lugar elegido por ellos estaba: a 500 metros del río Cruces, y a 20 kilómetros del Santuario Natural Carlos Anwandter, el único humedal de Chile recono­cido internacionalmente por entonces.

"Yo decido donde instalo la planta"

Cuando una importante autoridad del gobierno de Frei en 1995 se entrevistó con el propio Anacleto Angelini y le hizo presente el peligro para el entorno de que la planta se instalara donde definitivamente lo hizo, evacuando sus residuos líquidos (riles) en aquel río, el empresario más poderoso del país se molestó.

-Yo decido el lugar donde instalo mi planta -dijo con sequedad.

Ese año, Celco presentó su estudio de impacto ambiental (EIA) 'voluntario", pues todavía no regía la normativa para hacerlo como una obligación. La Secre­taría General de la Presidencia (Segpres) le representó a Alejandro Pérez, el gerente general, los errores del proyecto: entre otras cosas, no habían consi­derado que la evacuación de riles caería sobre el humedal en una planta de tratamiento primario, como era en un comienzo. Y se les exigió que el tratamiento fuera secundario.

-El gobierno les hizo ver que estaban en juego todas las exportaciones de celulosa del país -afirma un personero guber­namental de entonces- y que si ocurría alguna desgracia podía haber un dumping ambiental. Les dije: ustedes no van a tener de enemigos a los ecologistas, sino a sus competidores (la CMPC, la otra empresa exportadora).

Se les conminó a un cambio en el proyecto: que eva­cuaran los riles en el mar, en la bahía de Maiquillahue, en Mehuín. Se les facilitó permisos de tránsito a través de terrenos fiscales y se les exigió un ducto de más cien metros mar adentro. Pero Celco actuó con imprudencia. Sin siquiera iniciar el estudio de impacto ambiental correspondiente, aparecieron por aquella caleta de pes­cadores operarios con bulldozer, lo que gatilló el inicio de una resistencia local que, en definitiva, impidió la realización del estudio de impacto ambiental. "La bata­lla de Mehuín' se le llamó a esa tenaz rebelión de pesca­dores y ecologistas, que incluso causó una suerte de "batalla naval", cuando una flota de pequeños barcos pesqueros impidió la llegada de un remolcador.

-Ellos no tenían interés en hacer ese estudio -confie­sa el mismo personero- porque no querían evacuar sus desechos al mar: querían hacerlo en el río Cruces, por­que abarataban costos.

Finalmente, los estudios se suspendieron ante un informe técnico negativo de la Armada, en 1996, pese a que las autoridades de la época propusieron cambiar la ubicación del ducto hacia el borde sur de la bahía, donde las mareas son más fuertes y la profundidad es mayor.

En el gobierno y la empresa retornaron a la idea ori­ginal, pero con una importante condición: que la planta de tratamiento de residuos líquidos fuera "terciaria'. Se pensaba por entonces que ello haría que los riles queda­ran casi como agua potable. A pesar de que la empresa se resistió, tuvo que acatar la norma y, en octubre de 1998, su ElA fue aprobado con esa prerrogativa.

En febrero de ese año -tal como lo reveló Diario Siete hace 10 días-, tras una negociación de la empresa con Conama, se acordó reducir las exigencias ambientales y se extendieron los plazos de monitoreo. En particular, se eliminó el monitoreo de los efectos de la emisión de riles en las comunidades biológicas en el humedal. Una de esas exclusiones era monitorear los efectos del hierro acumulado en el luchecillo, el ali­mento de los cisnes de cuello negro que eran la estrella del santuario natural.

Un informe de dos investigadores de la Universidad Austral (Álvaro Mardones y Carlos Leal), presentado en noviembre de 1995, llamaba la atención sobre esta posibilidad. Pero no fue tomado en cuenta por Conama. Un hombre clave en aquella negociación fue Raúl Arteaga, entonces director de la Conama regional y actual jefe del sistema de evaluación de impacto ambiental de toda la Conama. El otro: Jorge Vives, entonces gobernador de la provincia de Valdivia y ahora intendente regional y presidente de la Corema. Quien los asesoraba -a ambas entidades- era el experto en celulosa Claudio Zaror, del Centro Eula de la Universi­dad de Concepción, quien en 2001 fue integrante del Consejo Consultivo Nacional de Conama.

Un miembro de ese Consejo Consultivo aún se acuerda de la arrogancia de Víctor Renner, gerente del proyecto, durante una sesión ante ese organismo. Refutó todas las críticas ambientales y declaró de modo categórico: "No vamos a modificar ni una coma de este proyecto".

La planta se empezó a construir a comienzos de 2000. Teniendo permiso para producir 550 mil toneladas anuales de celulosa, después se supo que la hicieron -ilegalmente- con una capacidad para al menos 650 mil. A fines de enero de 2004, Alejandro Pérez dijo en una entrevista que la planta tenía una capacidad de producir hasta 750 mil toneladas. Pero entonces nadie reparó en que eso era 200 mil más de lo permitido.

Vacas flacas, cisnes muertos

No toda la responsabilidad, en todo caso, fue de la empresa. El gobierno del Presidente Frel, tal vez apre­miado de nuevas inversiones en su último periodo de "vacas flacas", contribuyó bastante a crear un clima donde se pensó que lo ambiental podía ser una suerte de "lomo de toro" para el crecimiento del país, expre­sión muy posterior del actual ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi.

-Frei participó en la colocación de la primera piedra de la planta de Celco, en mayo de 1996, pocos días antes que la Corema local emitiera su primera resolución sobre el estudio de impacto ambiental -reconoce una alta auto­ridad actual-. Hizo lo mismo con el Proyecto Cascadas, que al final no se realizó. E igual cosa con Ralco.

Una importante autoridad política que en su momento estuvo involucrada en la aprobación de la · planta reflexiona:

-Esto me lleva a concluir que las resoluciones aprobadas para proyectos industriales deben tener un plazo acotado de vigencia. Hoy son indefinidas. Creo que Celco ha actuado sistemáticamente de mala fe.

Porque con la planta de celulosa de Itata (aprobada en tiempos del Presidente Lagos y ahora en construcción), han cometido también numerosas irregularidades. Los siete directores que ha tenido Conama son una seña de que la institución no ha funcionado como debía: no hemos sido tan prolijos en el resguardo ambiental -dice, en un mea culpa.


Se viene un ministro ambiental

Todos los actores admiten que la crisis producida por Celco genera un punto de no retorno en la consolidación de un sistema mucho más con­sistente de protección ambiental. "El sistema de evaluación ambiental en Chile va a cambiar deci­sivamente", dice un alto personero de gobierno, reconociendo las graves falencias actuales.

En los próximos meses, el Presidente Lagos fijará el rayado de cancha para una severa corrección de la institucionalidad ambiental. En su último mensaje presidencial, Lagos sorpren­dió incluso a sus funcionarios al anunciar la crea­ción de una Superintendencia de Fiscalización Ambiental. Pasado un mes, la idea ya se encuen­tra en avanzada etapa de elaboración en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Diario Siete puede revelar, en exclusiva, que a las modificaciones a la Ley de Bases del Medio Ambiente (1 9.300), casi consensuadas en la comisión del Senado presidida por Antonio Hor­vath (senador de RN de marcado tinte verde), se le agregará la nueva Superintendencia de Fisca­lización Ambiental, cuyo anteproyecto está casi listo. Se enviaría al Parlamento como proyecto de ley en menos de tres meses.

Haciéndose eco de voces ecologistas y de par­lamentarios verdes, el proyecto contempla darle rango de ministro al director de Conama, tal como lo tienen la Comisión Nacional de Energía (CNE) y el Sernam. Así, la Segpres ya no será más la cabeza ambiental del país.

Conama se encargará de las decisiones de políticas públicas ambientales y de la aproba­ción de los proyectos hasta que entren en fase de producción. Entrando a producir, estos que­darán bajo la tutela de esta nueva Superinten­dencia de Fiscalización Ambiental, cuyo fin será controlar y sancionar.Tal como lo hace el resto de las superintendencias del Estado.

Toda esta arremetida, además, tiene una razón de peso: adecuarse a las condiciones que la Ocde le exige a Chile para entrar a este selecto club de las naciones más industrializadas del mundo. Personeros de gobierno reconocen que la nueva Superintendencia no alcanzará a aprobarse en la actual administración y, por tanto, quedará como un "amarre'para el próximo gobierno.

-No es un camino fácil -dice una alta autoridad-. Pero no queda otra. Se acabaron los llamados a La Moneda para resolver los conflictos ambientales.

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