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Carolina Parada Gavilán
Ilustración: Domingo Baño A.
Oscar Parra, director del Centro de Ciencias Ambientales Eula de la
Universidad de Concepción, regresó el miércoles a Chile desde Nueva
York. A su llegada tuvo un ineludible encuentro con la prensa. El
centro que dirige saltó a los titulares de la noticia luego que EL SUR
diera a conocer que la empresa Celco presentó a la Corte Suprema un
estudio cuya elaboración adjudicó a Eula. Dicho informe fue uno de los
aspectos clave en la decisión de revocar el fallo de la Corte de
Apelaciones de Valdivia que, a fines de abril, decretó el cierre de la
planta de celulosa en dicha ciudad. Celco entonces podía seguir
funcionando.
Pero Eula jamás elaboró tal informe. La empresa explicó que se trató en un “error involuntario”.
Las repetidas menciones al centro ambiental y a la Universidad de
Concepción en la prensa nacional obligaron a Parra a dirigirse a la
rectoría apenas pisó la ciudad. “Me reuní con el vicerrector y
acordamos que ésta es la oportunidad para hacer ver que el sistema no
está funcionando globalmente”.
Oscar
Parra quiere analizar los acontecimientos desde una visión más amplia y
por eso aceptó sin mayor resistencia las explicaciones que
telefónicamente le dieron los directivos de Celco. “Me llamaron de la
gerencia para decirme que iban a salir las aclaraciones pertinentes”,
acota. Su perspectiva va más allá del conflicto que vive la empresa y
apunta a la débil institucionalidad chilena en materia medio ambiental,
aspecto que comienza a ser percibido en el exterior, tal como lo
ejemplifica con un original “souvenir” que trajo de Estados Unidos: un
recorte de la página editorial del New York Times denunciando los
graves problemas que vive el alerce chileno.
“Aquí hay un problema de fondo. Nuestro vacío ambiental es tan grande
que estos problemas van a continuar si no solucionamos esto de raíz”,
opina. Y para dejarlo más claro todavía Oscar Parra invierte una de las
frases emblemáticas de Ricardo Lagos: “Aquí no están funcionando las
instituciones”.
Visión equivocada
En la misma línea el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del
Senado, Antonio Horvath (RN), señala que el gobierno está en una
posición ambiental equivocada, pues “cree que solamente se resuelven
los problemas por la vía del crecimiento económico, pero si éste no se
da en armonía con el medio ambiente nos ponemos la soga al cuello”.
El senador acusa fallas a la Ley de Bases del Medio Ambiente promulgada
en 1994. Una de ellas es que no establece la obligatoriedad de estudios
previos de localización de los proyectos públicos y privados. “En el
caso Celco se ha demostrado que la localización es inadecuada”.
Coincide en esto con Oscar Parra: “El problema radica en que se haya
aceptado la localización de la planta sobre un santuario, ¿quién tiene
la culpa ahí?”, pregunta.
Horvath
critica también el menor rango jerárquico que tiene la Conama respecto
de los Ministerios políticos. “Tengo el máximo respeto por las personas
que integran la Conama pero es un organismo sin jerarquía dentro de la
administración pública. ¡Los ministerios hacen y deshacen con ella!”,
reclama. Precisamente, que Conama dependa del Ministerio Secretaria
General de la Presidencia la ha convertido en blanco permanente de
críticas debido a su actuar bajo instrucción política.
Como botón de muestra están las renuncias de los directores ejecutivos
del organismo que no logran imponer criterios técnicos a las carteras
que integran el Consejo Directivo de Conama. “No duran mucho en sus
cargos porque son sometidos a presiones de todos lados”, indica
Horvath. (ver recuadro)
Política del telefonazo
Otra acusación que se repite es la relación entre el sector privado y
funcionarios del gobierno. “Para nadie es un misterio que personeros de
la empresa Celco ocuparon cargos en los gobiernos de la Concertación”,
acusa Horvath. Es el caso de Alberto Etchegaray, presidente del
directorio de Celco, quien fue ministro de Vivienda y Urbanismo en el
gobierno de Patricio Aylwin. Pero no es el único. El propio Anacleto
Angelini -propietario del Holding Arauco al que pertenece Celco- se ha
mostrado cercano a partidos de la Concertación, especialmente a la
Democracia Cristiana. Más aún, uno de los hombres fuertes del grupo
Angelini es Felipe Zaldívar Larraín, hermano de los senadores DC Andrés
y Adolfo Zaldívar.
Para el economista
y ambientalista Marcel Claude son estas las relaciones que constituyen
el fondo del problema ambiental en Chile. Para él, la Concertación ha
tenido que negociar para mantenerse en el poder y en esa política de
acuerdos se debilita el rol del medio ambiente en el desarrollo. “La
mayoría de los macroproyectos tiene que ver con el medio ambiente y el
gobierno negocia con los cabezas de esos grupos que además financian
sus campañas políticas”, acusa Claude.
Por eso, para el controvertido economista, el problema no es si la
Conama tiene o no categoría de Ministerio,”porque mientras en Chile
siga operando la “política del telefonazo”, las cosas no van a cambiar”.
Tratados incumplidos
En este complejo panorama casi no causa extrañeza encontrarse con una
Tratado Internacional al que Chile adscribió pero que sencillamente no
cumple. Es el caso de la Convenio de Ramsar, relativo a los humedales
de importancia internacional como hábitat de aves acuáticas, suscrito
en Irán en 1971.
Chile ratificó este
convenio en 1981, a la vez que incorporó a la Lista de Humedales el
Santuario de la Naturaleza Carlos Andwanter, y se comprometió a velar
por su preservación. Pero en octubre del año pasado los cisnes de
cuello negro, un emblema ambiental y turístico del humedal, comenzaron
a morir.
De allí que el senador
Horvath sostenga que en el caso Celco “el gobierno falta a un
compromiso internacional” y que -en conjunto con parlamentarios de
otros países de Latinoamérica y el Caribe- impulsará la creación de una
Corte Internacional de los derechos ambientales porque “en nuestros
países firmamos tratados que después nadie cumple”.
Al respecto el director regional de la Conama Biobío, Bolivar Ruiz,
indica que “en Chile somos campeones mundiales para firmar tratados”. Y
¿quién vela por ellos? “Hay que preguntar en el Ministerio de
Relaciones Exteriores que recién ahora está creando una Oficina de
cumplimiento de tratados”, responde Ruiz y agrega: “si le hubieran
dicho a la Conama ‘vele por los Ramsar’, estoy seguro que habríamos
tenido una propuesta de manejo de los humedales”.
Lo más sorprendente es que este Tratado jamás fue considerado en toda
la trayectoria de la instalación de la planta de celulosa en la zona.
Ni siquiera en el Estudio de Impacto Ambiental, donde los grupos
ambientalistas se movilizaron para manifestar los efectos que la planta
podría tener en el Santuario. Evidentemente tampoco pesó en la última
decisión de la Corte Suprema. “Si usted supiera la cantidad de
procesos, incluso judiciales, donde los tratados de tipo ambiental
ratificados por Chile son desconocidos incluso a nivel de jueces, se le
caería el pelo... A mi se me cayó por eso”, concluye Bolívar Ruiz.
Bolívar Ruiz, director regional Conama:
“Se acabó la dicotomía economía-medio ambiente”
A Bolívar Ruiz le molesta que cuando estallan conflictos ambientales
las acusaciones apunten directo a Conama, porque dicho sea de paso
cuando se habla de institucionalidad ambiental no sólo compete a la
Comisión Nacional del Medio Ambiente. Más aún, ésta sólo tiene
funciones de coordinación de los distintos servicios públicos que se
relacionan con temas ambientales como el Servicio Agrícola Ganadero,
SAG; la Corporación Nacional Forestal, Conaf; el Servicio Nacional de
Pesca, Sernapesca; la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina
Mercante, Directemar y Servicios de Salud.
Tampoco acepta “versiones injuriosas” como las del diputado Guido
Guirardi (PPD) quien expresó que la Conama debe ir al tacho de la
basura. “Los funcionarios de Conama es lo mejor que tiene Chile en
materia ambiental”, enfatiza.
Pero sí
transa en dialogar respecto de la institucionalidad ambiental de Chile
que para él es resultado de “concesiones establecidas en los años duros
de la transición por un gobierno que debía andar en puntillas para no
quebrar ningún huevo”. En otras palabras indica que “la Ley de Bases
del Medioambiente fue lo menos malo que pudimos sacar, muchos de
nosotros queríamos ir más allá”. Recuerda que él mismo propuso en 1992
la incorporación de la figura del delito ecológico. “Hoy existe
consenso en que hay que incorporar a la legislación esta figura pero en
ese momento casi me lincharon, me dijeron que era una monstruosidad
jurídica”, rememora.
Directores “fusibles”
Si bien reconoce que la actual Ley 19.300 no responde a las necesidades
del Chile actual, él prefiere mirar la mitad llena del vaso y situar
las cosas en su contexto. “¿Usted cree que el caso de la celulosa de
Valdivia o Itata habría tenido este impacto sin Ley del Medio
Ambiente?”. Y responde él mismo. “Habría importado un soberano pepino”.
Para Bolívar Ruiz lo urgente ahora es cómo mejorar la implementación de
la Ley de Base. También cree imprescindible dar a la Conama un rango
ministerial para que tenga el peso político e institucional suficiente
para poder influir en los demás ministerios. “La Conama está mal
diseñada y se les pide a los directores ejecutivos más de lo que
legalmente pueden hacer. Entonces actúan como fusibles”, acota.
Para el directivo regional el tema medioambiental debe entenderse como
una preocupación del país porque tiene que ver con la supervivencia de
la capacidad competitiva económica que tiene Chile. “Se acabó la
dicotomía economía-medio ambiente, son parte de una misma cosa y eso lo
tiene que entender la sociedad chilena, los empresarios y en el
gobierno, especialmente en algunos ministerios tradicionales donde hay
depredadores que dejarían pálido al más depredador de los empresarios”,
señala.
Historia de rotaciones
Desde su creación, en 1994, la Comisión Nacional del Medio Ambiente,
Conama, ha tenido seis directores ejecutivos y un primer secretario
ejecutivo. Casi todos ellos se han alejado de su cargo en medio de
conflictos ambientales o desaveniencias con la Subsecretaría General de
la Presidencia, cartera de la que depende.
Rafael
Asenjo Luego. Primer secretario ejecutivo de Conama, abogado y uno de
los artífices de la actual Ley de Bases del Medio Ambiente. De gran
manejo político, tuvo la habilidad necesaria para lidiar al interior
del gobierno, sobre todo frente a carteras como Economía y Hacienda.
Posterior a su salida ocupó el cargo de director ejecutivo del Fondo
del Medio Ambiente Mundial en programa de la ONU par el Desarrollo,
Pnud, en Nueva York. Actualmente se despeña como investigador del
Centro de Estudios para el desarrollo, CED, órgano vinculado a la
Concertación.
José
Goñi (1994-1995). El ingeniero comercial fue el primero en asumir la
dirección ejecutiva de la Conama una vez que entró en vigencia la Ley
de Bases del Medio Ambiente. Enfrentó el primer gran conflicto
ambiental de los gobiernos de la Concertación: Ralco. En ese contexto
se recuerda la famosa frase del Presidente Eduardo Frei: “Nada detendrá
el desarrollo de este país”. Posteriormente partió a Suecia e Italia
como embajador de Chile. Hoy está a cargo de la oficina de la
Universidad de Concepción en Santiago y de la Casa Ciudadana en
Hualpén. Aspira a postularse al parlamento por el distrito 43.
Viviane
Blanlot (1995-1997). Le tocó vivir los momentos más duros del conflicto
Ralco hasta que finalmente presentó su renuncia. Pese a que explicó que
lo hacía “por motivos estrictamente personales” las versiones
extraoficiales apuntaron a que el gobierno le solicitó dejar el cargo
debido a las continuas exigencias que ésta colocaba a los proyectos
ambientales. Más tarde asumió la secretaria ejecutiva de la Comisión
Nacional de Energía, cargo del que se alejó en medio de una fuerte
polémica. Actualmente trabaja en el mundo privado para la empresa
consultora IGT.
Rodrigo
Egaña (1998-2000). Pese a ser duramente cuestionado por el mundo
ambiental por su escasa experiencia en estas materias al momento de
asumir el cargo, ha sido el único el terminar su mandato sin mayores
conflictos. Actualmente es el subsecretario de la Presidencia.
Adriana
Hoffman (2000-2001). Connotada bióloga y ecologista, fue designada por
el Presidente Ricardo Lagos. Su gestión estuvo cuestionada desde sus
inicios por sectores empresariales. No tuvo respaldo político y su
renuncia fue inevitable. Luego asumió la dirección del Centro de
Estudios Ambientales del Parque Santiago, cargo que dejó como un gesto
de protesta frente a la aprobación de la construcción de la Radial
Nororiente, autopista que segmentó dicho pulmón verde. Sostiene que
para el gobierno chileno el tema medioambiental no es prioritario y que
nunca más en su vida aceptará un cargo público. Hoy trabaja para la ONG
Defensores del Bosque.
Gianni
López Ramírez (2001- 2004). Su primera gran tarea fue precisar una
nueva agenda ambiental para Chile hasta el año del 2006, diseño que no
alcanzó a concretar. El alejamiento de su cargo se debió a diferencias
de enfoques y objetivos con el ministro Secretario General de la
Presidencia, Francisco Huenchumilla, quien le pidió la renuncia. Uno de
los motivos de la discordia fue el proyecto de ley sobre “bonos de
descontaminacion” que el gobierno se empeñaba en aprobar en el
parlamento pese a la dura oposición de grupos ambientalistas.
Paulina
Saball (2004-) Asistente social. Hasta antes de ser nombrada se
desempeñaba como subsecretaria de Bienes Nacionales y se le considera
muy cercana al ministro de Vivienda, Jaime Ravinet, ha sido cuestionada
por los círculos ambientalistas por su escasa experiencia. Sólo se
conoce su trabajo en algunas ONGs.
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