Fuente: www.lanacion.cl/ (04/06/05)

El ministro secretario general de la Presidencia, Eduardo Dockendorff, apuntó directamente a las dudas sembradas por el accionar de la empresa, que el jueves en un comunicado se exculpó señalando que sólo hubo un “error involuntario de cita" en los datos atribuidos al centro EULA de la Universidad de Concepción.

Pero para Dockendorff es necesaria una explicación más clara: “Los errores jurídicos generan descrédito sobre nuestras instituciones, eso creemos que lo debe despejar la empresa y asumir las consecuencias de sus actos", dijo el ministro, quien además confirmó que se reunió con el titular del directorio de Celco, Alberto Etchegaray, para comunicarle la posición del Ejecutivo.

El secretario de Estado fue más allá y señaló enfático que la actuación de Celco podría comprometer la imagen internacional del país: "La mala conducta ambiental de una empresa ciertamente que daña, no solamente la competitividad del país, sino que la imagen del país afuera", dijo.

Dockendorff coincidió en este punto con la dura lectura formulada por Gonzalo Villarino, director ejecutivo de Greenpeace Chile. Para este personero ambientalista, “la imagen internacional que se proyecta es muy negativa. Aquí existe una violación flagrante a la legislación ambiental y a los acuerdos comerciales suscritos por Chile, que incluyen una dimensión ambiental. Ahora todo ha quedado en entredicho”

Malestar en la ciudadanía

La molestia de las organizaciones ambientales y ciudadanas es evidente. Las ONGs Oceana, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca) y el Movimiento Acción por los Cisnes, consideraron una falta de respeto para el país la dinámica de cómo finalmente se gestó la sentencia del máximo tribunal del país.

Esto, a sabiendas que los informes que presentó Celco en su defensa son inexistentes, que dicha entidad ha incurrido en al menos 19 irregularidades ambientales, que ha recibido cuatro sanciones por parte de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) y una del Servicio de Salud, y que además hay tres informes científicos de la Universidad Austral que confirman su responsabilidad en la mortandad de cisnes en el Río Cruces, a causa de descargas contaminantes que incidieron en los cambios ambientales del santuario.

Así por ejemplo, Marcel Claude, director ejecutivo de Oceana, manifestó que los ministros de la Suprema han caído en descrédito con su resolución unánime “negligente y vergonzosa, que deja al descubierto una grosera campaña por blanquear la imagen social de Celulosa Arauco. Por ello, lo de los cisnes es sólo la cara visible de una serie de problemas de salud y de economía local que muy pronto se harán evidentes”.

Claude considera sorprendente que todo esta polémica se desate justo en vísperas del día mundial del ambiente –a celebrarse mañana- señalando que “no deja de llamar la atención que a pesar de que diversos estudios científicos como el de la Universidad de Concepción, han demostrado la responsabilidad de Celco en el deterioro del santuario, todo las acciones tendientes a reparar el daño, terminaron por pronunciarse a favor de la continuidad de las operaciones de la celulosa”.

Otra opinión crítica es la esbozada por Lucio Cuenca, director de Olca, quien afirma que este “fallo de la Corte Suprema, que ellos mismos reconocen como un "error" involuntario, termina por demostrar la falta total de seriedad en la toma de decisiones de la justicia. No es menor el hecho que sea una sala del máximo tribunal quien se permite tamaño tropiezo. ¿Qué más podemos esperar de nuestros abnegados magistrados?, al parecer los poderes empresariales fácticos e invisibles logran imponer su lobby en este país”.

Para revertir el fallo, el vocero de Acción por los Cisnes, Vladimir Riesco, interpondrá un recurso de revisión, junto con iniciar una acción disciplinaria ante la comisión ética del poder judicial y exponer el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, invocando el Pacto de San José de Costa Rica.

Por su parte, Eduardo Jaramillo, biólogo y director responsable de los estudios de la Uach acusa su molestia por el fallo, al señalar que “las autoridades ambientales y judiciales parecen no haberle tomado el peso a nuestros análisis, pues las resoluciones finales así lo demuestran. Es lamentable y preocupante que se desproteja el ecosistema al no considerar un análisis tan serio y riguroso”.

Duros descargos

Quién nunca creyó que las autoridades judiciales tomarían la decisión de cerrar la planta, fue el director de Instituto de Ecología Política (IEP) Manuel Baquedano. “Queda claro que si no se tiene voluntad política para influir sobre las decisiones, la opinión pública o el deseo del ciudadano común nunca va será escuchado”, dijo.

Sin embargo, Baquedano va más allá en sus críticas. “El fallo judicial demuestra que se continúa en Chile con la doctrina que ha seguido la Concertación, tendiente sólo a aprobar proyectos y no rechazarlos, exigiendo a las empresas en casos de falencias ambientales, el mejoramiento en sus sistemas operativos. Esto pone el desarrollo económico y la acumulación de divisas, por sobre el cuidado de nuestro medio ambiente, nuestra salud y el futuro del planeta”, indicó.

El IEP es uno de los grupos ambientales que viene advirtiendo y repitiendo hasta el cansancio que la planta de celulosa no es compatible con la protección del medio ambiente, una opinión que las autoridades se han negado a aceptar.

Actualmente, la preocupación de las ONGs está centrada en seguir de cerca la estrategia que plantearán los ejecutivos de la empresa para eliminar los desechos fuera del estuario, siendo el mar la vía de evacuación más posible, fuera de la vista de la población. De ser así, advierten, las consecuencias las veremos en un poco tiempo más cuando estemos en presencia de una tragedia ecológica mucho mayor.

No obstante, Jorge Valenzuela, administrativo de la División de Medio Ambiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, explicó que a la fecha aún no habrían recibido copia oficial del informe Ramsar -entidad que vela por el estado de conservación mundial de los humedales- respecto al Río Cruces.

Lo trascendente del presunto estudio sería que determina que la empresa no tuvo mayor responsabilidad en la contaminación del estuario, lo que fue utilizado por el abogado de la empresa Celco, Alvaro Ortúzar, ante la Corte Suprema como elemento de prueba para demostrar que su cliente no fue el principal responsable de la muerte de los cisnes.

Pese a que el informe final no está en poder del Gobierno y dado que a ciencia cierta se desconocen empíricamente sus reales conclusiones, es que la Cancillería resta validez a las presuntas copias del documento Ramsar que estarían circulando en Chile.

Junto al senador de Renovación Nacional, Arturo Horvath, anunciaron una presentación judicial por "falso testimonio", delito castigado hasta con tres años de cárcel. Asimismo, dijo que emprenderán una campaña internacional contra Celco ante el Parlamento Europeo por "dumping medioambiental" y por transgredir convenciones internacionales vigentes.

Para Horvath, con esto "ha quedado muy en claro que la institucionalidad ambiental chilena es insuficiente e incapaz para abordar estas situaciones. Necesitamos una Conama (Comisión Nacional de Medio Ambiente) con rango de Ministerio, independiente de las presiones políticas y económicas". .