Declaración Pública:
Ante la ejecución de las obras del embalse El Bato:
Ambientalistas afirman que no está dicha la última palabra Santiago, 08 de septiembre de 2003
Con fecha 05 de septiembre de 2003 el diario El Día de La Serena reproduce un artículo en donde se afirma que “los ambientalistas han perdido una dura batalla” luego que el Gobierno aprobara la construcción del embalse El Bato en Illapel. Ante esto, la Corporación OLCA declara que “no son los ambientalistas quienes han perdido sino todos los habitantes quienes vemos vulnerado un patrimonio ecológico de gran envergadura”.
Atendiendo a informaciones de prensa relativas a la construcción del embalse El Bato en la localidad de Illapel en la IV Región, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) estima necesario recordar que el proyecto de construcción y explotación de dicho embalse, adjudicado a la empresa Méndes Junior e impulsado por el MOP a través del sistema de concesiones de obras públicas en la provincia del Choapa, y que implicaría la desaparición del Bosque El Bato, aún mantiene pendiente el pronunciamiento de la Contraloría General de la República ante la denuncia de ilegalidad presentada por nuestra institución en conjunto con organizaciones ambientales y habitantes de la zona.
Cabe consignar que las modificaciones en la Pared Moldeada, el Vertedero y el Canal Matriz implican cambios relevantes en las variables ambientales. No se puede entender de otra forma la modificación del proyecto que pretender pasar de una extensión de 3.000 hectáreas a otra de 5.000. Por ende, creemos que la Resolución de Calificación Ambiental que contempla el MOP es para un proyecto con características distintas al que se pretende implementar. En conclusión se requiere realizar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, a menos que se quiera seguir por el camino de no apegarse a la legalidad como ha sido la tónica del MOP hasta el momento.
Por otra parte, es preciso destacar que la tardanza del pronunciamiento del órgano contralor se debe única y exclusivamente a la negligencia del Ministerio de Obras públicas, organismo que demoró más de 10 meses en responder a los fundados oficios que cuestionan la legalidad del procedimiento aprobatorio. Es importante recordar que aún resta conocer el pronunciamiento que sobre la materia emita la Contraloría General de la Republica, instancia que ya ha detectado numerosas irregularidades administrativas en diversos contratos de concesión pública. Estamos convencidos que este será otro caso a incorporar en esa lista que actualmente tiene a un importante contingente de directivos del Ministerio procesados por delitos cometidos en la adjudicación de proyectos de infraestructura entre los cuales se encuentra Roberto Salinas encargado de este proyecto en la Coordinación de Concesiones.
Comunicaciones OLCA