DECLARACIÓN PÚBLICAEmbalse Illapel:
OLCA DENUNCIA RETRASO EN INFORME DEL MOP Transcurridos más de 6 meses desde que la Contraloría General de la República acogiera a tramitación la denuncia de ilegalidad y tráfico de influencias en el marco del procedimiento de licitación pública en la construcción y explotación del futuro embalse Illapel por parte de la empresa Méndes Junior, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) no ha respondido aún a su obligación de informar como ente público sobre el requerimiento emanado del organismo contralor.
Frente a esto, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) lamenta la imposibilidad que tiene la Contraloría para pronunciarse al respecto producto del retraso de este informe. “Ya son tres las ocasiones en que la División de Obras Públicas y Transporte de la Contraloría ha requerido antecedentes a la cuestionada repartición del Estado”.
“No deja de ser curiosa una conducta de esta naturaleza, cuando simultáneamente se presenta un Libro Blanco de Obras Públicas que busca justificar las graves y sistemáticas ilegalidades administrativas cometidas por la plana mayor de dicho Ministerio”.
En el transcurso de estos meses, OLCA ha recabado mayores antecedentes respecto de las irregularidades cometidas en el proceso de licitación y de normas de aprobación ambiental que rigen este tipo de proyectos. “Aquí nos encontramos ante una nueva modalidad donde se han coordinado altos funcionarios públicos con una empresa constructora para traspasar al Estado un costo de más de US$ 5 millones de la ejecución del proyecto Embalse Illapel. Aquí la modalidad original es por vía de una gestión administrativa modificar ilegalmente una Resolución Ambiental, liberando a la empresa Méndes Junior de la obligación de hacerse cargo de la compensación ambiental que implica la restitución del Bosque El Bato en la Cuarta Región”.
Los pasos dados en la investigación por la jueza Ana Gloria Chevesic, configuran la presencia de una asociación ilícita, destinada a lucrar con los recursos públicos del país. Si bien, lo anterior es un aspecto aún no abordado plenamente, por lo difícil que resulta su acreditación y prueba, las diligencias judiciales apuntan en esa dirección.
Los últimos antecedentes aparecidos en la prensa demuestran la diversidad de fórmulas ideadas para desviar recursos públicos hacia intereses privados. La lista es larga: pago de sobreprecios por consultorías técnicas; contratación de consultorías innecesarias; división de contratos para eludir obligación de licitación pública de los mismos; extensiones arbitrarias de obras concesionadas, etc.
Cabe recordar que en este largo proceso judicial, la decisión de la magistrada de procesar a 22 personas (ex autoridades y funcionarios del Mop y altos ejecutivos de empresas consultoras MOP-GATE) ha dejado a vista de la opinión pública que estudios en torno a proyectos de embalses concesionados y particularmente del proyecto embalse Illapel se usaron para defraudar al fisco y usar los dineros en pago irregular de los tristemente conocidos “sobresueldos”.
Entre los procesados se encuentra el ingeniero Roberto Salinas Briones, quien, como representante de la Coordinadora General de Concesiones en todas las instancias regionales y nacionales, era el encargado de gestionar los estudios y autorizaciones para llevar a cabo el proyecto.
En este marco, OLCA entregará en los próximos días el detalle de estos antecedentes a objeto de extender la investigación criminal al caso de la concesión de esta millonaria obra pública.
COMUNICACIONES OLCA