Proyecto minero Pascua Lama
En diez años, fueron acusadas de una sobre tres confrontaciones sociales en el mundo
El record de conflictos les corresponde a las mineras canadienses
Fuente:
Le Devoir 20 de octubre de 2010
Montreal : Las mineras canadienses se encuentran implicadas cuatro veces más que sus competidores del resto del planeta en violaciones a los principios de Responsabilidad social de las empresas, destaca un estudio inédito realizado por cuenta de Prospectors and Developpers Association of Canada (PDAC) [Asociación de exploradores y desarrollistas de Canadá], creada en 1932 en la provincia de Ontario, Canadá.
Este estudio, realizado por el Canadian Center for the Study of Resource Conflict [Centro canadiense para el estudio de conflictos por los recursos] fue encomendado por la PDAC en octubre 2009 y acaba de hacerlo público Mining Watch Canada.
En Quebec, el tema de las minas está vigente con dos proyectos de ley, uno conocido y otro que vendrá después de las audiencias públicas sobre el petróleo de esquisto bituminoso. La Asamblea nacional estudia actualmente una nueva Ley sobres las minas que reafirmaría la mayoría de los privilegios jurídicos con que gozan la industria desde hace mucho tiempo y que es denunciado por los medios municipales y ecologistas con una escasa unanimidad.
La Ley sobre las minas es preeminente de los poderes de las Municipalidades regionales de condado [agrupa todas la municipalidades de un territorio dado formando una entidad administrativa] en materia de gestión y fomento territorial. Los ecologistas, que han a menudo calificado los poderes exorbitantes del sector minero como una reliquia de otra edad, estiman que la protección del medio ambiente y de los ecosistemas debe pasar antes que los intereses privados de ese sector. Las regiones mineras son las más contaminadas por productos tóxicos en Quebec. Algunas mineras no vacilan en perseguir judicialmente a ciudadanos y grupos que atacan en Canadá, lo que se considera como persecución estratégica contra la participación pública [SLAPP en inglés].
De las 171 sociedades citadas en el informe, que analiza 171 “incidentes” o conflictos de naturaleza social o ambiental ocurridos entre 1999 y 2009, 34% son de las mineras canadienses. Estas están al centro de los conflictos más grandes. 63% de los incidentes destacados en este estudio son de mineras provenientes de cinco países.
Las sociedades canadienses solamente, son responsables de 33% de los conflictos, es decir cuatro veces más que los atribuidos a las compañías de la India y Australia (8%), seguidas por las mineras estadounidenses y británicas (6%). Globalmente, las mineras canadienses monopolizan 75% de todas las sedes sociales de esta industria en el mundo.
De todos los incidentes atribuidos a las mineras canadienses, 60% son conflictos con los miembros de las comunidades locales y 40% tocan distintas formas de deterioración del medio ambiente. En fin, 30% de esos “incidentes” son el hecho de actitudes contrarias a la ética, que implican a menudo las agencias de seguridad privadas. Solamente 13% de los casos, están relacionados con conflicto de trabajo.
Los incidentes analizados en este estudio provienen de denuncias públicas de grupos humanitarios (65%), de organizaciones locales (25%), de gobiernos nacionales (22%), de protestas sociales del lugar afectado (21%), de medios de comunicación (21%), de organismos gubernamentales internacionales (15%), de tribunales (13%) y de fuentes universitarias (8%). Los autores del estudio rechazaron todos los casos donde las informaciones no pueden ser corroboradas por varias fuentes.
De las 124 sociedades analizadas que publican sus informes anuales en Internet, 78% adhieren de diversas maneras a los principios de Responsabilidad social de las empresas (RSE). En virtud de este concepto, las empresas integran las preocupaciones sociales, ambientales y económicas en sus actividades con la población, pero sobre una base voluntaria. En definitiva, se trata de una forma de aplicación de principios de desarrollo sustentable particularmente útiles en los países que no tienen o tienen pocas normas sociales o ambientales, o donde los regímenes podridos no los aplican.
Sin embargo, según el estudio en cuestión, la mayoría de las sociedades mineras no conservan o publican solamente algunos párrafos, generalmente vagos, como política de RSE y aunque la gran mayoría de las sociedades canadienses adoptaron políticas de RSE, muy pocas entre ellas, subraya el informe, aceptan el principio de auditoría independiente. Ocho sociedades canadienses de diez, implicadas en los incidentes analizados en este informe, afichan tales políticas.
Es lo que hace decir a los autores del informe que de “toda evidencia, las mineras canadienses y las empresas de exploración tienen que cambiar de estrategia si quieren mejorar sus relaciones con las comunidades, los gobiernos, la sociedad civil y la atenuación de los riesgos” que provocan sus actividades.
Los operadores de minas de oro se encuentran muy seguido en el banco de los acusados en este informe, en comparación a las minas de cobre (13%) y de carbón (12%) que se encuentran a la cabeza del pelotón.
Los puntos calientes de estos conflictos son la India (10%), Indonesia (9%), Filipinas (8%) y la Republica democrática del Congo (7%). Pero si sumamos los incidentes por región, América latina llega a la cabeza con 32%, seguida por el África subsahariana (24%), por Asia del Sureste (19%) y por Asia Centro-sur (12%).
Los autores del informe concluyen que las asociaciones industriales que agrupan el sector minero tienen interés a participar a una redefinición más precisa de sus obligaciones al extranjero. Y este enfoque debería ir junto con una política gubernamental que exigiera más transparencia e imputabilidad, como lo quiere instituir el proyecto de ley C-300, actualmente en estudio en el Parlamentario federal. Depositado en mayo 2009, este proyecto de ley propone codificar por reglamento las operaciones de las mineras en el extranjero. Obligaría al gobierno canadiense de cortar los fondos y su apoyo a las mineras convencidas de estar en violación de los derechos de las personas, de las normas ambientales y del trabajo.
Mining Watch Canada, el grupo al origen de esta noticia, estima que este informe pedido por la industria confirma lo que dice el grupo desde años y que muestra que no se trata de “algunas manzanas podridas”, pero de un fenómeno generalizado a lo cual el gobierno debe ocuparse para terminar con “las violaciones cometidas al desmedro de los derechos de la persona y del medio ambiente”.
Periódico Le Devoir
Autor: Louis-Gilles Francoeur
20 de octubre 2010
En dix ans, elles ont été mises en cause dans une confrontation sociétale sur trois dans le monde
Le record des conflits revient aux minières canadiennes
Source:
Le Devoir 20 octobre 2010
Louis-Gilles Francoeur
Les minières canadiennes se retrouvent impliquées dans quatre fois plus de violations des principes de la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) que leurs concurrentes du reste de la planète, révèle une étude inédite réalisée pour le compte de la Prospectors and Developpers Association of Canada (PDAC), créée en 1932 en Ontario.
Cette étude, remise à la PDAC en octobre 2009 par le Canadian Center for the Study of Resource Conflict — aucun des deux organismes n'a de nom en français — a été rendue publique hier par Mines Alerte Canada (Mining Watch Canada).
Au Québec, le dossier minier est à l'ordre du jour avec deux projets de loi, l'un connu et l'autre qui viendra après les audiences publiques sur les gaz de schiste. L'Assemblée nationale se penche présentement sur une nouvelle Loi sur les mines qui reconduirait la plupart des privilèges juridiques dont jouit cette industrie depuis des décennies et que dénoncent les milieux municipaux et les écologistes avec une rare unanimité.
La Loi sur les mines a préséance sur les pouvoirs des MRC et des municipalités en matière d'aménagement. Les écologistes, qui ont souvent qualifié les pouvoirs exorbitants du secteur minier de reliquats d'un autre âge, estiment que la protection de l'environnement et des écosystèmes doit passer avant les intérêts privés de ce secteur. Les régions minières sont toujours les plus polluées par les produits toxiques au Québec. Des minières n'hésitent pas à poursuivre des citoyens et groupes qui les attaquent ici même au Canada, ce que plusieurs assimilent à des poursuites-bâillons.
Des 171 sociétés citées dans ce rapport, qui analyse 171 «incidents» ou conflits de nature sociale ou environnementale survenus entre 1999 et 2009, 34 % sont des minières canadiennes. Celles-ci se retrouvent au centre du plus grand nombre de conflits. Quelque 63 % des incidents relevés dans cette étude sont le fait de minières provenant de cinq pays.
Les sociétés canadiennes sont responsables à elles seules de 33 % des conflits, soit quatre fois plus que ceux attribués à l'Inde et l'Australie (8 %), qui sont suivies par les minières étasuniennes et britanniques (6 %). Globalement, les minières canadiennes monopolisent 75 % de tous les sièges sociaux de cette industrie dans le monde.
De tous les incidents attribués aux minières canadiennes, 60 % sont des conflits avec les membres des communautés locales et 40 % touchent différentes formes de détérioration de l'environnement. Enfin, 30 % de ces «incidents» sont le fait d'attitudes contraires à l'éthique, qui mettent souvent en cause des agences de sécurité privée. Seulement 13 % des cas relevaient de relations de travail conflictuelles.
Les incidents analysés dans cette étude proviennent de dénonciations publiques de groupes humanitaires (65 %), d'organisations locales (25 %), de gouvernements nationaux (22 %), de protestataires du lieu touché (21 %), de médias (21 %), d'organismes gouvernementaux internationaux (15 %), de tribunaux (13 %) et de sources universitaires (8 %). Les auteurs de l'étude ont rejeté tous les dossiers où les informations ne sont pas corroborées par plusieurs sources.
Des 124 sociétés analysées qui publient sur Internet leurs rapports annuels, 78 % adhéraient de diverses manières aux principes de la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE). En vertu de ce concept, les entreprises intègrent les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités avec les gens du milieu, mais sur une base volontaire. En somme, il s'agit d'une forme d'application des principes du développement durable, particulièrement utiles dans les pays qui n'ont pas ou peu de normes sociales et environnementales, ou dont les régimes pourris ne les appliquent pas.
Mais, selon l'étude en question, la plupart des sociétés minières ne conservent ou ne consacrent que quelques paragraphes, généralement plutôt vagues, en guise de politique de RSE. Par contre, la grande majorité des sociétés minières canadiennes ont adopté des politiques de RSE. Mais très peu d'entre elles, souligne le rapport, acceptent le principe d'un audit indépendant. Huit sociétés canadiennes sur dix, impliquées dans des incidents analysés dans ce rapport, affichent de telles politiques.
C'est ce qui fait dire aux auteurs du rapport que «de toute évidence, les minières canadiennes et les entreprises d'exploration ont besoin de changer de stratégie si elles veulent améliorer leurs relations avec les communautés, les gouvernements, la société civile et l'atténuation des risques» que posent leurs activités.
Les exploitants de mines d'or se retrouvent le plus souvent au banc des accusées dans ce rapport, comparativement aux mines de cuivre (13 %) et de charbon (12 %) qui se retrouvent en tête du peloton.
Les points chauds de ces conflits sont l'Inde (10 %), l'Indonésie (9 %), les Philippines (8 %) et la République démocratique du Congo (7 %). Mais si on agglomère les «incidents» par région, l'Amérique latine vient en tête avec 32 %, suivie de l'Afrique subsaharienne (24 %), de l'Asie du Sud-Est (19 %) et de l'Asie du Centre-Sud (12 %).
Les auteurs du rapport concluent que les associations industrielles qui regroupent le secteur minier ont intérêt à participer à une redéfinition plus précise de leurs obligations à l'étranger. Et cette approche devrait aller de pair avec une approche gouvernementale qui exigerait plus de transparence et d'imputabilité, comme ce que veut instituer le projet de loi C-300, présentement à l'étude devant le Parlement fédéral. Déposé en mai 2009, il propose de codifier par règlement les opérations des minières en sol étranger. Il obligerait le gouvernement canadien à couper les fonds et son appui aux minières convaincues d'être en contravention des droits de la personne, des normes environnementales et du travail.
Quant à Mines Alerte Canada, le groupe à l'origine de cette fuite, il estime que ce rapport commandé par l'industrie confirme ce que le groupe dit depuis des années et qu'il démontre qu'il ne s'agit pas de «quelques pommes pourries», mais d'un phénomène généralisé auquel le gouvernement doit s'attaquer pour mettre fin «aux abus commis aux dépens des droits de la personne et de l'environnement».
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