Proyecto Minero Pascua Lama

clarinet.cl, 16-02-2008

"Funan" a Barrick a dos años de aprobación de Pascua Lama

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Un grupo de manifestantes llegó hasta las oficinas de la minera para reiterar su oposición a la iniciativa trasnacional. Movimiento reclama “vista gorda” de autoridades.

“Queremos hacer visible el inmenso error que se está cometiendo al no detener este proyecto que va a arrasar indiscriminadamente con nuestros recursos y perjudicará enormemente al pueblo diaguita”, señaló Verónica Soto, miembro del Movimiento Cívico Anti Pascua Lama que ayer organizó una “funa” contra la minera Barrick Gold, a dos años desde que la Comisión Nacional del Medioambiente (Conama) aprobara el proyecto.

El grupo de opositores llegó hasta las oficinas de la transnacional ubicadas en Ricardo Lyon, Providencia, pasado el mediodía, exhibiendo pacíficamente pancartas y dirigiendo consignas acerca de lo que denominan el “mayor desastre medioambiental” que se llevará a cabo en el país.

Por cierto, reclaman que las autoridades han hecho “vista gorda” pese a las múltiples pruebas que a juicio de los activistas deberían detener el proyecto, mientras persisten las dudas acerca del impacto ambiental que significará para el sector de Huasco.

“Si hoy el proyecto se encuentra detenido se debe sólo a permisos sectoriales que lo mantienen congelado. Es decir, no existe voluntad política por parte del Gobierno y por eso exigimos propuestas claras de desarrollo que impidan un desastre ecológico para el valle de Huasco” agrega Verónica Soto.

El conflicto

Pascua Lama es un proyecto binacional minero de la compañía Barrick Gold, que se llevará a cabo en la cordillera de los Andes, Región de Atacama en Chile, y en la provincia de San Juan, Argentina.

La iniciativa busca extraer las reservas de oro y mineral que se encuentran bajo glaciares milenarios. Estas alcanzan más de catorce millones de onzas de oro, cuatrocientos millones de onzas de plata y ciento ochenta mil toneladas de cobre.

Los movimientos en contra de la iniciativa buscan que las autoridades chilenas exijan mayores estudios sobre el impacto ambiental que significaría sobre las aguas y glaciares de la región.

Además, reclaman que de realizarse el proyecto, se instalaría una jurisprudencia que facultaría a cualquier transnacional para que se apropie de toda la franja limítrofe cordillerana entre Chile y Argentina.