Proyecto Minero Pascua Lama

Fuente: lanacion.cl 23 de octubre de 2005

EL CAMPO MINADO EN QUE SE DEBATE LA SUERTE DE PASCUA LAMA
Nadie quiere cargar este muerto
Este año no saldrá humo blanco para Barrick. En febrero, la Corema dará luz verde, roja o amarilla para hacer brotar el oro de los Andes. En el valle del Huasco, los agricultores se enfrentan ahora también por la creación de una central hidroeléctrica. Una historia que podría heredar el próximo Gobierno.

Carla Alonso
La Nación

Para los habitantes del valle del Huasco, la incertidumbre sobre la evolución de este megaproyecto se prolongará por lo menos hasta el verano, aunque todos los indicios apuntan a que será resuelto por el próximo Gobierno. El estudio de impacto ambiental que prepara Barrick, con la asesoría de la Junta de Vigilancia (agrupación de regantes de la zona), y que ha sufrido sucesivos retrasos, podría generar nuevos conflictos legales. Sobre todo luego de que la Junta de Vigilancia anunciara la creación de una central hidroeléctrica en el río Huasco, para abastecer de energía a las actividades mineras.

En medio del clima tormentoso que ha rodeado la irrupción de Barrick, Osvaldo Ávila, director regional de la Conama, posee una perspectiva más serena. Él tiene agendados enero y febrero de 2006 en el calendario porque conoce al dedillo lo que duran los procesos de evaluación ambiental. Y porque tiene claro que Barrick apuntó el 11 de noviembre como el “día D”. Ese viernes, y a cientos de kilómetros de la capital, se espera que la minera responda formalmente a la Corema por los “regaños” que le hizo la autoridad ambiental en mayo cuando le pidió resolver problemas planteados en el estudio de impacto presentado inicialmente. Uno de los puntos más cuestionados fue la consecuencia que acarrearía el traslado de glaciares contemplado por la minera.

Desde entonces, la Junta de Vigilancia, los ejecutivos de Barrick y glaciólogos chilenos y argentinos han trabajado de cabeza en un informe que debería ser el último de esta saga. La semana pasada realizaron un taller para presentar un adelanto del estudio. “Dicen que los glaciares son hielos. Que el único importante es Guanaco. Y que encontraron un mineral que impide la acidificación de las aguas. Claramente, le están bajando el perfil”, cuenta Jorge Guerrero, un pequeño agricultor dedicado a los parrones y el pisco.

EL ELÁSTICO DE BARRICK

Osvaldo Ávila se enfrenta a una pregunta casi inevitable. Si el futuro de Pascua Lama será materia de debate para el año que viene. Y si el clima electoral sigue subiendo de temperatura, ¿podría derivar en que la decisión final sea adoptada por el próximo Gobierno?
Ávila medita la respuesta mientras ordena el calendario en su cabeza. Cuenta que la Corema viene conociendo el caso hace más de un año. Y que sería muy bueno que ellos mismos decidan el futuro del proyecto. “Una nueva Corema, asociada a un próximo Gobierno, va a tener nuevos miembros que pueden no conocer el tema”. El director regional de Conama dice que van a tomar la decisión sin pensar en las variables políticas o electorales. Pero admite que la única posibilidad de que pase para el próximo Gobierno es que Barrick postergue nuevamente.

La minera canadiense declinó opinar sobre los complejos escenarios que enfrentará Pascua Lama. Sin embargo, como aperitivo, el pasado jueves la empresa realizó un importante anuncio en el Encuentro Empresas y Medio Ambiente: Conflictos y Soluciones. Ante una audiencia de dos mil personas conectadas vía videoconferencia, Barrick adelantó que un grupo de geólogos chilenos y argentinos entregará esta semana un informe sobre el traslado de glaciares en el valle del Huasco, y las consecuencias que esto tendría para la agricultura. El vocero fue José Antonio Urrutia, director adjunto de Barrick Chile.

POSIBILIDAD LATENTE

Que Pascua Lama quede como herencia para el próximo Gobierno. Y que sea estudiado bajo la lupa de una nueva institucionalidad ambiental. Dos ideas que comenta Manuel Baquedano, director del Instituto de Ecología Política y miembro del comando político de Michelle Bachelet. Hoy, desde la otra vereda, cuenta que “hay una intención clara de postergar el tema para que el próximo Gobierno se haga cargo, lo cual es muy grave e injusto. Pascua Lama fue cuestionado en este período, y a la administración que siga no le corresponde asumirlo. Es un cacho que está pateando este Gobierno, que no se ha caracterizado por una buena relación con el mundo ambiental. Se está aplazando para que no tenga repercusiones electorales. Si se aprueba, influirá en el voto de las comunas que están muy reticentes al proyecto”, dice Baquedano.

Él recuerda que Bachelet viajó a Copiapó y volvió bastante preocupada por el tema. Sobre todo, porque se alteren los glaciares que nutren los ríos de la zona. Pero, ¿qué pasaría si le tocara a ella zanjar la suerte del proyecto? El asesor político-ambiental explica que no han conversado el ítem en detalle. Pero que una buena solución es eliminar el elemento conflictivo: el traslado de glaciares. “La empresa debería realizar una explotación subterránea que provoque menos impacto en el lugar. De esa forma tiene una chance de que el proyecto llegue a buen puerto”.

NUEVA INSTITUCIONALIDAD

La abandera de la Concertación ha dicho que quiere una nueva política ambiental para el país. “Basada en la creación de un Ministerio del Medio Ambiente y de una fiscalía que vele por los estudios de impacto”, dice Baquedano. “Además, queremos garantizar la participación ciudadana en el proceso”. Vaticina que, desde el punto de vista ambiental, el panorama no se ve tranquilo para el próximo Gobierno. Sus argumentos son tres: Pascua Lama, Nueva Aldea (Celco) y las centrales hidroeléctricas de Endesa en la zona austral.

A este complejo escenario se añade la creación de una Superintendencia Ambiental. Una medida anunciada por el ministro secretario general de la Presidencia, Eduardo Dockendorff. Este proyecto de ley se enviará al Congreso durante la última quincena de diciembre, justo después de la elección presidencial.

Osvaldo Ávila advierte que la superintendencia sería complementaria a la Corema. Respecto a Pascua Lama, cuenta que aún no está claro si el proyecto pasará o no por esa lupa. “Todo depende de las características. Hasta ahora, se ha conversado que la Conama sigue con su rol de evaluación y la superintendencia fiscalizaría los proyectos”.

En rigor, el argumento de fondo para crear la “súper” no es fiscalizar Pascua Lama, sino que lograr el ingreso de Chile a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Un exclusivo club que componen los 33 países más industrializados del mundo, y que impone altas exigencias laborales y ambientales para acoger a un nuevo miembro.

POLÉMICOS ACUERDOS

Mientras eso sucede en la capital, en el norte, la Junta de Vigilancia del valle del Huasco está negociando con el MOP la cesión de los derechos para transformar el embalse Santa Juana en una central hidroeléctrica. De este modo se podría alimentar energéticamente a las mineras y frutícolas de la III Región.

La Junta de Vigilancia -que reúne a los regantes de la zona- firmó un inédito protocolo con Barrick que ha levantado polvareda en el valle del Huasco. El acuerdo establece que la junta recibirá 60 millones de dólares, por parte de la empresa, en caso de concretarse Pascua Lama. La suma se destinará a obras de infraestructura en el valle, con el fin de mitigar los impactos que tendrá el proyecto en las aguas utilizadas para riego.

Desde entonces, la minera y los grandes regantes han trabajado en conjunto en la elaboración del estudio que la empresa presentará a la Conama. Que incluye, por cierto, la contratación de estudios independientes de glaciólogos que llevó la junta a la zona. Lo más extraño es que ellos, que eran el principal enemigo de Barrick hasta la firma del protocolo, ahora están trabajando codo a codo, “pasando a llevar nuestros derechos. Porque nadie nos consultó antes de firmar ese acuerdo que, lógicamente, beneficia a los que tienen más tierras y acciones de agua”, cuenta Guerrero, disidente de las decisiones de la junta.

Para Domingo Lovera, abogado de la Clínica de Acciones de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, este hecho demuestra que quienes “poseen el poder económico están en condiciones de hacernos tomar ciertas decisiones. Incluso en contra de lo que nosotros pensamos. Cuando la empresa coopta a la junta, lo que hace es erradicar la disidencia. Con dinero neutraliza la fuerza que se opone. Y demuestra a las autoridades que no hay ciudadanos que estén en contra de lo que están haciendo. Es una señal muy fuerte que la Conama va a tomar en cuenta. Estas empresas con poderes exorbitantes siempre pueden tomar decisiones que hacen que nuestras intenciones caduquen. Nadie resistiría el pago de 60 millones de dólares”.

Lovera cuenta que extraoficialmente sabe que el proyecto no se aprobará. Pero para ganar tiempo, él está trabajando junto a representantes de organizaciones como la Universidad Arcis, Fundación Pro Bono, Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, Océana y OLCA, para representar a la comunidad diaguita de los Huascoaltinos en diversos temas, y han iniciado acciones legales al respecto. Sin ir más lejos, presentaron un recurso administrativo en la Dirección General de Aguas (DGA). Piensan que el protocolo de acuerdo entre la junta y Barrick es irregular y piden su anulación.

“Le pedimos a la DGA que actúe. Pero la Corema debería cumplir con sus obligaciones: verificar que el nivel y la calidad del agua no va a disminuir, al punto de volverla inutilizable, independiente de lo que digan quienes le están presentando el proyecto”, dice Lovera. “Los temas ambientales no pasan porque quienes están comprometidos digan ‘no pasará nada con el medio ambiente’, sino porque la autoridad ambiental verifique que eso va a ser efectivamente así”.