En julio de 2009, el vicerrector académico de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), Rolando Tiemann, llegó hasta la oficina de la subcomisario de Investigaciones de Valparaíso, Marcela Muñoz. El funcionario no imaginó que al confirmar una querella contra un ex funcionario por graves irregularidades en la casa de estudios, tendría en agosto de 2010 al vicealmirante Enrique Larrañaga, jefe de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar), bajo sospecha de ocultar información al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Lo anterior, porque el alto oficial no entregó los datos sobre la existencia de informes preparados por sus propios científicos, sobre los análisis falsificados o en algunos casos con resultados inventados, hecho por un perito de una empresa privada y la propia UPLA. Estos indicaban que una playa de Antofagasta estaba “limpia” del derrame provocado por barco de bandera China “Eider” ocurrido en octubre de 2005. El problema se produce porque los propios especialistas de la Directemar concluyeron que los análisis eran erróneos, pero al enviar la información al CDE, Larrañaga evitó incluirlos en su respuesta, argumentando que no existían evidencias para establecer “irregularidades”.

En los últimos días, -desde que el jueves pasado El Mostrador solicitó una versión oficial- la preocupación de la Armada y del propio Larrañaga ha ido en aumento. De hecho, durante los últimos cuatro días, Larrañaga cambió varias veces el horario para realizar una entrevista. Y este martes, a última hora, sólo entregó, a través del Departamento de Comunicaciones, una postura institucional por escrito, donde explicó que el comportamiento de la Marina se apegó a la ley y a los procedimientos (ver documento adjunto).

Pese a lo anterior, Larrañaga fue citado por el ministro de Defensa Jaime Ravinet para que explique por qué se produjo esta situación. Asimismo, debió concurrir este martes a la oficina del Presidente del CDE, Carlos Mackenney -quien fue subsecretario de Marina en la era Lagos- para entregar su versión.

Los hechos se producen a poco menos de dos meses de que se reúna la junta de almirantes, que podría llamar a Larrañaga a retiro. Además, el caso podría terminar salpicando a otros dos altos oficiales en servicio activo y al comandante en jefe de la institución, Edmundo González, quien ha sido cuestionado duramente por su rol durante último terremoto. Se trata de una historia donde el azar, la falta de control y los delitos, se confabularon para que el “marido engañado” de este episodio fuera el CDE y la mayor afectada, las arcas fiscales.

Palabras sacan palabras

Cuando el vicerrector Tiemann se sentó frente a la detective Muñoz, confirmó una acción legal que unos días antes había presentado por los delitos de uso y falsificación de documento público, y presentación de documento falso en juicio en contra del ex director de Laboratorio de Toxicología Humana y Ambiental (LTHA) de la casa de estudios, Mario Morales, quien hoy se desempeña en el Servicio Médico Legal (ver orden de investigar de la PDI).

El libelo de la UPLA señalaba que luego de un sumario administrativo interno en el LTHA -que se inició en 2006 y terminó en 2009, violando los plazos legales para este tipo de casos- se acreditó la venta de informes falsos, y otros inventados, algunos confeccionados “a pedido” de los clientes.

Uno de esos peritajes fue confeccionado -y validado en el LTHA- por un biólogo externo llamado Sergio Sangüesa, dueño de la consultora www.syaambiental.cl. Este último fue contratado por las empresas Pretty Bright Shipping y Parakou Shipping -representadas en Chile por Cave y Compañía, parte del P&I (Protection and Indemnity) Swedish Club- responsables del derrame en el puerto de Antofagasta. Básicamente, Sangüesa debía supervigilar la limpieza de la zona con informes trimestrales que eran entregados y revisados por la Directemar.

La acción legal de la UPLA determinó que el Ministerio Público de la Quinta Región iniciara una investigación a cargo del fiscal Javier Carrasco. Este último, cuenta con la experiencia de haber tramitado un caso por daño medioambiental en contra de Codelco, donde formalizó a dos altos ejecutivos de la estatal por su responsabilidad en el vertido de contaminantes en la bahía de Quinteros, por lo que la materia no le es desconocida.

Los amigos

En su declaración ante la policía, Tiemann no escatimó en detalles: desde que se perdieron informes sobre contaminaciones en distintos puntos del país, hasta que se entregaron análisis falsos a distintas instituciones del Estado como el Sernapesca, el SAG y el Instituto Nacional de Normalización (www.inn.cl), organismo encargado de certificar la calidad de entidades como el LTHA.

En el sumario administrativo también quedó establecido que habían informes que se bajaban de internet, se alteraban resultados o se inventaban, se hacían dos copias de los documentos -una verdadera y otra falsa- entre otras irregularidades, como el intento del propio Sangüesa para desacreditar a los testigos de la indagatoria interna, hecho que no logró resultados, de acuerdo a la versión de un testigo.

Tiemann se retiró aquel día de la sede policial sin saber que había empujado una pequeña bola de nieve que ha ido creciendo y que puede reventar en la administración del actual comandante en jefe de la Armada, Edmundo González y afectar el ascenso de Larrañaga y del contraalmirante Eduardo Böke, jefe de la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático (Dirinmar) y del auditor de la Directemar, Maximiliano Genkowsky. Este último, en paralelo a su cargo dentro de la institución naval, realiza arbitrajes marítimos en forma privada.

Cronología ambiental

El 31 de octubre de 2005, el barco de bandera china Eider, varó en el puerto de Antofagasta derramando más de 120 mil litros de petróleo crudo.

La Capitanía de Puerto eligió como “zona de sacrificio” del hidrocarburo, una playa donde se ubica el hotel Antofagasta, para iniciar la limpieza (ver fotos).

A los pocos días, se inició la presentación de demandas de perjuicios en contra de las empresas Pretty Bright Shipping S.A. y Parakou Shipping Limited, –representadas en Chile por Cave y Compañía- las que quedaron a cargo de la ministra Marta Carrasco de la Corte de Apelaciones local, como indica la Ley de Navegación. En la causa se hizo parte también el Consejo de Defensa del Estado, a favor de los intereses del fisco, para lograr que las firmas repararan el daño que habían causado, por US$ 60 millones.

No era la primera vez que las playas de Antofagasta eran afectadas por derrames de sustancias. El 14 de abril de 2005, la empresa Shell filtró hidrocarburos en la zona conocida como Las Petroleras. La firma fue sancionada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), multa confirmada por la Suprema en 2008 por la suma de $ 347 millones.

Paralelamente la Directemar, inició el sumario correspondiente por el derrame y la empresa armadora del Eider, contrató los servicios del biólogo Sergio Sangüesa para tomar muestras e informar a la Marina.

Sangüesa no era un desconocido para la Directemar. Dentro del organismo mantenía buenas relaciones, ya que ahí trabajaba el biólogo Mario Herrera, su compañero de curso y amigo de Facebook.

Caída libre

El biólogo Sangüesa comenzó entonces su trabajo. Paralelamente, las causas judiciales seguían su curso en la Corte de Antofagasta, hasta que el 1 de junio de 2006, la ex funcionaria del LTHA de la UPLA, Julie Palma Henríquez, denunció que su jefe, Mario Morales, hacía informes a pedido de los clientes, modificando dolosamente los resultados (ver documento adjunto).

Siete días más tarde el rector de la UPLA, Oscar Quiroz, firmó la resolución exenta 130 que dio inicio formal al sumario, dada la gravedad de los antecedentes. Sin embargo, y pese a que los hechos podían revestir caracteres de delito, no se hizo la denuncia correspondiente al Ministerio Público, como es deber legal para los funcionarios estatales.

Durante la tramitación del sumario declararon bajo juramento más de diez personas. Y la primera de ellas fue Narda Rojas, encargada de ingreso de muestras del LTHA, que también lo hizo ante la policía (ver documentos adjuntos).

Su testimonio fue muy completo y por primera vez apareció el nombre del biólogo Sergio Sangüesa en el expediente. Según la mujer, el profesional mantenía una relación muy estrecha con Mario Morales (jefe del LTHA), y entre ambos modificaban los resultados de los análisis.

En el expediente también se acreditó el intento del propio Sangüesa para tratar de desacreditar a los testigos, en un hecho confuso, según declaró otro funcionario de la UPLA en la indagatoria interna (ver adjunto).

Volviendo al derrame del Eider, Julie Palma reveló en el sumario que para que Sergio Sangüesa pudiera entregar los análisis a la Directemar -que indicaban que la playa de Antofagasta estaba limpia- se bajó un informe de internet. Este último peritaje lo había hecho precisamente la Universidad de Antofagasta e indicaba completamente lo contrario. En esa oportunidad, como se estableció en la investigación de la UPLA, Morales inventó resultados, según consta en una de las declaraciones (ver documento adjunto).

Ni la Marina ni los abogados que participaban de las demandas en la Segunda Región imaginaban los alcances de la investigación de la UPLA. Menos los consejeros del CDE que meses más tarde pasarían de la sorpresa al desconcierto y a la molestia con la Armada.

El marido engañado

Algo olía mal en todo el caso. Por ello el grupo Terrado, otro de los demandantes, dueños del hotel del mismo nombre en Antofagasta, representado por el abogado Winston Montes, iniciaron una investigación paralela, ya que su actividad se veía afectada por la contaminación. Y fue por un azar del destino que el profesional se enteró del sumario de la UPLA, cuando se encontró con un amigo en un café de Valparaíso. Las piezas, a contar de ese momento, comenzaron a cuadrar. Era junio de 2009.

Lo mejor para Montes vino después, cuando conoció las conclusiones de la indagatoria interna y de la presentación de la querella de la casa de estudios porteña. Así comenzó a trabajar para dilucidar los espacios grises, abriéndose una luz en el camino, ya que en enero de 2009, el propio CDE había hecho una “transacción” con las empresas ligadas al barco Eider.

Básicamente las firmas pagaron -sumando multas, aportes a la limpieza de la playa y la cancelación de gastos administrativos en que incurrió el fisco-, no más de US$ 1 millón, según da cuenta el acuerdo del CDE (ver documento adjunto).

De esta manera, el organismo dejaba de perseguir las responsabilidades civiles de estas compañías navieras y renunciaba al seguro de US$ 25 millones que tenían las firmas. Lo anterior, porque la Directemar emitió un certificado de “aguas limpias” basado en el informe del biólogo Sergio Sangüesa -refrendado por su compañero de curso Mario Herrera- las que condujeron al error.

El CDE a su vez, también en junio del año pasado, tomó conocimiento de la querella de la UPLA y de la emisión de informes falsificados; entre ellos el realizado por el derrame del Eider y a través del abogado Montes, accedió a un peritaje particular hecho por el laboratorio Silob. Este buscaba demostrar que Sangüesa había mentido en sus resultados con el fin de favorecer a la empresa responsable del derrame.

Silob dictaminó que los análisis estaban mal hechos y que las conclusiones eran abiertamente erróneas, tal como da cuenta el informe al que tuvo acceso este medio.

Esta información fue confirmada por el jefe del Departamento de Ingeniería Ambiental de la empresa, Víctor Rojas, quien agregó que tuvieron más de un problema con otros peritajes de la UPLA.

Como se producía una contradicción en los resultados y habiendo el CDE renunciado a perseguir civilmente a las empresas mencionadas, las alarmas sonaron entre los consejeros. Por esta razón, el presidente del organismo, Carlos Mackenney, previa autorización del pleno, envió un oficio al jefe de la Directemar, vicealmirante Enrique Larrañaga, el 6 de agosto de 2009, en el que pidió aclarar los hechos.

¿Ocultamiento u omisión?

Recibido el documento, Larrañaga envió los análisis adjuntos a la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático (Dirinmar), a cargo del contraalmirante Ricardo Böke. Este último, le ordenó al entonces jefe del Servicio de Preservación del Medio Ambiente, el capitán de navío Juan Berasaluce, hacerse cargo de la respuesta, quien los remitió a los científicos bajo su mando, la oceanógrafa Mónica Burgos, la bióloga marina Betsabé Hurtado y el biólogo Juan Luis Orellana. La idea era comparar los informes de Sangüesa, los de la perito designada por la ministra Carrasco, junto al preparado por el laboratorio Silob y, de esa manera, responder el oficio del CDE.

Luego de tomar muestras y comparar las conclusiones, Burgos, Hurtado y Orellana entregaron sus resultados a Berasaluce. Y no eran buenos. Los patrones de análisis de Sangüesa eran erróneos, la metodología incongruente. Por tanto, la limpieza pagada por las empresas no era tal y las playas aún mantenían altos niveles de petróleo que pertenecían al Eider.

Con estos documentos, Berasaluce preparó un “informe técnico interno” (ver adjunto) de tres páginas fechado el 31 de agosto del año pasado y concluyó: “El informe técnico post derrame, preparado por Sangüesa y Asociados no es un buen informe científico, por cuanto puede inducir a premisas erradas y terminar con falsas conclusiones”.

El informe de Berasaluce volvió a manos del entonced comodoro Böke, quien habría sugerido bajarle el perfil a las conclusiones. Berasaluce no aceptó, dijeron fuentes de la Armada a este diario, hecho sobre cual se intentó obtener una versión de la Marina, pero el vicealmirante Larrañaga de la Directemar no accedió a una entrevista.

Böke, entonces, habló con el jefe jurídico de Maximiliano Genkowsky, dijo una fuente de la Armada, y el documento de Berasaluce subió a Larrañaga. Ahí el escenario se complicó. Quedaba en evidencia, al menos, la falta de control del trabajo de Sangüesa y la transacción del CDE con las navieras. Además que el “certificado de aguas limpias”, entregado sólo unos días antes a la empresa Cave y CIA por la Directemar, se otorgó sin tener en cuenta estos antecedentes.

De allí que la respuesta al CDE, firmada por el propio Larrañaga, coincidentemente, cambió de tono y no incluyó la existencia de los otros tres informes internos que cuestionaban la validez de los hechos acreditados por Sangüesa.

En ese oficio, al que tuvo acceso este diario, Larrañaga asegura que “no hay antecedentes que permitan asegurar que dichos estudios no se ajusten a la realidad… ni que, con ocasión de su análisis, se hayan producido irregularidades” (ver documento adjunto). Esta explicación coincide con la versión oficial entregada a este diario.

Sin embargo, Larrañaga omitió un detalle: el 3 de agosto de 2009, es decir casi un mes antes del informe de Berasaluce, tuvo una copia del sumario de la UPLA, allegada por el abogado Hugo Boto, patrocinante del Hotel Antofagasta. Así lo acredita una carta de este último ingresada a la Directemar (ver documento adjunto). Es decir, la Marina manejaba antecedentes que daban al menos para sospechar de la existencia de un delito y de la falta de idoneidad de los informes preparados por Sangüesa, pero no presentó denuncia a la justicia ni menos inició una investigación interna para determinar eventuales irregularidades.

Fuentes de la Marina indicaron a este diario que no existía obligación de hacerlo, por cuanto se había actuado correctamente, y que dicha información no era vinculante para la Armada. Este criterio también quiso ser consultado en la institución, pero no hubo respuesta.

Paralelamente, la ministra de la Corte de Antofagasta, Marta Carrasco, rechazaba las demandas interpuestas contra los dueños del Eider. Los fallos de primera instancia fueron en contra de la Empresa Portuaria de Antofagasta (EPA) el 30 de septiembre de 2009; la otra acción legal, que tampoco fue acogida, afectó al Hotel Antofagasta el 7 de junio de este año, sin perjuicio de la transacción que hizo el CDE.

Probidad

El CDE quedó conforme con la respuesta al oficio enviado por la Armada y dejaron de preocuparse del tema, porque desconocían los otros informes científicos que Larrañaga y Böke omitieron mencionar. Pero las cosas no terminaron allí.

Siguiendo en la línea de tiempo, en octubre del año pasado, en el juicio civil que el hotel Terrado mantiene con la empresa representante del Eider, sus abogados citaron a declarar a los científicos de la Directemar Orellana, Burgos, Hurtado y al oficial Berasaluce.

En el testimonio judicial prestado por Berasaluce bajo juramento, se confirma que los informes de Sangüesa estaban mal formulados y que “la playa no estaba limpia” y que el entonces comodoro Böke conocía perfectamente las conclusiones.

Orellana, en tanto, siguió la misma línea, según se lee en las declaraciones a las que tuvo acceso este medio (ver documento adjunto).

Confianza quebrada

Sin embargo, en junio de 2010, cuando el CDE conoció más profundamente los datos de la indagatoria que lleva la fiscalía porteña, resolvió presentar una querella criminal, haciéndose parte del caso por los delitos de estafa, falsificación y uso de documento público y presentación de documento falso en juicio, en contra del ex jefe del LTHA), Mario Morales, al menos por ahora (ver documento adjunto).

El libelo quedó en manos del consejero Daniel Martorell, de amplia experiencia en causas penales complejas, quien supervigilará la tramitación del juicio, hecho que demuestra la preocupación del organismo.

En la oportunidad, dijo uno de los consejeros, hubo sorpresa por los antecedentes que obran en la investigación de la fiscalía. Lo anterior, debido a que en enero de 2009 se había hecho la transacción con las empresas Pretty Bright Shipping S.A. y Parakou, donde renunció a perseguir las responsabilidades civiles de las navieras, cobrando poco más de $ 7 millones por los gastos en que incurrió el fisco al hacerse parte en la demanda civil.

Por esta razón cundió la preocupación al interior del CDE, ya que el acuerdo antes mencionado con las navieras podría ser declarado nulo, debido a que el informe del biólogo Sangüesa, de acuerdo al sumario de la UPLA, fue emitido sobre la base de antecedentes inventados.

El presidente del CDE, Carlos Mackenney al ser consultado por El Mostrador, explicó que “efectivamente se envió un segundo oficio a la Armada, atendido que el anterior presenta algunos vacíos de información que son necesarios aclarar”, reconociendo la inquietud del organismo (ver oficio adjunto).

El documento al que aludió Mackenney fue remitido a la Armada el 26 de julio pasado y aún no hay respuesta de la institución.

En él se solicitó la documentación que la Marina tuvo para respaldar la conclusión de que no había irregularidades en la toma de muestras y entregar el “certificado de aguas limpias” a la empresa responsable del derrame, los que no fueron incluidos en la primera respuesta al CDE de 2009. Además pidió que tomen nuevas muestras de la zona siniestrada.

En la misma línea, el Comité Civil de la entidad ordenó al Departamento de Estudios que analice la posibilidad de revertir la transacción hecha con las navieras, sobre la base de un “recurso de nulidad pública”. La decisión aún está pendiente. De confirmarse este criterio, el rol de la Armada quedaría en entredicho, al menos por no avisar a tiempo.

Estrategia perdida

En Defensa ya conocen los antecedentes, como también en la Armada. Y hay preocupación por los alcances del oficio y de la querella presentada en Valparaíso. Básicamente, porque los intereses del fisco están comprometidos y por la falta de control de la Marina, en momentos en que la junta de almirantes debiera reunirse en las próximas semanas.

El ministerio del ramo citó a Larrañaga -jefe de la Directemar- para explicar los hechos. El alto oficial también concurrió este martes al CDE -junto al contralmirante Böke y al auditor Maximiliano Genkowsky- con el objetivo de convencer a Mackenney de que no hubo intencionalidad alguna de la Marina de omitir información y le explicaron al jefe del organismo las razones técnicas que tuvieron para responder el primer oficio. En él, cabe recordar, Larrañaga aseguró que no habían irregularidades, pese a contar con los informes internos que así lo acreditaban.

En tanto, en Valparaíso el ex jefe del laboratorio de la casa de estudios, Mario Morales, a través de su abogado Germán Ovalle, solicitó que la fiscalía lo formalice. Básicamente se trata de una estrategia jurídica que busca que el tribunal de garantía le fije un plazo de investigación al fiscal, ya que Morales, durante el interrogatorio policial se acogió a su derecho a guardar silencio.

Este diario intento obtener una versión de Morales, pero no hubo respuesta. Igual situación ocurrió con Ovalle, su abogado. En la misma línea estuvo el biólogo Sangüesa. El patrocinante de este último, Cristián Santander, en cambio, indicó que su cliente es inocente de cualquier hecho que se le impute y que todo se trata de la animadversión de ex funcionarios de la UPLA para imputarle actos delictuales. Cuestionó también la labor de los abogados del grupo Terrado. Asimismo indicó que su representado todavía no es citado por el fiscal para entregar su versión. También se trató de conseguir un pronunciamiento de la empresa Cave y CIA, pero tampoco respondieron. En tanto, el vicerrector de la UPLA, Rolando Tiemann, confirmó sus dichos a la fiscalía.