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Le Monde diplomatique,
junio 2011
Parte un viaje sin retorno
La evolución de las luchas medioambientales en Chile
por Lucio Cuenca Berger*
Miles de personas se
vuelcan a las calles para
defender uno de los
pocos trozos de Chile
que aún no ha engullido
el modelo de desarrollo
extractivista adoptado
durante la dictadura de
Pinochet, profundizado
luego durante los
cuatro gobiernos de la
Concertación, y más
aún ahora cuando dirige
el país el empresario
Sebastián Piñera.
Para muchos analistas, la movilización
obedece a los impactos de las
redes sociales articuladas en internet
y a las onerosas estrategias mediáticas
impulsadas por Ongs, que desde mediados
del 2000 se vienen oponiendo a la
iniciativa. Ambos factores son herramientas
significativas para volcar al espacio
público a decenas de miles de personas
exigiendo la protección de la Patagonia,
pero sobre todo esta masividad en torno
a un tema medioambiental obedece a la
actitud decidida e invisibilizada de cientos
de comunidades que durante años han
defendido su tierra, agua, cultura, vida,
frente a la oferta consumista que les ha
impuesto el neoliberalismo.
Para que las masivas movilizaciones
de mayo de 2011 fueran posibles, ha sido
necesario que quienes viven conectados
con su entorno se hayan atrevido a rechazar
proyectos depredadores cuando el
discurso oficial “políticamente correcto”
decía que “hay que tener paciencia”, “hay
que cuidar la democracia”, “hay que atraer
inversiones para crecer”. Por otro lado,
también fue necesario que los sucesivos
bloques gobernantes acallaran o cooptaran
todas las formas de vida que sus estrategias
desarrollistas estaban asesinando.
La protección ambiental motivada por
la Cumbre de la Tierra en 1992 en Río de
Janeiro, se subordinó en Chile a prioridades
económicas. La Concertación aylwinista,
sin debate democrático, diseñó una
institucionalidad ambiental que entregara
certificación verde a las inversiones y por
esa vía impusiera una política de garantizar
las iniciativas privadas en desmedro
del medio ambiente y de los derechos ciudadanos.
Con esto, la prometida participación
ciudadana en la gestión ambiental se
transformó en uno de los factores de mayor
frustración de las comunidades al constatar
que la participación era decorativa y no
vinculante.
Ya entonces surgen demandas como el
cese de la tala de bosque nativo en el Valle
de Quiquén con la comunidad pehuenche,
la oposición al mega proyecto Terranova
cercano a Valdivia, la expulsión de
Forestal Golden Spring frente a la comunidad
Huilliche de Chiloé, Pangue la primera
represa del Bío-Bío, ante lo cual el
gobierno respondió con ocultamiento,
cooptación mediante operadores políticos,
y estigmatización de las demandas en
la mayoría de los caso.
Pero el descontento cundía y se hizo
explícito en las elecciones de 1993 con la
candidatura de Manfred Max Neef , que
logró 387.371 votos y sentaron el precedente
de un sentir ciudadano no escuchado.
Sin embargo, el 5,6 % de los votos no
pudo competir con la votación del empresario
concertacionista Eduardo Frei,
quien no sólo no fortaleció la recién creada
institucionalidad, sino que advirtió a
los funcionarios públicos que su función
no era rechazar proyectos sino mejorarlos
y que tenían que hacerlo con celeridad.
Fue en este marco que se dio la resistencia
a Ralco, emblemática porque superó las
desconfianzas y promovió el diálogo entre
cosmovisiones que no estaban de acuerdo
con el paradigma neoliberal, logrando por
ejemplo que el movimiento indígena y la
necesidad de proteger los derechos de la
ñuke mapu o la pachamama comenzara a
conectarse con la sensibilidad de sectores
más urbanos relacionada a la inconsistencia
del modelo, el agotamiento de recursos
y la importancia de volver a una vida no
centrada en la necesidad. Ralco, se constituyó
además en el primer movimiento
de alcance nacional e internacional. Estos
dos aspectos fueron incorporados a los
conflictos socio-ambientales posteriores.
Otro bullado caso de Frei fue la planta
Valdivia de Celulosa Arauco, aprobada
incluso antes de que se presentara el
Estudio de Impacto Ambiental, pero las
comunidades ya estaban aprendiendo, y la
pequeña caleta de Mehuín en alianza con
las comunidades mapuches impidieron
que se hicieran los estudios para que el
proyecto ingresara a la institucionalidad.
Siete años después el desastre de los
cisnes en el río Cruces, víctimas de la
basura química que Frei y Angellini querían
arrojar al mar de Mehuín, hizo que
Ricardo Lagos le regalara nuevamente
la opción a Celco de “echarse al bolsillo”
a las comunidades costeras que habían
sostenido la lucha. El clan Angellini puso
cientos de millones y logró dividir a la
comunidad con el respaldo de las autoridades,
pero hay un sector de la resistencia
que se mantiene estoicamente hasta hoy,
atravesando con su convicción por la vida,
los cuatro gobiernos de la Concertación y
dando a entender que lo que está en juego
son valores, no precios.
¿Qué pasó con los votos de Max Neef
en la elección presidencial siguiente? Los
31.319 (0,44%) votos obtenidos por Sara
Larraín en 1999, fueron sumamente sugerentes,
por un lado parecía un evidente
retroceso político de la sensibilidad ecologista,
pero por otro daba cuenta de que el
desencanto no era contra un gobierno o un
conglomerado político que había desilusionado
las demandas populares, sino contra
un sistema valórico que animaba la estructura
social, política, religiosa y cultural.
El escuálido porcentaje del sector
ecologista facilitó que la administración
Lagos, apremiada por la crisis económica,
cambiara su programa progresista por
la agenda pro-crecimiento, profundizando
nuevamente la opción empresarial y
trasnacional. Así, Ralco obtuvo su último
impulso, Pascua Lama se aprobó en dos
oportunidades, se intensificó la criminalización
del movimiento mapuche, los
transgénicos fueron bienvenidos, etc.
Quizás esta absoluta insensibilidad con
la participación social y de resistencia a
proyectos, ayudó a que se generaran los
movimientos socio-ambientales que marcaron
un punto de inflexión en las manifestaciones
ciudadanas: Pascua Lama y el
caso cisnes. Antes, las respuestas tendían a
ser locales, fragmentadas e invisibilizadas
hasta la impotencia. Sin embargo, en estos
dos casos se logró masividad a costa de la
creatividad y la valoración de los recursos
que estaban a la mano, se incorporó la
calle y el espacio público como escenario
de acción, se recurrió a las nuevas tecnologías
para la difusión y la coordinación y
se procuró trascender la caricatura mediática
de “ecoterroristas”, “ignorantes”, “enemigos
del desarrollo”, por medio de una
opción decidida a socializar la información
ocultada por autoridades y empresas.
El movimiento “Acción por los Cisnes”
enfatizó un carácter ciudadano, regionalista
y no ambientalista, esto último, como
una manera de evitar la intervención de
algunas Ongs que terminaban por apropiarse
de la vocería de los conflictos en las
regiones. La conducción local se articuló
con organizaciones y estableció alianzas
con colectivos a nivel nacional.
En el caso de Pascua Lama, la comunidad
venía oponiéndose al proyecto minero
desde el año 2001, pero es en el 2005,
contemporáneo al caso cisnes, cuando el
conflicto adquiere relevancia nacional e
internacional, poniendo en el centro de
la discusión los glaciares. Este proceso de
resistencia se mantiene hasta hoy, pese a
las múltiples maniobras de sucesivas autoridades
y de la misma empresa por acallar
y cooptar la disidencia. Uno de los factores
que destacan en Pascua Lama es que se ha
creado una cultura en torno a su desarrollo:
la movilización pacífica y multicultural
en los espacio públicos, el color, el arte,
han acompañado el modo de socializar
los alcances del primer proyecto binacional
del planeta, y esto ha sido fuente inspiradora
de otros procesos de resistencia
socio-ambientales.
El gobierno de Bachelet, pese a la firma
de acuerdos con sectores de Ongs ambientalistas,
no fue distinto de los otros: ratificó
la aprobación de Pascua Lama habiéndose
comprometido a no permitir la destrucción
de glaciares, desistió de su compromiso
de legislar sobre la protección del
ecosistema glaciar, creó una comisión y
financió estudios para incorporar la energía
nuclear en la política energética del
país, apoyó el desarrollo de las represas en
la Patagonia, no introdujo mejoras en la
institucionalidad ambiental, pero paradojalmente
no perdió el apoyo de las ONGs
hoy alineadas con la economía verde y
otros ajustes sistémicos.
Piñera claramente profundiza la gestión
concertacionista: convenios de colaboración
de energía nuclear con EEUU y Francia,
aprobación del convenio Upov 91 que
protege el registro de obtentor para plantas
y semillas, culmina el proceso de privatización
del mar a favor de los salmoneros,
aprueba las termoeléctricas Castilla,
Patache y Pacífico, la mina de Carbón en
Isla Riesco… pero a la vez, se da el lujo de
desconocer los dictámenes de la institucionalidad
ambiental y revierte la aprobación
de Barrancones para salvar Punta de
Choros. Piñera, opera más con una lógica
de patrón de fundo que de estratega del
extractivismo.
Sin embargo, pese a todo esto que pasa
por “arriba”, salen hoy 70 mil personas a la
calle para defender el agua y la Patagonia,
y es que todo parece indicar que el proceso
de toma de conciencia y de revalorización
de la defensa de la vida y el medio ambiente
es creciente y no tiene retorno.
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*Director del Observatorio Latinoamericano de
Conflictos Ambientales – OLCA (www.olca.cl)
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