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19 de agosto de 1999

En la ciudad de Temuco, organizaciones mapuche -con grupos de la sociedad civil organizada- realizaron una conferencia de prensa y posteriormente se dirigieron hasta la Intendencia Regional para entregar una carta al Presidente de la República rechazando la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado en contra de las comunidades indígenas en conflicto con empresas forestales.

CARTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Por segunda vez, como en 1997, el gobierno del cual Ud. es el representante máximo, solicita a los Tribunales de Justicia un requerimiento bajo la Ley de Seguridad Interior del Estado en el marco de conflictos entre las comunidades y las empresas forestales.

Este requerimiento se hizo efectivo una semana después de su anuncio presidencial, en donde se entregaron las medidas para enfrentar las demandas mapuche. Este procedimiento deja de manifiesto una estrategia gubernamental global en la que se pretende aislar y reprimir a los sectores que han impulsado o apoyado las movilizaciones y legitimar mediante negociaciones y organizaciones artificiosas a dirigentes y consejeros mapuche, pretendiendo exponer ante la opinión pública la burda imagen de la existencia de mapuche buenos y mapuche malos o, en otras palabras, de violentos y pacíficos.

La careta democrática que pretendió mostrar su gobierno con los diálogos comunales y los anuncios de medidas económicas en favor de las comunidades, no surtió el efecto esperado. La serie de críticas a la insuficiencia de lo ofrecido, al montaje creado por el Gobierno y los consejeros mapuche, y la ausencia de los empresarios como contraparte, desperfiló el Pacto Ciudadano firmado, documento declarativo que nada en concreto aporta a la solución de los problemas de las comunidades.

Suponiendo el termino de las "medidas civilizadas", su gobierno pide -bajo represión de las empresas forestales- la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado para volver a las medidas de carácter represivo en contra de las comunidades y dirigentes mapuche.

La aplicación de este instrumento jurídico - político represivo dará pie a la arbitrariedad, el abuso de poder y la violación de la integridad individual y colectiva de las comunidades, ya que permite procedimientos propios de la justicia militar , reduce los recursos judiciales de impugnación, sanciona conductas vagamente establecidas y faculta una amplia operación policial. Por lo anterior esta ley busca ser una medida ejemplificadora y por ello consideramos que atenta contra el conjunto de la Nación Mapuche.

Manifestamos nuestro enérgico rechazo a la aplicación de esta Ley, a la permanente conducta de la autoridad regional que lo representa, el cual ha mantenido una actitud discriminatoria y prepotente con las comunidades y sumisa ante el poder económico. Su estrategia sólo pretende ocultar las causas profundas de las movilizaciones y refleja la ambigüedad, el desconocimiento y la escasa voluntad de su gobierno para abordar la situación mapuche en toda su magnitud , lo que significa colocar al centro del debate los derechos colectivos que nos corresponden como pueblo y que en la actualidad se encuentran violados por un Gobierno que carece de vocación democrática y un Estado parcial, sometido a los caprichos e intereses empresariales.

COMUNIDADES EN CONFLICTO