Santiago, 28 de diciembre del 2001
2001: Inicio del desmantelamiento público de la legislación ambiental El año 2001 estuvo marcado por la falsa contradicción empleo/medio ambiente que ha facilitado un proceso de regresión ambiental que va mas allá de la coyuntura actual y que, más bien, pretende debilitar estructuralmente la incipiente legislación ambiental nacional.
Bajo el pretexto de generar una ventaja comparativa para atraer a los inversionistas, el Estado ha comenzado un paulatino abandono de su rol regulador y fiscalizador para convertirse en un "facilitador", sujeto a los instrumentos del mercado.
Así ha dejado de manifiesto el triministro Jorge Rodriguez Grossi, convertido en el virtual "vocero ambiental" del gobierno e incluso el director de la Conama, Gianni López.
Esta visión cortoplacista del desarrollo ha dejado en el olvido la sustentabilidad y la declarada intención preventiva que el Gobierno planteó respecto de la forma de enfrentar el tema medio ambiental, asi como también las responsabilidades asumidas ante la comunidad internacional.
Las señales son muchas, algunas de ellas: la aprobación del proyecto Itata, del uso del petcoke; el desarrollo de infraestructura pública a través de concesiones; el desmantelamiento del Plan de Descontaminación de Santiago y respaldo a Alumysa.
Las afirmaciones de personeros de gobierno que señalan que Chile no se puede permitir una legislación ambiental de país desarrollado, se ha demostrado en hechos concretos:
- La toma de decisiones ambientales en nuestro país van por un camino contrario al desarrollo sustentable y, más bien, está sujetos a los criterios de mercado. Ello se ha traducido en un debilitamiento de la fiscalización a favor de la autorregulación.
Por otra parte, la discrecionalidad se ha convertido en arbitrariedad. A modo de ejemplo sólo basta recordar las declaraciones de Rodriguez Grossi respecto del uso del petcoke y el proyecto Alumysa.
- Inexistencia de participación ciudadana. La promesa del gobierno de incorporar a la Sociedad Civil en decisiones de políticas públicas, ha resultado inexistente convirtiendose en la principal ausencia no sólo en el sistema ambiental sino también en el democrático, en general.
La definición gubernamental ha mutado a una simulación de participación que provoca la frustración de quienes se suponen llamados a opinar, discutir y defender sus opciones de vida.Ante la nula efectividad de los procesos formales se ha venido dando un proceso de "Resistencia ciudadana" que tiene sus pequeños logros a lo largo del país y que ha logrado terminar o detener procesos productivos altamente contaminantes (cierre de empresa Manganesos Atacama S.A, en la IV región; o el cambio del trazado de la Carretera Costera en la zona de Puerto Saavedra, en la IX)
Esta no es una preocupación menor, puesto que las negociaciones y posibles firmas de Tratados de Libre Comercio significarán obstáculos para mejorar standares de protección ambiental en el futuro.
- Retardo en el supuesto mejoramiento de la Legislación Ambiental. La modificación del reglamento está pendiente desde hace 3 años y la anunciada modificación a la Ley de Bases del Medio Ambiente (LBMA) se olvidó. De más esta mencionar la Ley de Bosque Nativo que tras 12 años de estudio aún no existe. Con ello queda demostrada la voluntad política de desrregulación del gobierno respecto de estos temas.
- Con este proceso iniciado, el gobierno pone fin al "maquillaje verde". Tras más de un año de impulsar procesos participativos que concluyeron en acuerdos con la sociedad civil que luego fueron desconocidos y una nula receptividad de las demanadas de las comunidades, los anuncios y acciones del último año visibilizan que la opción gubernamental es profundizar el modelo neoliberal y entregar el protagonismo al mercado en desmedro de las personas.
Proyecciones para el 2002: Los resultados de las recientes elecciones parlamentarias que se traducen en un cuasi empate entre los dos bloques políticos, sólo favorece la tendencia que hasta hoy se mantiene al interior del gobierno.
Para el año que viene se puede presumir el surgimiento de nuevos conflictos ambientales en especial vinculados al sector de la minería, energía, forestal e infraestructura pública.
Para concluir, resulta inaudito que quienes consideramos que la legislación ambiental desde su origen a sido insuficiente, hoy estemos defendiendola ante inminente peligro de flexibilizarla hasta que no sea un medio de protección ambiental sino una mera formalidad.
Corporación OLCA
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales