Al conmemorar este 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, hacemos un urgente llamado al gobierno y a las instituciones del Estado a cumplir su rol de proteger y resguardar los derechos humanos y laborales de las mujeres consagrados en la Constitución, en leyes nacionales y convenios internacionales. Estos derechos son vulnerados día a día en nuestro país, especialmente en el caso de las trabajadoras agrícolas temporeras de la agricultura de exportación.

En Chile hay alrededor de 250 mil temporeras, la mayoría jefas de hogar, como también hay adolescentes y niñas. Al menos el 60% de ellas no tiene contrato laboral y es “enganchada” por contratistas, lo que se presta para innumerables abusos, no pago de imposiciones previsionales, ausencia de beneficios sociales y condiciones de trabajo infrahumanas.

En este marco se inserta el uso intensivo e indiscriminado de plaguicidas en las actividades agrícolas. Muchos de estos agrotóxicos corresponden a las categorías de mayor peligro -con grave riesgo de producir intoxicaciones agudas-, según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, a mediano y largo plazo la mayoría de los plaguicidas que se usan en Chile pueden ser causa de cánceres, daños neurológicos, alteraciones reproductivas, abortos y malformaciones congénitas, en otros efectos crónicos sobre la salud.

Es común que los empresarios agrícolas ni siquiera respeten las mínimas exigencias legales en el uso de plaguicidas, exponiendo la salud y la vida de hombres, mujeres trabajadoras y de las futuras generaciones que corren el riesgo de padecer malformaciones congénitas y alteraciones a los sistemas inmunológico, reproductivo y nervioso, entre otros graves trastornos. Según cifras del Ministerio de Salud, de enero a noviembre de 2004 se notificaron 418 casos de intoxicación por plaguicidas, 34% de los cuales requirió hospitalización. El 56% eran mujeres, principalmente trabajadoras temporeras. Hay que considerar que este registro no refleja plenamente la realidad, pues se estima que por cada caso notificado hay otros cuatro sin notificar.

Cuando ocurren accidentes masivos o muerte de trabajadoras/es por intoxicación con agrotóxicos la autoridad competente se limita a aplicar multas por montos irrisorios y las demandas judiciales quedan a medio camino por la inexistencia de una relación contractual que permita establecer con claridad las responsabilidades ante la ley. Las afectadas/os quedan abandonadas/os a su suerte.

En lo inmediato, exigimos que se eliminen del registro nacional de plaguicidas autorizado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 20 principios activos que corresponden a plaguicidas de las categorías 1a y 1b -extremada y altamente peligrosas- de la clasificación de la OMS, como también otros agrotóxicos de comprobados efectos dañinos crónicos que circulan libremente en Chile.

Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-Al)

Alianza por una Mejor Calidad de Vida (RAP-Chile), integrada por Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa (CIAL).