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LUCCHETTI Y LOS PANTANOS DE VILLA
Arrogancia empresarial, conflictos limítrofes que datan del siglo pasado y deficientes resguardos legales son tres aristas que, sumadas a la incapacidad estatal de proteger el ambiente, se entrecruzan en el conflicto del área natural protegida Pantanos de Villa en Lima, Perú. Lucchetti, la empresa chilena productora de pastas, construyó en la zona protegida un edificio de 6 pisos sin contar con las autorizaciones correspondientes y con la oposición creciente de las comunidades cercanas, autoridades locales y organizaciones ecologistas peruanas y chilenas. El proyecto -y su irregular concreción- se transformó en un conflicto nacional no sólo por los invaluables daños que provocaría sobre un ecosistema debilmente protegido, sino también por las razones geopolíticas que históricamente han enfrentado a Chile - país de origen de los inversionistas - y a Perú - receptor de la inversión -. El comienzo del proceso de construcción sin la aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental, la inexistencia de la habilitación definitiva para obtener licencia provisional - situación que no se tradujo en la detención de la obra ni aún después de haber sido notificada la paralización- y, finalmente, un EIA cuestionado y presentado de manera extemporánea y sin participación ciudadana, resúmen las irregularidades que marcaron el proyecto de Lucchetti y que evidenciaron los deficientes resguardos del sistema legal respecto de zonas protegidas en el vecino país. Junto con esto, los hechos y el desempeño de los inversionistas chilenos dejaron al descubierto su incapacidad para trabajar nuevos mercados respetando los requisitos ambientales exigidos - mínimos, en este caso - y la innegable tendencia al maquillaje verde como estrategia de marketing. De más esta recordar que la adquisición del terreno (en la zona de amortiguamiento del humedal) fue justificada por voceros de la empresa señalando que "nuestro producto es tan bueno que lo fabricamos en medio de la naturaleza" (diario La República, 12/10/97). Pero este caso sirve como ejemplo para analizar una serie de hechos que caracterizan a las sociedades latinoamericanas en su conjunto, su proceso de recuperación democrática, la elaboración de políticas ambientales y por ende, la manera de enfrentar los conflictos en este ámbito. La mayoría de los países de América Latina viven procesos de democratización formal en el marco de una dictadura de poderes fácticos que no consideran - o desestiman - la protección al ambiente (inserto en los llamados derechos humanos de tercera generación). Es asi como en la región existen deficientes resguardos que priorizan la protección a las inversiones, no sólo como una opción política sino también legal, porque en definitiva son más fuertes las leyes que protegen e incentivan las inversiones que aquellas que propenden la protección de los ecosistemas. De esta manera se legitima la resolución de los conflictos ambientales - entendidos como luchas de intereses - en favor de las inversiones económicas y en contra la preservación y protección ambiental. Es asi entonces que los gobiernos desestiman rol regulador que -teóricamente- le cabe y entran en escena en clara defensa de los intereses privados. Por otra parte, estos hechos evidencian la carencia de una democracia social porque junto con desestimar el justo derecho de los ciudadanos a defender su patrimonio y ambiente, los inversionistas esperan recibir mayor respaldo de las autoridades mientras más enérgica sea la oposición ciudadana y, generalmente lo logran. El siguiente texto se divide en dos partes, la primera realiza un análisis general de los escenarios en que se desarrolló el llamado conflicto Lucchetti, mientras que en la segunda se presenta una detallada cronología (1977 - 1999) con los hechos más importantes de proceso de desarrollo del proyecto chileno en el vecino país.
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