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Conflictos ambientales en Perú
La Republica, 4 de julio de 2007
Equidad, ecología y derechos
Por Marco Arana.
Si el crecimiento de la economía coincidiera con el respeto de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, entonces quienes los defienden no tendrían por qué estar siendo acusados de "antiinversión", "antidesarrollo" o incluso de "chilenos". Si el centro del desarrollo fuera la persona humana y no la acumulación del capital con un incremento de una desigualdad cada vez más hiriente, entonces no habría las protestas que se dan a nivel nacional y tampoco se cometerían tantas injusticias como ocurre con los nativos e indígenas en la selva; con campesinos y miembros de frentes de defensa ambiental; con ONG ecologistas y sectores de iglesia comprometidos con la defensa de los DDHH que son satanizados; con los propios trabajadores de las empresas mineras que por reclamar sus derechos son reprimidos.
El afán desenfrenado por el crecimiento económico tiene un lado perverso que éticamente no debemos permitir. El fin del desarrollo no es el crecimiento económico sino el bienestar de la persona; siendo el crecimiento necesario, tenemos que comprender que ambientalmente debe ser un crecimiento limitado y no debemos permitir que éste se haga a costa de la vulneración de los derechos fundamentales de las comunidades y de los ecosistemas. Las industrias que envenenan a poblaciones enteras con metales pesados o desechos químicos deben ser severamente sancionadas. Las empresas de seguridad privadas que ponen en peligro la seguridad nacional por la compra de información de los servicios de inteligencia, y que se dan el lujo de espiar e intimidar a los ecologistas y defensores de DDHH, también deben ser investigadas y sancionadas. No es posible que se criminalice las acciones de protesta de poblaciones que solo se movilizan cuando ya se han agotado todos los canales de reclamo. No es posible que en Cajamarca estén libres quienes asesinaron a Isidro Llanos en Combayo, o quienes han envenenado con mercurio a cientos en Choropampa y con plomo a niños de La Oroya y el Callao.
Si el necesario crecimiento económico no va acompañado de leyes justas y una administración de justicia que proporcione a la población señales concretas de que la justicia es igual para todos; si la promoción de las industrias extractivas no se hace teniendo como base la necesidad de contar con planes de ordenamiento territorial y con eficientes mecanismos de fiscalización ambiental y de participación ciudadana, que incluyan la consulta de las comunidades cuya propiedad del suelo va a ser afectada; si no mejoran los mecanismos de redistribución de la riqueza y nos contentamos con las donaciones que voluntariamente quieran dar las empresas, entonces, tal como lo muestra el informe de la Defensoría de mayo, la conflictividad social vinculada a las industrias extractivas seguirá una tendencia cada vez más violenta, sea por la beligerancia de las acciones de fuerza de los afectados o por la represión del Estado y las empresas privadas de seguridad. En cualquiera de los casos, lo que perdemos es la posibilidad de construir un país democrático, socialmente justo y ambientalmente sostenible
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