Fuente: news.bbc.co.uk/hi/spanish 28 de marzo de 2005

Hace un año el presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, le prometió a grupos de bananeros de Chinandega afectados por el uso de un pesticida prohibido que los ayudaría.

A pesar de ese compromiso y de haber ganado un juicio contra las multinacionales a las que responsabilizan por su estado de salud, su situación, denuncian éstos, sigue siendo la misma.

Lea: Gobierno "de manos atadas"

Con aquella promesa, Bolaños dio fin a una manifestación de varias semanas, durante las cuales sindicatos de Chinandega, departamento del occidente del país, durmieron en tiendas en las cercanías del Parlamento.

Los bananeros pedían la intervención del Ejecutivo frente a tres empresas transnacionales: Dole, Dow Chemicals y Shell, a las cuales un tribunal de Managua había ordenado en 2002 pagar compensación por los perjuicios ocasionados por el uso del pesticida Nemagón o DBCP.

Las empresas no reconocieron entonces -ni reconocen ahora- esta sentencia, que consideran ilegal.

Lea: Dole se defiende

Nemagón de la discordia

En una clínica de Chinandega, los doctores atienden diariamente a decenas de personas que se dicen afectadas por el Nemagón.

"Tengo ardor y dolor en el estómago. Yo no sé qué enfermedad sea, pero fue cargando guineos", explica a la BBC uno de los pacientes.

"Tengo estas manchas que me duelen, me pican, no me dejan dormir. Padezco de ceguera, dolor en la canilla, insomnio. Deficiencia de todo tipo, deficiencia sexual", añade otro paciente.

"Aquí se ven muchos problemas", explica la doctora Sandra Quintana.

"Algunas cosas han sido adquiridas por otro tipo de causa. Pero la mayoría de enfermedades que ellos tienen es como consecuencia de este pesticida, este veneno", señala.

Prohibido en Estados Unidos

Nemagón es el nombre comercial de un pesticida conocido como DBCP o dibromocloropropano, un pesticida producido en los años cincuenta y prohibido en los años setenta en Estados Unidos.

Entre los años sesenta y ochenta se utilizó en países de Centro y Suramérica, así como en Costa de Marfil, Burkina Faso y Filipinas.

"El gobierno somozista quería promover las agroexportaciones", le dijo a la BBC el experto en la materia Arturo Grigsby.

"Nicaragua es un productor relativamente menor de bananas y el gobierno quería proveer los incentivos, por lo que no había regulaciones para evitar la intoxicación", añadió.

Por ejemplo, no se exigía el uso de ropa protectora y los trabajadores no se lavaban las manos con frecuencia, señala el especialista.

La sustancia química se aplicaba por vía aérea, por encima de los racimos de banano, dijo Roberto Ruiz, uno de los líderes de los sindicatos bananeros.

Lo que hace y no hace

De acuerdo con estudios citados por quienes se dicen afectados, el nemagón ocasiona daños en los riñones, los pulmones y los órganos reproductores.

Sin embargo, una de las empresas demandadas, Dole, declaró a la BBC que no hay evidencias de que la sustancia usada en campo abierto produzca esas dolencias.

"La única evidencia científica tiene que ver con la exposición de los trabajadores en las plantas químicas en los años setenta, donde se descubrió una relación entre esterilidad masculina y alta exposición a la sustancia", dijo el vicepresidente ejecutivo de Dole, Michael Carter.

Mientras, la empresa Shell -otra de las denunciadas- envió una declaración escrita en la que señala que no vendió el producto que contenía DBCP a Nicaragua.

Pero muchos en Chinandega continúan sosteniendo lo contrario y persiguen causas en tribunales nacionales y estadounidenses.

El procurador general de la nación, Alberto Novoa Espinoza, le dijo a BBC Mundo que el problema involucra a unas 10.000 personas.

Tribunales y promesas

En 2000, el parlamento nicaragüense aprobó la Ley 364, que establece un mecanismo para que los trabajadores afectados por el Nemagón demandaran a las empresas trasnacionales.

Los esfuerzos de las compañías por que se anulara la ley, que consideran viola que sus derechos, resultaron infructuosos.

En diciembre de 2002, un tribunal ordenó el pago de US$489 millones a 468 demandantes.

Ésa es la sentencia que las transnacionales no reconocen y es lo que impulsó a grupos afectados a manifestar en Managua en 2003.

"El gobierno hizo unos compromisos y hoy en día no es cierto. Hasta donde hemos visto, el gobierno en vez de apoyar a sus compatriotas está apoyando a las trasnacionales", señala Doris García, de uno de los sindicatos de Chinandega.

Compromisos

Esos compromisos, dicen estos grupos, consistían en lograr algún tipo de arreglo con esas compañías y en brindar atención médica a los afectados.

En cuanto a lo primero, el procurador Novoa dice que el Ejecutivo está atado de manos.

"El gobierno no puede actuar representando a los ciudadanos, pues es un problema individual, entre las personas y las compañías a quienes demandan", dice.

El funcionario apunta que el gobierno prometió brindar apoyo y asesoría, pero que no tiene facultad de negociar, ni es su papel hacerlo.

"Ellos son los mismos", se queja Doris García cuando se le cuenta esto.

"Las trasnacionales son empresas privadas, y el gobierno es un empresario privado que no va a velar por esta situación", añade.

Atención médica

En cuanto al segundo punto, la atención médica, el panorama no es más auspicioso, según el procurador.

"No se ha dado la respuesta adecuada, debido a los ajustes económicos y a que el parlamento como tal no otorgó las partidas necesarias para esos gastos", afirma Novoa.

"Desde mi posición de procurador, lo siento, lo siento mucho, pero no puedo ir más allá de las posibilidades".