Conflictos ambientales en México

Fuente: La Jornada 11.8.2010

Enfrentan rarámuris presión de autoridades
Políticos se apoderaron de territorios indígenas para construir aeropuerto
Una historia extraída del manual de las privatizaciones y el despojo territorial se vive desde hace algunos años en la sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, donde con el clásico proyecto de aeropuerto, teleférico, hoteles, cabañas y demás obras para el turismo, pretenden arrebatarle al pueblo rarámuri una superficie de 16 mil 924 hectáreas, en la que habitan un total de 203 familias indígenas con un promedio de 7 miembros por familia, lo que hace una población total de aproximadamente mil 421 personas afectadas.

Miroslava Breach Velducea Corresponsal Periódico La Jornada

Chihuahua, Chih., 10 de agosto. El senador panista Ramón Galindo Noriega; el dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en la entidad, Omar Bazán Flores, y el diputado local Ricardo Orbiz Blake, entre otros políticos, así como empresarios locales, se apropiaron de grandes extensiones de tierra en una zona del municipio de Creel ocupada por indígenas rarámuris, donde se pretende construir un aeropuerto, aseguró el gobernador indígena de Mongotavo, San Miguel Cruz Moreno.

Los compradores también pretenden edificar desarrollos turísticos, añadieron autoridades tradicionales de cuatro comunidades asentadas en la zona de la Barranca del Cobre.

En conferencia de prensa, San Miguel Cruz informó que 154 hectáreas propiedad de Mongotavo fueron adquiridas con "artimañas jurídicas" por cinco personas, entre ellas Bazán Flores, ex diputado federal y dirigente de la CNOP en Chihuahua.

También mencionó a Ricardo Valles Alvelais, hermano del secretario de Turismo estatal, Héctor Valles; a Ricardo Orbiz, así como a los empresarios Agustín López Dumas y Jesús Alberto Cano Vélez. Cruz Moreno sostuvo que estas personas buscan desalojar a indígenas de predios donde han vivido por generaciones.

El predio Mesa de la Barranca presuntamente fue adquirido por la empresa Soluciones Emprendedoras del Norte, que, según San Miguel Cruz, presiona a familias rarámuris para que abandonen sus viviendas, pues pretende construir un hotel.

Fausto Salgado, representante legal de los indígenas, tramitó un amparo ante el juzgado segundo de distrito para impedir el desalojo, desplazamiento o reubicación de las viviendas de las familias rarámuris.

La autoridad indígena añadió que se les ha ocultado la información sobre los pormenores del proyecto Barrancas del Cobre; en cambio, autoridades de Turismo de Chihuahua y empleados de los empresarios citados hostigan a los indígenas de Mongotavo para que firmen un documento con el cual autorizarían la demolición del albergue y la escuela Rebelión de la Tarahumara, donde estudian, duermen y reciben alimentos 100 niños de 14 poblados de la región.

Indicó que autoridades de Turismo les ofrecieron reubicarlos en pequeñas casas de ladrillo construidas en otra zona."No lo aceptamos. Nosotros tenemos en nuestro territorio casas de troncos y parcelas para sembrar maíz y frijol. Allá no podríamos sembrar", dijo Cruz Moreno.

En otro punto de la cresta de la Barranca del Cobre, en la comunidad Bacajípare, el senador panista Ramón Galindo intenta construir un hotel en un predio que adquirió hace tres años al ejido San Alonso, por lo que enfrenta un juicio ante tribunales agrarios.


Fuente: La Jornada 10.8.2010

Se realizan trabajos sin siquiera haber consultado a las comunidades afectadas
Rarámuris denuncian ante la ONU proyecto en las Barrancas del Cobre
  • Señalan acoso, amenazas e intentos de desalojo
  • Se tiene previsto construir teleférico, campo de golf, cabañas, hotel y aeropuerto
  • Alertan sobre escasez de agua y generación de residuos
Miroslava Breach Velducea
Corresponsal
Periódico La Jornada


Urique, Chihuahua. Rarámuris de las comunidades de Bacajípare, Huetosachi, Mogotavo y Repechike presentaron una queja ante la comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Palais Wilson, en contra del proyecto turístico Barrancas del Cobre, que incluye la construcción de un teleférico en Divisadero y un aeropuerto en el municipio de Creel, por considerar que viola garantías fundamentales y el derecho de los indígenas sobre sus territorios ancestrales.

Los gobernadores tradicionales de las cuatro comunidades entregaron la queja en las oficinas del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México y expusieron que los proyectos turísticos impulsados por los gobiernos federal y estatal, con inversión de empresas extranjeras y nacionales, han trastornado la vida de mil 421 indígenas.

Las 203 familias, que tienen varios centros ceremoniales en la zona, de más de 16 mil hectáreas, aseguran que han sido víctimas de acoso, amenazas e intentos de desalojo, resultado de la especulación inmobiliaria.

Respaldados por las organizaciones Asesoría Técnica Comunitaria y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, entre otras, relataron que por años han acudido a tribunales agrarios, civiles y penales para denunciar los constantes atropellos a sus derechos, sin que las autoridades los atiendan.

Martín Moreno y María Monarca, gobernadores tradicionales de Bacajípare y Huetosachi, respectivamente, explicaron que desde que arrancó el proyecto turístico Barrancas del Cobre la vida comunitaria se alteró y no saben si podrán seguir viviendo en sus casas y sembrando sus tierras, como lo han hecho por generaciones.

Agregaron que empresarios y políticos se disputan la zona para construir hoteles, restaurantes y tiendas para miles de turistas que visitan las Barrancas del Cobre, y se prevé que llegue más gente con las obras de infraestructura en marcha, entre ellas el teleférico, cuya inauguración está planeada para principios de septiembre.

Explicaron que el senador panista Ramón Galindo Noriega enfrenta demandas por invadir tierras en la barranca. Se trata de un predio que compró al ejido San Alonso, a pesar de que ya había sido entregado a otra persona, por lo que existe un litigio para saber quién es el legítimo dueño.

También acusaron al dueño de la inmobiliaria Desarrollo Turístico Barrancas del Cobre, Federico Elías Madero, de intentar desalojar a 16 familias indígenas del predio El Madroño, donde proyecta construir un hotel, cabañas y un campo de golf.

Monarca Lázaro y Cruz Romero afirmaron que empleados de Elías Madero les han impedido construir sus viviendas, recolectar leña y usar la cáscara de los árboles de táscate para labrar figuras de animales que venden a turistas que visitan el mirador de la barranca.

Insistieron en que este proyecto viola sus derechos a la tierra, a los recursos naturales, al reconocimiento jurídico de sus autoridades tradicionales, a ser consultados antes de emprender obras, a que se respeten sus usos y costumbres, y a recibir justicia expedita en tribunales agrarios, civiles y penales.

La inversión pública, añadieron, está dirigida a obras de infraestructura relacionadas con el proyecto turístico, sin tomar en cuenta lo que necesitan las comunidades rarámuris.

Tampoco les han informado qué hará el gobierno para abastecer de agua a la zona y manejar los residuos que generará el aumento del turismo.

Pidieron al alto comisionado de la ONU solicitar al gobierno mexicano una investigación sobre las violaciones a los derechos indígenas y reclamaron que se respete su derecho a conocer información sobre el proyecto turístico, que les ha sido negada.