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El Estado chileno y su trato al pueblo mapuche y los familiares de desaparecidos
9 de mayo de 2006
Lucía Sepúlveda Ruiz
El Coordinador de DDHH de los Colegios Profesionales de Chile sostiene que en las últimas semanas dos situaciones dejan ver que el Estado de Chile, lejos de constituir un ejemplo en materia de cumplimiento a los estándares internacionales de derechos humanos, continúa en grave falta. Trazan a continuación un paralelo entre los dolorosos errores en la identificación de restos de detenidos desaparecidos del Patio 29, y la huelga de hambre de los presos políticos mapuche.
Afirman que después de muchos años, el dolor de los familiares de detenidos desaparecidos es asumido por la mayor parte de la sociedad y sus demandas incluso son defendidas por quienes en el pasado negaron los crímenes de la dictadura. Agregan que la noticia ocupa titulares en medios de prensa que ignoraron el drama de los familiares, hasta que se produjo la detención de Augusto Pinochet en Londres. Destacan más adelante que la preocupación que hoy muestran personeros ligados al régimen dictatorial es tan llamativa como antes lo fue su silencio y falta de colaboración para encontrar a los detenidos desaparecidos, y para enjuiciar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad.
A continuación afirman: 'La inmediata reacción del gobierno, que ha prometido aclarar las identidades y fortalecer al Servicio Médico Legal entregando los recursos pertinentes, permite enfrentar sólo una parte del problema. Hay una preocupante señal emanada anteriormente desde el poder ejecutivo: en lo relativo a la aplicación de la amnistía, la presidenta Bachelet ha seguido la línea oficial de la Concertación, de no impulsar la derogación de la ley de Amnistía, amparando de hecho la impunidad de quienes son los primeros responsables del dolor de los familiares y dejando la responsabilidad en manos de un poder judicial cuyo desempeño en estas materias es de todos conocido. La inmensa mayoría de sentencias condenatorias a firme, pertenece a los llamados 'casos emblemáticos' y el principal responsable de los crímenes, Augusto Pinochet, hasta ahora está en libertad. Hay cierta asimetría en los escasos logros en materia de verdad y justicia. Los condenados por crímenes que cumplen sentencia en prisión son menos, numéricamente, que los detenidos desaparecidos identificados, algunos de los cuales eran también personalidades políticas'.
Por otra parte, se refieren a la invisibilidad del conflicto mapuche, en los siguientes términos:
'La otra situación que nos alarma es la huelga de hambre de cuatro prisioneros políticos mapuche, iniciada el pasado 13 de marzo. Ellos arriesgan lo único que poseen, sus vidas, para exigir su libertad y el fin de la aplicación a su pueblo de la legislación antiterrorista creada por la dictadura. A Patricia Troncoso Robles, a los hermanos Florencio y José Marileo Saravia y a Juan Carlos Huenulao Lielmil se les acusa como autores de 'incendio terrorista' del fundo Poluco-Pidenco, de propiedad de la empresa forestal Mininco. Ese es un lugar que forma parte de un territorio ancestral recuperado por sus padres en 1972, mediante el proceso de Reforma Agraria que tuvo lugar durante el gobierno del Presidente Salvador Allende. Pero en 1977, sus familias fueron desalojadas de allí, y sus casas fueron incendiadas por carabineros y efectivos del regimiento Húsares de Angol que actuaron impunemente. Pero todos estos hechos pertenecen a la esfera de lo invisible: la huelga de hambre no figura en los medios, los mapuche no tienen tribuna ni siquiera en el acto del 1º de mayo, y el conflicto no es asumido sino por las propias organizaciones mapuche, además del movimiento estudiantil, y sectores ambientales'.
Informan que en cambio, personalidades internacionales de la talla de Noam Chomsky y José Saramago sí han solidarizado con los presos políticos mapuche.
También lo ha hecho el Comité Internacional contra la Desaparición y la Tortura ICAD, Francia. Luego de visitar Chile, observadores internacionales de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (con sede en Ginebra) y anteriormente, el enviado especial de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, han formulado recomendaciones desatendidas hasta ahora por el gobierno chileno.
El Coordinador hace un llamado a sus miembros, a todas las organizaciones sociales, a los parlamentarios, iglesias y académicos en general, a acoger ahora esta demanda de los presos políticos mapuche, a quienes el Estado y el empresariado forestal ha denominado 'terroristas' por luchar para recuperar tierras usurpadas. Agregan:
'En dictadura, el nombre para quienes luchaban era 'extremistas' o 'comunistas'. Ahora sólo ha cambiado la denominación. Las comunidades mapuche son allanadas y sus derechos son conculcados como en tiempos de dictadura; sus dirigentes (lonkos) son perseguidos y no se respeta su derecho a la organización y a la libre expresión de sus ideas'.
Denuncian finalmente que cuando las sentencias de primera instancia les son favorables, los jueces que las formulan son castigados. 'Se les acusa sin pruebas, con testigos sin rostro a quienes el Estado financia con recursos de todos los chilenos. Para los mapuches la
democracia aún no llega, y a nivel internacional esto se está convirtiendo en una verdad tan reconocida como lo fue en su momento en el exterior, la culpabilidad del ex dictador Pinochet. La vida de Patricia Troncoso Robles, de Florencio y José Marileo Saravia y de Juan Carlos Huenulao Lielmil, y probablemente también el futuro del pueblo mapuche y de nuestra democracia, dependen de que cese la criminalización de su lucha por territorio y autonomía'.
Respecto al tema mapuche, la declaración concluye que sólo si sus demandas son acogidas por vastos sectores de la sociedad chilena se podrá avanzar en ese sentido y hacer realidad una democracia que no discrimine a sectores de su población y se construya en la diversidad.
Apelan a las lecciones de la experiencia obtenida el año pasado, cuando finalmente la sociedad chilena se sensibilizó frente al problema de los presos políticos en democracia y se logró que el Parlamento dictara una ley especial que los beneficiara, tomando en cuenta la existencia de torturas, de trato inhumano en la Cárcel de Seguridad, y de la falta de un debido proceso.
En cuanto a los detenidos desaparecidos, afirman que hay 'negligencia concertada' en lo referido a los crímenes de la dictadura, y que los resultados logrados hasta ahora parecen coherentes con el principio adoptado por el ex presidente Aylwin de hacer justicia 'en la medida de lo posible'. Esta falta de compromiso con la justicia es a nuestro juicio, la explicación de fondo para los hechos ocurridos. 'Los posibles errores en que hayan incurrido los peritos del Instituto Médico Legal se enmarcan en una política oficial de no priorización por verdad, justicia y reparación, lo que fue denunciado permanentemente por los organismos de derechos humanos. No sólo el poder ejecutivo sino también el poder judicial son parte de esta negligencia, comprobable hoy al establecerse que las controversias respecto de las identificaciones no son nuevas, y están rodeadas de hechos inquietantes en lo administrativo y financiero'.
Recuerdan que el informe de Glasgow fue remitido por el médico escocés Peter Vanezis a la propia Ministra de Justicia de la época, señora Soledad Alvear, en el año 1995. Eso dice la investigación entregada a la Corte Suprema el año 2002 por la fiscal Mónica Maldonado, en respuesta a las denuncias respecto de posibles irregularidades en los procedimientos de identificación. Reconocen que sólo el juez Sergio Muñoz, quien esclareció los crímenes de Tucapel Jiménez y más recientemente, el de los hermanos Vergara Toledo, tuvo la decisión de ir al fondo de los hechos y requerir de la dirección del Servicio Médico Legal el cumplimiento irrestricto y oportuno de su misión en estas materias, tarea que ahora es competencia del ministro Carlos Gajardo, por el ascenso del juez Muñoz a la Corte Suprema.
Sostienen que un abordaje integral del problema debe comprender la voluntad política concertada del Ejecutivo y del poder judicial para avanzar globalmente en verdad, justicia y reparación integral, acompañando a los familiares en su exigencia de derogación de la ley de amnistía y rectificando los errores denunciados, a través de estudios respaldados por instituciones internacionales acreditadas en la materia, e informando con transparencia de las limitaciones reales existentes en trabajos de este tipo y de las complejidades inherentes a ello.
La declaración, fechada en Santiago el 3 de mayo de 2006 está suscrita por los Capítulos de DDHH del Colegio de Asistentes Sociales,y de Matronas; por las Comisiones de DDHH de los Colegios de Arquitectos, Administradores Públicos, Bibliotecarios, y Contadores de Chile Reg. Metropolitana; y las comisiones de los Colegios de Fonoaudiólogos, Médicos Veterinarios, el Colectivo de Ingenieros por los DDHH, y los Departamentos de DDHH de los Colegios de Periodistas, Profesores, y Enfermeras.
- Lucía Sepúlveda Ruiz es presidenta del Departamento Derechos Humanos del Colegio de Periodistas de Chile.
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