|
|
|
Ambos ofrecerán una conferencia a las 12:30 horas francesa:
28-05-2009
Presidenta Bachelet se reúne en Francia con el secretario general de la OCDE
Organizaciones sociales, indígenas y medioambientales envían carta a directorio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), a propósito de entrevista de la Presidenta Bachelet con su secretario general, Ángel Gurría.
Por Paulina Acevedo, Observatorio Ciudadano, 27 de mayo de 2009
En el marco de su visita oficial a Francia, la presidenta Michelle Bachelet se reunirá mañana jueves 28 de mayo con el secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel Barría, para posteriormente dirigirse al Consejo de la entidad reunido en forma especial para esta ocasión.
Chile es uno de los cinco países que junto con Estonia, Israel, Rusia y Eslovenia se encuentran en proceso de alcanzar las condiciones necesarias para ser invitados a formar parte de la Organización. Y un paso más en este sentido será la firma del “Protocolo de Privilegios e Inmunidades”, que oficializarán el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, y Ángel Barría por la OCDE.
Cabe recordar, que en el año 2005 OCDE junto a CEPAL entregaron el informe "Evaluación del Desempeño Ambiental. Chile. 2005"[1], donde además de hacer un completo diagnóstico a la situación se hacen una serie de recomendaciones al estado. Muchas de las cuales no se encuentran resultas.
Por eso diversas organizaciones sociales, indígenas y medioambientales dirigieron una carta (en inglés y español) al Directorio de la OCDE, donde solicitan revisar cumplimiento de compromisos de Chile con el organismo en lo referido a reformas de instituciones ambientales, debido a graves vacíos legales existentes y la ausencia de proceso reales en materia de participación ciudadana.
En la carta, estas organizaciones consideran “…que esta exclusión y limitación del debate público en una materia tan importante es inaceptable, más aún cuando las propias autoridades así como parlamentarios y expertos convocados a entregar su opinión, han destacado que uno de los principales impulsos a dicha reforma proviene precisamente de los movimientos ciudadanos surgidos en respuesta a los impactos de proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)”.
Y demandan tres puntos fundamentales: (a) “recoger las experiencias y recomendaciones formuladas por numerosos actores sociales locales y comunidades afectadas por impactos ambientales de proyectos de inversión. En particular mejorar la participación de los diversos grupos de la ciudadanía a nivel nacional en la discusión legislativa que la reforma ambiental tendrá en el Senado”; (b) “adecuar esta reforma ambiental a los nuevos instrumentos internacionales que el país ha suscrito, tales como el Convenio 169 de la OIT , y cumplir las recomendaciones de OCDE sobre los acuerdos ambientales multilaterales ratificados por Chile” y (c) “mejorar y generar el marco legal que regule y penalice en forma adecuada y proporcional a las personas y empresas que sometan proyectos al Sistema de Evaluación Ambiental y generen acciones de contaminación, y a aquellos que promuevan mecanismos de compensación y coacción de la voluntad de las personas y organizaciones”.
Carta de dirigida al organismo
Somos diversas organizaciones sociales, indígenas y medioambientales quienes nos dirigimos al Directorio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para solicitar la revisión del cumplimiento de compromisos de Chile con la OCDE referido a reformas de instituciones ambientales, debido a graves vacíos legales y de proceso en materia de participación ciudadana. Entre los principales aspectos señalamos y solicitamos:
1. Solicitamos revisar el grado de cumplimiento que Chile tiene de los compromisos asumidos con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en relación a la reforma de sus instituciones ambientales. Tal reforma obedece, por una parte, a las recomendaciones realizadas en 2005 por la OCDE, como resultado de la evaluación del desempeño de las instituciones ambientales de Chile y, por otro lado, a las demandas ciudadanas. Un aspecto central corresponde a la necesidad de corregir los actuales vacíos de la participación ciudadana en materias ambientales. A ello se agrega la necesidad de adecuar la nueva legislación a los desafíos que el país tiene en la protección de la biodiversidad y sus recursos naturales, incluyendo la protección de un bien vital como es el agua, así como el respeto a los pueblos originarios.
2. El proyecto que reforma la institucionalidad ambiental de Chile, y que fue aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 28 de abril, si bien constituye un avance en los desafíos planteados, ha excluido de la discusión a los ciudadanos, comunidades y sus organizaciones, que son, a fin de cuentas, las que han impulsado esta importante reforma. Consideramos que esta exclusión y limitación del debate público en una materia tan importante es inaceptable, más aún cuando las propias autoridades así como parlamentarios y expertos convocados a entregar su opinión, han destacado que uno de los principales impulsos a dicha reforma proviene precisamente de los movimientos ciudadanos surgidos en respuesta a los impactos de proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Omisión que es además completamente inconsistente con la Agenda Pro-Participación Ciudadana 2006-2010 impulsada por el gobierno de Chile.
3. Sobre los aspectos de fondo de esta reforma, la evaluación de desempeño ambiental realizada a Chile por la OCDE subraya la inexistencia de “un mecanismo formal de participación en la planificación local y regional del territorio” , la necesidad de “integrar los problemas ambientales en la planificación del uso del suelo” y la importancia de “avanzar hacia el establecimiento de un sistema eficaz de ordenamiento territorial que sea capaz de incorporar los valores de la diversidad biológica” , aspectos que requieren ser mejorados. El nuevo proyecto de reforma incorpora la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) recomendada por la OCDE -a la que deberán someterse los instrumentos de planificación urbana y territorial, y las políticas públicas- pero omite por completo la perspectiva del ordenamiento territorial necesario para una adecuada planificación ambiental.
4. Igualmente grave en esta reforma es que se condena a los ciudadanos a continuar expresando sus perspectivas e intereses de manera fragmentada, a medida que los proyectos de inversión son evaluados en sus impactos, pero sin posibilidad real de incidir en las definiciones sobre las opciones de desarrollo que afectan a los territorios donde viven. Si bien mejora algunos aspectos de los mecanismos de participación ciudadana en el SEIA, sin embargo, perpetúa el sentido formal y burocrático de los mecanismos de participación ambiental que han predominado hasta hoy en Chile, evitando pronunciarse sobre su propósito último. En los hechos, lo que ha prevalecido es “la doctrina de los impactos ambientales consumados” y que se traduce en el principio de que “ninguna inversión se detendrá por consideraciones ambientales”. Lo anterior redunda en falta de legitimidad social de los mecanismos de participación ciudadana ambiental y en altos niveles de desconfianza hacia las decisiones e instituciones ambientales.
5. Esta falta de legitimidad en la aprobación ambiental de proyectos de inversión, y la consiguiente resistencia que ello genera entre las comunidades, ha derivado en la práctica recurrente de mecanismos velados de compensaciones monetarias entregadas a las personas y familias afectadas por los impactos y riesgos ambientales. Ello constituye un hecho de la máxima gravedad debido a que tales mecanismos operan en forma paralela al SEIA y cuentan con el respaldo tácito -y a veces explícito- de las autoridades. A través de este tipo de mecanismos las empresas presionan, extorsionan y hostigan a las personas afectadas hasta que logran que acepten los términos de los acuerdos de compensación, generando así conflictos y divisiones muchas veces irreparables al interior de las comunidades. Situaciones de este tipo han ocurrido en varios proyectos mineros en el norte e inversiones forestales y de generación eléctrica en la zona sur.
Ante los cuestionamientos sobre este tipo de contratos las autoridades se han limitado a reiterar que se trata de “acuerdos entre privados” frente a los cuales no intervendrán. No obstante, el clima de hostigamiento con que se han acompañado estos procesos de intervención social por parte de las empresas ha ido acompañado de una creciente criminalización de los grupos y comunidades especialmente indígenas, que se han opuesto a proyectos de inversión. Se trata de una realidad que por su gravedad ha provocado la preocupación de la comunidad internacional, incluyendo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el reciente examen periódico universal del que el Estado chileno ha sido objeto (mayo 2009).
6. En síntesis, el proyecto de ley de reforma ambiental carece de procedimientos de ordenamiento territorial, perpetúa las limitaciones de la participación ciudadana ambiental en el Sistema de Evaluación Ambiental y no mejora los mecanismos de participación ciudadanos, de comunidades locales y de pueblos indígenas para decidir sobre el uso de los recursos naturales en sus territorios. Por ello solicitamos a la OCDE revisar el cumplimiento de los compromisos ambientales de Chile y recomendar al gobierno el mejoramiento de los procedimientos de participación ciudadana y la ampliación de los espacios de debate en la discusión de esta reforma. Entre otras materias se debiera considerar:
*
Recoger las experiencias y recomendaciones formuladas por numerosos actores sociales locales y comunidades afectadas por impactos ambientales de proyectos de inversión. En particular mejorar la participación de los diversos grupos de la ciudadanía a nivel nacional en la discusión legislativa que la reforma ambiental tendrá en el Senado.
* Adecuar esta reforma ambiental a los nuevos instrumentos internacionales que el país ha suscrito, tales como el Convenio 169 de la OIT, y cumplir las recomendaciones de OCDE sobre los acuerdos ambientales multilaterales ratificados por Chile El Convenio 169, recientemente ratificado, obliga al Estado a generar procedimientos de consulta adecuados antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos naturales existentes en tierras indígenas, a fin de determinar si sus intereses serían perjudicados.
* Mejorar y generar el marco legal que regule y penalice en forma adecuada y proporcional a las personas y empresas que sometan proyectos al Sistema de Evaluación Ambiental y generen acciones de contaminación, y a aquellos que promuevan mecanismos de compensación y coacción de la voluntad de las personas y organizaciones.
Los abajo firmantes solicitamos se haga ver al gobierno de Chile que la discusión de la reforma ambiental debe incluir a la ciudadanía que se ha organizado en la defensa de los recursos naturales del país y sus derechos humanos.
José Aylwin Oyarzún, Co – Director del Observatorio Ciudadano, Claudia Sepúlveda Luque, vocera de Acción por los Cisnes, Valdivia; Lucio Cuenca Berger, Director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales; Bernardo Reyes, Presidente de Ética en los Bosques; Malú Sierra, Defensores del Bosque Chileno; Jorge Hueke, Parlamento de Coz Coz, Panguipulli; Eliab Viguera y Boris Hualme, voceros del Comité de Defensa del Mar, San José de la Mariquina; Juan Moreira y Juan Manríquez, voceros de la Coordinadora de Defensa del Río San Pedro, Los Lagos; Adolfo Fuentes, Presidente del Comité por los Derechos Humanos y Medioambiente de Los Lagos; Hugo Silva, Concejal de la comuna de Los Lagos; Cesar Águila, vocero de Salvemos Cobquecura, Región del Bío Bío; Gino Bavestrello y Gustavo Sepúlveda, Presidente y Vicepresidente de la Agrupación de Armadores y Pescadores Artesanales Históricos de Valdivia; Galy Chavez, Comité Pro Participación Ciudadana y Protección de Pirque; Mauricio Ríos, Consejo de Defensa del Valle del Huasco, Región de Atacama; Jorge Godoy, Coordinadora Regional por la Defensa del Agua y el Medioambiente de Atacama; Luis Márquez, Centro Cultural Social y del Medio Ambiente Ceibo, Maipú; Vanessa Miller, Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo; Renate Benner y Ximena Rosales de Acción por los Cisnes, Valdivia; Patricio Herman, Defendamos la Ciudad, Santiago; Moira Barrientos, Programa de Mujeres de la Corporación Codepu, Valdivia; Claudia Rosales, Red de Mujeres de Valdivia; Alexandra Martínez, Prodesam, Valdivia; Marco Díaz, Presidente de la Agrupación Comunitaria Defensores del Espíritu de la Patagonia, Cochrane; Ninoska Vera, Presidenta de la Agrupación Defensores de la Cuenca del Murta, Río Ibáñez; Marcia Álvarez, Presidenta de la .Agrupación Comunitaria Herederos de la Patagonia, Villa Cerro Castillo, Torres del Paine; Alejandro del Pino, Corporación Costa Carrera, Cuenca del Lago General Carrera, Región de Aysén; Carolina Velazquez, Hugo Aparicio, Manuel Ruiz, miembros de la Agrupación Nacional Jóvenes Tehuelches; y Red Ciudadana por la Defensa de la Precordillera, Región Metropolitana.
Contacto para comunicación. José Araya Cornejo. Programa de Ciudadanía e Interculturalidad. Observatorio Ciudadano. joseraval@gmail.com. Fonos: (56) 45 – 213963. (56) 9 90994092.
[1] Ver en: http://www.direcon.cl/documentos/OCDE/OCDE_EVALUACION_MEDIOAMBIENTAL.pdf)
--
Paulina Acevedo
Periodista
Comunicadora en Derechos Humanos
Coordinadora Área de Comunicaciones
Observatorio Ciudadano
(56-45) 213 963
Móvil: (09) 9.7363534
skype: paulinaacevedom
comunicaciones@observatorio.cl
www.observatorio.cl
www.altoahi.cl (Basta de violencia policial)
Se adjunta carta en
español e
inglés
|
|