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Conflictos ambientales en Guatemala
Fuente:
La Prensa Libre
24/06/2010
"Para dar cumplimiento a sus compromisos internacionales en el campo de los derechos humanos”.
El Gobierno cumplirá orden de cerrar mina canadiense de oro Marlin
El gobierno de Álvaro Colom, por medio de un comunicado de prensa, informó ayer que cumplirá con las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las cuales exigen la suspensión de las actividades de la mina Marlin para cumplir con obligaciones internacionales en ese campo.
Por ÓSCAR ISMATUL Y GEOVANNI CONTRERAS
La CIDH comunicó esa decisión al Gobierno el 20 de mayo último, pero pese a la postura del Ejecutivo de acatar ese pedido, expertos consultados coinciden en señalar que el cierre de la mina requerirá tiempo, porque se prevé una fuerte disputa legal.
Sin mayores explicaciones y detalles, el Gobierno emitió un comunicado en el que expresa literalmente: “En relación a la medida cautelar de suspender las actividades mineras aludidas, el Estado comunica su decisión de atenderla, para dar cumplimiento a sus compromisos internacionales en el campo de los derechos humanos”.
Sin embargo, ese documento no especifica la metodología de dicha suspensión y el plazo para ejecutarla.
La respuesta del Estado también señala: “El Gobierno de Guatemala, de conformidad con las posibilidades de su propio ordenamiento interno, iniciará el proceso administrativo correspondiente, con el fin de que la medida cautelar pueda cobrar legalmente vigencia”.
La CIDH —adscrita la Organización de Estados Americanos— impuso cinco solicitudes: la primera era la solicitud de suspender la explotación minera del proyecto Marlin 1 y demás actividades relacionadas con la concesión otorgada a la empresa Gold Corp/Montana Exploradora de Guatemala, S.A.
El pedido de la CIDH establece: “Ello, como medida cautelar a favor de las comunidades del pueblo maya (sipakapense y mam) de los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, donde opera la mina Marlin”.
El informe final —identificado como Ref. P-1018-2010/RDVC/HEMJ/ad— contiene las respuestas del Estado de Guatemala, y fue redactado por la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política de Derechos Humanos, y enviada ayer por medio de la Cancillería, tras vencerse el plazo y prórroga que solicitó el país.
Otras respuestas a la comisión
Otra medida que la CIDH solicitó fue “adoptar las medidas necesarias para descontaminar en lo posible las fuentes de agua de las 18 comunidades beneficiarias, y asegurar el acceso por sus miembros a agua apta para el consumo”.
El Estado respondió que los estudios efectuados por los ministerios de Salud, Ambiente y Energía y Minas no demostraron contaminación en las aguas de dichas comunidades, por lo que son aptas para el consumo.
La CIDH también exigió que se resuelvan problemas de salud en los residentes de las comunidades vecinas a la mina Marlin y exhorta a las autoridades a desarrollar un programa de asistencia. El Ejecutivo respondió: “No se detectó ninguna enfermedad vinculada a la presunta contaminación, según evaluación de la cartera de Salud”.
Una cuarta solicitud de esa comisión aseveró que el Estado de Guatemala debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los miembros de las 18 comunidades.
“El Gobierno, por medio del Ministerio de Gobernación, mantiene los esfuerzos para preservar la integridad física y la vida de los miembros de las comunidades mencionadas (...) ejecuta órdenes de aprehensión únicamente cuando son emanadas de los órganos jurisdiccionales competentes”, afirmó el Estado, ante las denuncias de supuestas persecuciones contra líderes comunitarios.
Por último, la CIDH solicita planificación y medidas de protección con la participación de los beneficiarios de las medidas cautelares, a lo que el Estado respondió favorablemente.
Un estudio de la Universidad de Míchigan reveló que, aunque no llega a niveles críticos, se encontraron metales pesados, como plomo, zinc, cobre y otras sustancias tóxicas en las muestras de sangre en un grupo de pobladores cercanos a la mina Marlin.
Por varias horas y hasta el cierre de esta edición, Prensa Libre intentó obtener la postura de Montana Exploradora, propietaria de la mina Marlin, sobre la medida, pero ni Maritza Ruiz, encargada de comunicación, ni Eduardo Villacorta, presidente de Gold Corp, no respondieron las llamadas telefónicas ni los mensajes de correo electrónico.
El Gobierno de Guatemala anunció este miércoles, suspender la explotación de la mina Marlin, de la empresa Gold Corp/Montana Exploradora de Guatemala, S. A., a solicitud de las medidas cautelares exigidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.
Por PRENSA LIBRE.COM Guatemala
En corrillos gubernamentales se comentó que por la situación derivada por la mina Marlin, el presidente Álvaro Colom le solicitó la renuncia a Carlos Meany, ministro de Energía y Minas, con el argumento de que no logró manejar el asunto de manera adecuada. Sin embargo, oficialmente, el mandatario señaló que Meany renunció por problemas de salud.
Dicha mina se encuentra operando en los municipios de Sicapacapa y San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, y en diversas instancias se denunció sobre la contaminación que provoca, lo cual afecta a los pobladores de los municipios mencionados y el medio ambiente.
El Ejecutivo señaló a través de un comunicado, que "suspenderá las actividades mineras aludidas, y atenderá la solicitud de la CIDH para dar cumplimiento a sus compromisos internacionales en el campo de los Derechos Humanos".
También agrega, que de acuerdo como el ordenamiento interno lo permita, se iniciará el proceso administrativo, con el fin de que la medida cautelar cobre vigencia, es decir se suspendan las actividades de explotación y exploración.
En respuesta a otras de las recomendaciones señaladas por el CIDH, el Ejecutivo informó que los análisis realizados por el Ministerio de Salud, de Ambiente y de Energía no evidencian contaminación en el agua que consumen las comunidades cercanas a la mina. Además, no se detectó ninguna enfermedad vinculada con la presunta contaminación producida la Mina Marlin.
MC 260-07 – Comunidades del Pueblo Maya (Sipakepense y Mam) de los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán en el Departamento de San Marcos, Guatemala
El 20 de mayo de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los miembros de 18 comunidades del pueblo indígena maya:Tres Cruces, Escupijá, Pueblo Viejo, La Estancia, Poj, Sipacapa, Pie de la Cuesta, Cancil, Chual, Quecá, Quequesiguán, San Isidro, Canoj, Ágel, San José Ixcaniché, San José Nueva Esperanza, San Antonio de los Altos, y Siete Platos, en Guatemala.
En la solicitud de medida cautelar se alega que en noviembre de 2003, el Ministerio de Energía y Minas habría otorgado una licencia de explotación minera de oro y plata por 25 años a la empresa Montana, dentro de una extensión de 20 kilómetros cuadrados en los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán. El área de impacto ambiental e hidrológico de la concesión abarcaría el territorio de, al menos, 18 comunidades del pueblo maya en ambos municipios. Los solicitantes alegan que la concesión minera, así como el inicio de la explotación, se habría realizado sin consultar en forma previa, plena, libre e informada a las comunidades afectadas del pueblo maya.
La empresa Montana habría comenzado la construcción de la Mina Marlin I en 2003, y la extracción de oro y plata en 2005. Los peticionarios sostienen que la explotación minera ha generado graves consecuencias para la vida, la integridad personal, el medio ambiente y los bienes del pueblo indígena afectado, puesto que el Río Tzalá y sus afluentes son las únicas fuentes de agua para consumo y actividades de subsistencia. Según la solicitud, varios pozos de agua y manantiales se habrían secado, y los metales presentes en el agua como consecuencia de la actividad minera han tenido efectos nocivos sobre la salud de miembros de la comunidad.
La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Guatemala que suspenda la explotación minera del proyecto Marlin I y demás actividades relacionadas con la concesión otorgada a la empresa Goldcorp/Montana Exploradora de Guatemala S.A., e implementar medidas efectivas para prevenir la contaminación ambiental, hasta tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adopte una decisión sobre el fondo de la petición asociada a esta solicitud de medidas cautelares. La CIDH solicitó asimismo al Estado adoptar las medidas necesarias para descontaminar en lo posible las fuentes de agua de las 18 comunidades beneficiarias, y asegurar el acceso por sus miembros a agua apta para el consumo humano; atender los problemas de salud objeto de estas medidas cautelares, en particular, iniciar un programa de asistencia y atención en salubridad para los beneficiarios, a efectos de identificar a aquellas personas que pudieran haber sido afectadas con las consecuencias de la contaminación para que se les provea de la atención médica pertinente; adoptar las demás medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los miembros de las 18 comunidades mayas mencionadas; y planificar e implementar las medidas de protección con la participación de los beneficiarios y/o sus representantes.
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