Banco Mundial describe los problemas mineros de Guatemala

Informe del Banco Mundial describe los problemas mineros de Guatemala No se ha consultado de antemano con la gente indígena de la región sobre el proyecto de $254 millones de dólares.

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Recientes quejas sobre la violencia, la falta de consultaciones con el pueblo indígena, y el impacto medioambiental han impulsado a la Corporación Financiera Internacional (CFI), la división del Banco Mundial que hace préstamos a empresas privadas, a investigar la mina Marlin en Guatemala a través de su oficina independiente del Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman (CAO).

El reporte CAO, que se publicó el 8 de septiembre, dice que la documentación entregada a los líderes de las comunidades indígenas cerca de la mina "no presenta suficiente información que permita un escrutinio o debate público informado" sobre los probables impactos adversos del proyecto, poniendo en duda la propiedad de la consultación con la comunidad de Sipacapa en particular.

"Surgen de este informe preguntas serias sobre cuán diligentemente asesoró la CFI el impacto social de la mina, y si es que hay amplio apoyo de parte de la comunidad para el proyecto," dijo Keith Slack, Consejero Principal de Política de Oxfam América en Washington DC.

La CFI le hizo un préstamo a Glamis Gold Ltd. of Canada por 45 millones de dólares para la explotación de depósitos de oro en San Miguel Ixtahuacán, a 90 millas al noroeste de la Ciudad de Guatemala., en las alturas occidentales de San Marcos. Desde que se aprobó este préstamo en el 2004, Glamis comenzó a preparar el sitio de la mina para llevar a cabo sus operaciones. A principios del 2005 la gente del área protestó el establecimiento de la mina y bloqueó las carreteras para impedir el transporte de equipo, por Solola y por otros puebleríos, camino al sitio. Las fuerzas armadas rompieron las protestas, lo que resultó en 11 heridos y un muerto.

Las comunidades indígenas en las áreas cercanas afectadas por la mina - y en otras áreas exploradas para posiblemente expander la mina - se oponen al proyecto de la mina Marlin con motivo de que no se les consultó debidamente, de acuerdo con la ley nacional y con convenios internacionales. También han expresado sus preocupaciones de que las operaciones mineras dañen sus recursos naturales, y violen sus derechos religiosos y culturales.

Los pueblos indígenas constituyen más del 75 por ciento de la población de 12 millones en Guatemala. Los Maya sostienen que la tierra es sagrada. Ellos ven los proyectos mineros a gran escala, los cuales les están afectando, como algo irrespetuoso a la tierra y a su religión.

La crítica directa contra la CFI, Glamis, y las agencias gubernamentales, que se encuentra en el informe de CAO, pone en duda la probabilidad de que la mina Marlin contribuya significativamente al desarrollo, lo cual es función esencial para fondos que provengan del Banco Mundial.

El informe también provoca preocupaciones sobre si el proyecto cumple o no con la expresada Política de Salvaguardia Ambiental y Social del CFI, la cual requiere que los proyectos sean "de sensatez medioambiental y social y de sostenibilidad," al igual como el Plan de Desarrollo del Proyecto Marlin para la Población Indígena (Marlin Project Indigenous Peoples' Development Plan), el cual incluye "la consultación y participación informada del público"como uno de sus cinco elementos centrales.

Mientras que el informe de CAO dice que Sipacapa, a diez millas del sitio de la mina Marlin, no sufrirá daños serios a sus fuentes de agua, no se debe recurrir a este mismo análisis en torno a todas las otras comunidades que puedan ser afectadas por la mina.

El informe dice también que la CFI y Glamis no han revelado debidamente los impactos del proyecto, ni tampoco otra información que se les requiere para el consentimiento libre, previo, e informado de parte de las comunidades indígenas. Se requiere este nivel de consultación, basándose en el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se conoce como OIT 169, y que Guatemala ratificó en el 1996.

"La CAO no encontró ningún registro del análisis de la capacidad de la compañía ni del gobierno para supervisar o regular el proyecto," dice el informe. "Dada la magnitud y los amplios impactos en el desarrollo asociados con este emprendimiento, y el punto de vista cultural Maya sobre el desarrollo de los recursos naturales, un análisis de las perspectivas costumbristas de los Mayas y de sus normas tradicionales de toma de decisiones en lo relacionado a la minería, mejoraría significativamente el proceso de consulta."

La minería va aumentando en Guatemala

La minería en Guatemala se suma a tan sólo un 0.19 por ciento del PDB (Producto Doméstico Bruto), pero va en aumento el número de minas que se están estableciendo en las regiones al oeste y al noreste del país, donde vive la mayor parte de la población Indígena. Las desgravaciones mineras ahora se extienden por un 10 por ciento del país. Hay más de 550 desgravaciones mineras en Guatemala. Casi el 20 por ciento de éstas son para la extracción, a manera de fosa abierta, de minerales tales como el oro, la plata, el níquel, y el cobre.

La minería se está convirtiendo en la preocupación principal de la población indígena de Guatemala.

Oxfam América no toma posición ni a favor ni en contra de la minería, en general, sino que busca cómo asegurarse de que los proyectos respeten los derechos de los pobres, y de que contribuyan, a la larga, a reducir la pobreza. También creemos que, para proteger y ayudar a sus ciudadanos más pobres, los países deben seguir formas de desarrollo que sean responsables, ambientalmente y políticamente.

Oxfam está monitoreando los proyectos mineros en Guatemala, y hace las siguientes observaciones:

Las minas deben operar solamente con el consentimiento libre, previo, e informado de las poblaciones afectadas.
Las compañías mineras deben respetar todas las normas de derechos humanos reconocidas a nivel internacional, y deben permitir evaluaciones independientes y participatorias, y el monitoreo de su cumplimiento.
Las compañías mineras deben revelar, en su totalidad, toda la información sobre impactos sociales y ambientales, potenciales y reales, de manera oportuna y con propiedad cultural, y deben facilitar el acceso, por parte de las comunidades, a revisos técnicos de esta información, de manera participatoria e independiente.